"A Vicentin, lo que le molesta, es la Justicia", repite Mariano Grassi, al frente del grupo empresario que es el segundo acreedor comercial de la agroexportadora, y que esta semana fue denunciado penalmente por la defaulteada aceitera. En concreto, Vicentin lo denunció por "estafa y extorsión”, en un acusación radicada en la Fiscalía Regional 4 de Reconquista bajo la dirección de Juan Sebastián Marichal,  en la que se sostiene que el cerealista rosarino habrían ejecutado maniobras destinadas a obstruir el acuerdo con los acreedores, con el objetivo de tomar el control de la compañía de manera irregular.

"Las autoridades de Vicentin denuncian estafa procesal, porque la justicia les puso un freno y no les permitió pagar una parte insignificante de la deuda con el botín robado", responde Grassi en un comunicado difundido a la prensa a título personal.

"Denuncian maniobras de los acreedores, cuando fue la auditoría forense la que dejó en evidencia que Vicentin omitió contabilizar los pasivos comerciales, fundamentalmente de soja a fijar, por más de 580 millones de dólares, con la consecuente subvaluación de los costos de producción, es decir aumentando las ganancias. Por eso presentaron el balance un año después de iniciado el concurso. En 2020, la justicia penal congeló todos los activos de Vicentin y de sus accionistas para evitar el vaciamiento de la empresa", sostiene.

"Entre esos activos están las acciones de Renova SA que le quedan a Vicentin (33%), luego de que días antes de declarar su default le vendiera al grupo Viterra 16,7%, encontrándose en investigación por la justicia Penal el destino que se le dio a los fondos de esta venta. Estas medidas incluso fueron recientemente sostenidas unánimemente por 3 jueces penales. El 29 de diciembre de 2023, con 532 páginas, la fiscalía acusa y pide la elevación a juicio a los directivos de Vicentin, a un directivo de KPMG Argentina que auditó sus balances y a los síndicos concursales por encubridores, solicitando las siguientes penas:

Roberto Alejandro Gazze, 49 hechos delictivos y le solicitan la mayor pena, 17 años de prisión, se lo considera uno de los cuatro jefes de la Asociación Ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta en 5 hechos.

Daniel Néstor Buyatti, 49 hechos delictivos. Se lo considera jefe de la Asociación Ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta en 5 hechos, por lo que pidieron para él la condena de 16 años de prisión.

Alberto Julián Macua, 49 hechos delictivos, otro de los que integraron la jefatura de la organización delictiva, por lo que también para él pidieron la condena de 16 años de prisión,

Omar Adolfo Scarel, el cuarto jefe, 44 hechos delictivos, 14 años de prisión,

Martín Sebastián Colombo, 13 años de prisión,

Máximo Javier Padoan, 49 hechos delictivos, con un pedido de 12 años,

Roberto Oscar Vicentin, 49 hechos delictivos, 11 años de prisión,

Máximo Javier Padoan, 49 hechos delictivos, pedido de 10 años de prisión,

Sergio Roberto Vicentin, 49 hechos delictivos, pedido de 10 años,

Pedro Germán Vicentin, 49 hechos delictivos, 10 años de prisión,

Yanina Colomba Boschi, 49 hechos delictivos, 10 años,

Javier Gazze, 9 hechos delictivos, pedido de 8 años,

Miguel Vallazza, 9 hechos delictivos , 8 años de prisión,

Eduardo Harnan, KPMG, acusados de estafa, 7 años de prisión,

Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut, síndicos concursales, acusados de encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, 3 años de prisión".

Según Grassi "Vicentin engaña diciendo que presentamos una “falsa denuncia” contra Renova S.A. porque la fiscalía recabó una gran cantidad de evidencia sobre las 55.600 toneladas de soja de Commodities S.A., que estaban a depósito en Renova SA y que Vicentin denunció como deuda en su concurso. Esto motivó que el 5 de noviembre de 2024, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja acusaran y pidieran la elevación a juicio oral a todos los directivos de Renova y de Vicentin acusándolos de administración fraudulenta en carácter de coautores y en grado consumadoy solicitando las siguientes penas:

Gancberg Sergio Eduardo: 5 años de prisión.

Daniel Néstor Buyatti: 5 años de prisión.

Padoan Máximo Javier: 4 años y 6 meses de prisión.

Mejuto Diego: 4 años de prisión. Pájaro Daniel: 4 años de prisión.

Alberto Julián Macua: 3 años y 6 meses de prisión.

Gazze Roberto Alejandro: 3 años y 6 meses de prisión.

Padoán Cristián Andrés: 3 años y 6 meses de prisión.

Colombo Boschi Martín Sebastián: 3 años y 6 meses de prisión.

Vicentín Sergio Roberto: 3 años y 6 meses de prisión.

Vicentin Pedro Germán: 3 años y 6 meses de prisión.

Vicentín Roberto Oscar: 3 años y 6 meses de prisión.

Colombo Boschi Yanina: 3 años y 6 meses de prisión.

Scarel Omar Adolfo: 3 años y 6 meses de prisión".

Para Grassi, Vicentìn denuncianun plan “ilegítimo” para que el concurso de Vicentin llegue al Cramdown, "porque no les gusta que los “chiquitos” nos plantemos y ejerzamos nuestra defensa como nunca antes se hizo en Argentina".

Y recuerda: "Desde el primer comunicado del fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin dejamos claro que no ahorraríamos esfuerzos para aportar a una solución superadora para todos los acreedores granarios. Pero “el negocio” de Vicentin siempre fue para unos pocos. También lo comunicamos abiertamente, desde que conocimos el fallo de apertura del Cramdown, nos hemos esforzado para interesar a inversores financieros y participantes del comercio mundial de granos, seguros de que la competencia generará una solución más justa. Si Vicentin está convencido de la legalidad de su propuesta abusiva y parcial, que compita en el Cramdown y lo gane. Quizás, solo quizás, el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe (5 votos a 1) del 22 de octubre de 2024, con el que se inició el proceso para evaluar la legalidad de su propuesta los dejó sin otra opción más que sacar a la luz falsas denuncias que tendrían como objetivo amedrentar, usando la Justicia penal, a un acreedor que simplemente lucha por recuperar lo que le robaron".