La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las pruebas producidas en un expediente para litigar sin gastos, por incapacidad económica, son insuficientes para ser eximido del pago del impuesto a las Ganancias basado en la renta mínima presunta.

La decisión fue tomada por tres votos contra dos, ya que la minoría sostuvo que debía ser rechazado el recurso de queja presentado por la Dirección General Impositiva (DGI), en la causa en la que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había dictado sentencia a favor del Fideicomiso Santa Teresa.

Hace casi una década, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había determinado, de oficio, la obligación del fideicomiso de tributar en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta por los períodos 2004, 2005 y 2006, con más sus intereses, incluyendo una multa por supuesta defraudación.

Pero la Sala V de la Cámara evaluó que en el “beneficio de litigar sin gastos”, promovido por el fideicomiso para evitar el pago de la tasa de justicia, “se había producido prueba según la cual no se había configurado la presunción de renta mínima gravada prevista en la ley”, y revocó la determinación de la AFIP.

Ese tribunal ponderó entonces el precedente “Hermitage”, en el que la Corte declaró “la inconstitucionalidad del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta cuando las circunstancias de la causa acreditaban la ausencia” de ese presupuesto legal y revocó el ajuste fiscal.

Ante ese fallo y el rechazo de recurso extraordinario, el fisco nacional acudió “en queja” a la Corte, argumentando que la pericia contable producida en el beneficio de litigar sin gastos “no bastaba para probar la inexistencia de la renta presumida por la ley”, ya que esa prueba sólo apuntó a conocer “a cuanto ascendían los montos recaudados por el administrador fiduciario, cómo fueron aplicados y si hubo algún remanente no aplicado".

La mayoría de la Corte sostuvo que “resulta evidente” que la finalidad de dicha prueba contable era demostrar que se carecía de los medios económicos para afrontar el pago de la tasa de actuación que le ocasionaba el litigio, pero que “de ningún modo intentó probar la ausencia de capacidad contributiva”.

El voto que prevaleció fue firmado por los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que en disidencia el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; y la vice, Elena Highton de Nolasco, afirmaron que el recurso de queja de la DGI debía ser desestimado por no reunir los requisitos que habilitan la intervención del tribunal.