Tras el anuncio del gobierno de impulsar un nuevo marco legal para regular los alquileres de inmuebles, el oficialismo de la Cámara de Diputados arribó este martes a la tarde a un dictamen de mayoría incorporando una serie de cambios respecto de la media sanción del Senado.
Se trata de una iniciativa presentada hace más de dos años en el Congreso por la senadora del Frente para la Victoria (FpV), Silvina García Larraburu, que obtuvo aprobación unánime en la Cámara Alta pero quedó trabada, luego, en la Cámara Baja.
En un ambiente tenso por la presencia simultánea de representantes de organizaciones de inquilinos, de corredores inmobiliarios y de propietarios, la reunión de comisión de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky le dio pista a la iniciativa que llegaría al recinto en noviembre, con tiempo suficiente para que luego sea convertida en ley en el Senado antes de fin de año (por las modificaciones realizadas).
Actualización, tres años, rescisión y comisiones
El Frente para la Victoria firmó el dictamen de mayoría con disidencia parcial: entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler, como estipula el proyecto original.
La iniciativa gubernamental apunta a la extensión de los contratos a tres años -como propone el proyecto del Senado- y que los alquileres se actualicen cada seis meses en base a un promedio de salarios e inflación.
También plantea eliminar las multas que se aplican a los inquilinos que rescinden el contrato en forma anticipada cuando faltan meses para concluir el acuerdo entre el propietario y el inquilino.
Además establece que la comisión a las inmobiliarias sea pagada solo por los dueños del inmueble en alquiler. Eso ya ocurre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Las críticas de las inmobiliarias
Entre las voces que expresaron su posición en torno a la iniciativa, se escuchó al presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, Julio Farah, quien, en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), dijo: “Hay algunos aspectos de la ley que son positivos y otros que resultan altamente negativos para todos y especialmente, para el inquilino”.
“En 2015 se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación que incluye un capítulo referido al tema alquileres y prácticamente incorporó la ley 23.091. Mi sensación es que es demasiado pronto para modificarlo, pero es necesario escuchar todas las voces para llegar a una ley sabia como fue la 23.091 que duró 30 años”, señaló el dirigente.
Y agregó: “Uno de los puntos más críticos que planteamos desde el Colegio, es la intervención directa sobre las garantías (obligar al locador a tomar determinadas garantías), algo que a nuestro entender vulnera el derecho del locador a elegir la forma de garantizar los contratos”.
“El otro de los puntos en cuestión –señaló Farah– es que los corredores inmobiliarios siempre acercaron a las partes y tenían a ambos como clientes; pero la modificación en este punto que establece que se le cobra sólo a una de las partes, lo convierte en mandatario y desfigura una concepción histórica de la profesión. Entendemos que esto es un proceso que busca desprofesionalizar el corretaje”.
“También se conversa sobre si es buena o mala la extensión de tres años del contrato, ya que algunos inquilinos prefieren períodos más cortos, a fin de pagar menos gastos, pero al mismo tiempo hay inquilinos a los que el plazo de tres años les da cierta seguridad, sobre todo cuando se regula en materia de familia”, dijo.
“Otro de los puntos controvertidos –continuó– son los topes del mercado locativo, como si fueran topes hasta donde la ley llega y a partir de ahí, no. Pero para el interior estos topes no existen; abarca todo el conjunto del mercado. En el interior, difícilmente encontremos alquileres de viviendas superiores a los 100 o 120 mil pesos”.
"El problema es que se pretende, con la ley, favorecer a una de las partes: el inquilino. Entonces, si el locador percibe que está en riesgo su situación al recibir un menor importe por su propiedad, y esto dificulta las posibilidades de mantenimiento, va a disminuir la oferta. Con que se reste solamente el 10 por ciento de la oferta del mercado, se producirá una suba considerable en los alquileres. Es decir que la consecuencia fáctica de querer beneficiar al inquilino va a terminar en un encarecimiento de los alquileres en una proporción mucho mayor”, remarcó el dirigente.
Para los inquilinos la ley sería un avance
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular , Nire Roldán, celebró que se haya llegado a esta instancia –el tratamiento de la ley– “después de tener que aceptar durante 30 años, abusos en los contratos de alquileres”.
“Saludamos que los legisladores pongan en agenda la ley de alquileres. La ley cuenta con un consenso mayoritario. Casi todos los bloques de diputados están a favor. Sólo se trabó durante dos años en la comisión de Legislación General, en la circunstancialmente tiene mayoría el oficialismo, un proyecto que había sido votado por unanimidad en el Senado. Por eso, entiendo que hoy hay un consenso importante”, señaló el dirigente.
Roldán admitió que si bien este proyecto no satisface totalmente las demandas de los inquilinos, es un escalón importante, ya que por primera vez en muchísimos años, las organizaciones de inquilinos pueden plasmar un proyecto que toma algunos de los puntos centrales del eje que vienen planteando desde ese sector.
Evaluó que para un inquilino, el cambio de la extensión de dos a tres años es sustancial. “Ajustar el costo de los alquileres en base a un índice basado en el salario de los trabajadores y rever qué debe pagar y qué le corresponde al propietario es un salto de calidad muy importante. Los inquilinos no estamos en contra de los propietarios; estamos hablando de un derecho constitucional. Está bien que quien tenga un inmueble intente tener una renta, pero esa renta no puede ir por encima del derecho constitucional de los inquilinos”, subrayó Roldán.
