El protocolo que implementó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el uso de armas de fuego de las fuerzas federales generó una denuncia en su contra por presunto "abuso de autoridad" y porque ese reglamento “aplica la pena de muerte sin juicio”.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por parte del ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos del gobierno anterior, Luis Alén.
Los denunciantes pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva "en atención a la gravedad de la situación que plantea" y que "puede ocasionar la muerte de personas", según la denuncia a la que accedió Télam. En Santa Fe ya existe un pedido de rechazo desde la Cámara de Diputados.
Para ello Rozanski y Alén reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich -quien este martes defendió su resolución- y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.
"Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad", sostuvieron los denunciantes en el texto.
La Constitución Nacional "prohíbe la pena de muerte" y además "prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal", señalaron.
"Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad", concluyeron.
La denuncia por presunto "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes de funcionario público" quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.
Más información
