Pocas veces como la semana que pasó se puso en escena el crudo enfrentamiento que jaquea la vida institucional de la provincia, donde el retruco es la regla y el golpe a golpe entre funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial teje un laberinto cada vez más complejo.
La Corte Suprema declaró constitucional en fallo dividido por 4 a 2 la ley 13807 donde la Legislatura modifica la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación (13013) y se adjudica para sí la facultad de suspender y remover de sus cargos a fiscales y defensores en reemplazo del tribunal de disciplina plural similar al que la Constitución provincial prevé para los jury de enjuiciamiento de jueces.
Ese fallo tiene una particularidad. Salvo los cuatro jueces que votaron a favor de la Constitucionalidad –Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler– y algunas que otra voz suelta, la apabullante mayoría de jueces, fiscales, defensores y el procurador de la Corte están convencidos de lo contrario. En su momento lo expresaron los colegios de magistrados, la Junta de fiscales, la Asociación de Fiscales, el Servicio Público de la Defensa Penal, entre otras instituciones. Algunos lo hicieron de forma más vehemente, otros de forma más tibia.
Hay varios aspectos de ese fallo que no encajan. Además del contenido que en su momento se encargará de corregir la Corte nacional, no encajan las cuestiones de formas. Los seis votos estaban redactados hace tiempo. De hecho era vox populi el resultado de la votación y quién había votado a favor y quién en contra de la constitucionalidad (Mario Netri y Daniel Erbetta). No suena a casualidad que la misma mayoría de ministros resolviera sacarlo en la misma semana y horas antes de que dos jueces de menor rango decidiesen sobre casos de alto voltaje político.
Esos dos casos comparten la misma raíz que la ley 13807 que la Corte declaró constitucional. Son el intento de la fiscalía por extender una investigación penal al senador Traferri sobre el que tiene que decidir el camarista José Luis Mascali; y el enfrentamiento feroz entre el gobernador Perotti y su ex ministro Sain con la Legislatura, sobre el que una jueza laboral resolvió un amparo. Tres temas que tienen la misma raíz y que llegaron a la Justicia porque la política santafesina está rota e imposibilitada de construir consensos mínimos y estables. No es fácil, pero es necesario solucionarlos.
El juez José Luis Mascali retardó la detonación de la bomba sobre el caso Traferri para esta semana. Su fallo no será definitivo. Hay un conflicto muy profundo ahí entre las constituciones provincial de 1962 y la nacional de 1994. Podría haberlo resuelto la política. Salidas había, pero las desconfianzas, las actitudes corporativas y las inquinas personales y sectoriales no permitieron ni siquiera analizarlas. Ya judicializado, tiene un largo camino por delante que seguramente terminará una vez más en la Corte nacional.
En cambio la jueza Paula Calace Vigo no tuvo necesidad de retardar tiempos, porque la detonación corrió por cuenta del gobernador. Si el gobierno le achaca a la Legislatura que juega al límite de la legalidad con la ley 14016, ahora fue el gobernador el que hizo lo propio.
La ley 14016 votada el año pasado también modificó la 13013 que creó el Ministerio Público de la Acusación. Esta reforma, en lo que aquí concierne, amplió a los directores del MPA el alcance del régimen disciplinario que esta semana la Corte declaró constitucional. Uno de esos directores es el ex ministro Marcelo Sain.
De las dos leyes conocidas como Anti Sain y que el gobernador vetó, la 14016 quedó firme porque la Legislatura rechazó ese veto del gobernador. Perotti parece haberse tomado venganza en los tribunales por lo que no consiguió en la negociación política: le ordenó al fiscal de Estado “allanarse” en la demanda de amparo que solicitó Sain. Es decir Sain litigó contra un poder del Estado; la jueza le corrió traslado al Estado para que conteste y se defienda; pero el gobierno decide darle la razón al demandante y prescindir de la defensa de una norma del Estado.
El Ejecutivo considera que esa ley está hecha para echarlo a Sain, que se lo intenta juzgar dos veces por los mismos hechos, de forma retroactiva y que perjudica al propio Estado porque vulnera los derechos de Sain. La Legislatura retrucó esos argumentos en la sesión del jueves, pero más allá de que puede haber dos o tres bibliotecas sobre el punto, el detonante del nuevo conflicto es que la Fiscalía de Estado desistió de representar los intereses de uno de los poderes del Estado siguiendo las órdenes de otro. El conflicto político no puede ser más claro. Lo que nadie sabe es dónde termina.
Para que el fiscal de Estado actuara como lo hizo requería un decreto que lo instruyera en ese sentido. Perotti vio la oportunidad y lo hizo, jugó su carta. Lo que no escribió fue la orden de ir directo a tribunales sin consultar a la Legislatura, que era la parte demandada. Salvó así a Sain de ser suspendido por una amplia mayoría en ambas cámaras.
¿Por qué lo hizo Perotti? ¿Por qué sigue aferrado a Sain al punto de dinamitar la relación con la Legislatura, que después de un año y medio de conflicto había mostrado signos vitales, con avance en eximición de impuesto y avances para tratar leyes de conectividad y pliegos del Poder Judicial? ¿Perotti va a incinerar al secretario de Gobierno Oscar Urruty como antes lo hizo con Michlig, Borgonovo, Corach y Sukerman? ¿Por qué se arroga el rol de juez decidiendo que Sain tiene razón en un pleito judicial cuando había una jueza a cargo para tomar esa decisión? ¿Es una “devolución de favores” por las leyes que la Legislatura le sacó en tiempo récord sin su consentimiento? ¿O Sain pasó a ser el hombre propio de Perotti dentro del MPA para tener control e influir sobre la investigación penal que pertenece al Poder Judicial?
La gran mayoría de los legisladores tomó el decreto del gobernador como una afrenta y una intromisión del Ejecutivo en su independencia. Se argumentó que Rubén Weder es el abogado del Estado y no del gobernador, y que por lo tanto incumplió sus funciones de dar representación al Legislativo, uno de los poderes del Estado, y que su designación se hace con acuerdo de la Legislatura. También se advirtió que con este antecedente, si al Ejecutivo una ley no le gusta o no logra vetar (ambas cosas ocurrieron en este caso) bastará que un particular se presente a la Justicia y con un simple escrito la Fiscalía de Estado haga cesar su efecto.
La primera reacción de la Legislatura fue empoderar al presidente de la Comisión de Acuerdos para que apele lo resuelto por la jueza Calace Vigo. Esto es motivo también de controversia: jueces consultados por Rosario3 opinaron que la decisión de la jueza va a quedar firme porque la Legislatura no puede litigar por sí misma sino a través de Fiscalía de Estado. Incluso citan antecedentes. Senadores y diputados consultados sostuvieron lo contrario. Y también citaron antecedentes!!
El presidente de la Comisión de Acuerdos Fabián Bastía blanqueó la intención de avanzar con un juicio político al fiscal de Estado. Buena parte del radicalismo lo promueve. El socialismo analiza hasta donde acompaña a su socio, que ahora es medio socio porque tiene una pata en Juntos por el Cambio. Los senadores peronistas no perottistas piden mesura y cautela. La jugada quedó abierta. En la Casa Gris confían que la sangre no llegará al río.
A remarla de nuevo
El panorama institucional es sombrío. Con resonantes casos políticos que escalan pisos en tribunales, los canales de diálogo con la Legislatura rotos y la política convertida en una de esas apasionantes pero crueles peleas de box que se definen en un desaforado y reactivo golpe a golpe, ahora hablar de pliegos de jueces, de conectividad y reforma de seguridad es ciencia ficción. Otra vez todos los puentes dinamitados.
Aparte ocurrió lo que Perotti rogaba que no pasara: que el proceso electoral le devorara la modesta agenda de prioridades que pretendía para el primer semestre del año y en la práctica clausura su segundo año de mandato.
Ya es tarde. Excepto la eximición de impuesto para los sectores damnificados por la pandemia, no salió más nada en la Legislatura. Y para peor de males los éxitos de la gestión vienen repartidos: la buena onda que la campaña de vacunación acumula, el Ministerio de Educación lo detona. Avisar a las seis de la tarde que al día siguiente vuelven las clases es un sinsentido. Además de la falta de consideración con personal de las escuelas y padres, es de una inoperancia ridícula. No sólo que las clases presenciales no volvieron (en escuelas públicas y privadas), sino que desorganizaron las burbujas que jueves y viernes debían seguir con clases virtuales. Por momentos pareciera haber goce de la conducción del Ministerio de Educación en el malestar ajeno.
La semana terminó con un allanamiento en el Ministerio de Seguridad para secuestrar expedientes de licitaciones millonarias que impulsó el ex ministro Sain y antes que eso la renuncia de la secretaria de Deportes de la provincia, Claudia Giaccone. La ex diputada se fue del gobierno cansada de la intervención sobre su área y molesta por haber tenido que pagar el costo de un ruidoso subsidio de 80 millones al club de Rafaela del que Perotti es simpatizante. El portazo fue completo: todo indica que se va al espacio del diputado peronista Oscar Cachi Martínez, un ex Frente Renovador que acaba de sacar su sello partidario del Frente de Todos para inscribir una alianza aparte.
Cierre de listas
Entre el viernes y el domingo próximos opera el cierre de listas locales y 15 días después será el de las categorías nacionales. En el peronismo, lo que se arma a nivel local tendrá su correlato a nivel nacional. Por eso el perottismo arma localidad por localidad donde tiene oportunidad. Su meta está puesta en fortalecer Hacemos Santa Fe para llegar a la negociación nacional (con Cristina y el presidente) y decir «yo armé todo esto, tengo candidatos y jefes comunales en todas estas localidades que van a hacer campaña para mis candidatos, ¿ustedes qué tienen?»
En Rosario las señales que llegan desde el perottismo son de una construcción propia, “pura”, sin el kirchnerismo. Un plenario de La Corriente, espacio que lidera Agustín Rossi, definió ayer llevar de candidata a la reelección a concejala a Norma López. Otros espacios también tienen sus nombres. Es un hora crucial, porque los que llevan años construyendo en escenarios adversos de la ciudad y en los tiempos del macrismo no quieren regalar lo construido y resistido, por más que no les haya alcanzado para gobernar la ciudad. Ni los espacios kirchneristas ni otros que consiguieron instalar candidatos con votos en las últimas elecciones regalarán su capital electoral a un armado político que sólo acumula en la figura del gobernador o de su candidato a senador. Hay ruido de internas.
En cuanto a candidaturas, el perottismo dio de baja la idea de postular a Alejandro Grandinetti a concejal, pero no se quedará sin candidato propio. Hay versiones de que ausculta un personaje de notoriedad pública, quizás de los medios, capaz de empardar la jugada del intendente Javkin con el periodista Ciro Seisas.
En el Frente Progresista lunes y martes serán decisivos. El intendente Javkin blanqueará su estrategia electoral a los aliados: ¿acuerdo y unidad o cada uno con su lista a unas Paso ordenadas? En Juntos por el Cambio no cambiaron muchos las cosas. Se empieza a ordenar la interna en CABA con el corrimiento de Patricia Bullrich, pero en Santa Fe, salvo algunas fugas como la de la concejala Germana Figueroa Casas al espacio que referencian Mario Barletta y Julián Galdeano y la incorporación de la Coalición Cívica al sector de José Corral y Roy López Molina, siguen en pie cuatro espacio internos para competir en internas. Y así en el resto de los frentes.
No merece la pena aventurarse con nombres y alianzas faltando menos de una semana para presentar listas. El tablero político está demasiado atomizado, con demasiados aspirantes que aspiran a más de lo que pueden aspirar. Casi nadie mueve una pieza en 2021 si no es pensando en 2023. Y por el momento la sociedad no tiene ni cinco de ganas de prestar atención a estas cuestiones.