Las sesiones extraordinarias de este jueves en el Senado y en Diputados de Santa Fe pudieron haber sido las últimas del año, en una temporada que resultó de mucha actividad y profundidad, particularmente con algunas reformas. Así, ahora salieron del recinto aprobadas la ley tributaria y la de boleto educativo gratuito.
Las leyes votadas ahora en la Legislatura provincial están más relacionadas con lo estructural que con lo coyuntural. La Cámara de Diputados le otorgó la sanción definitiva, en votación dividida (35 a 9), a la ley impositiva, que impulsaba el Ejecutivo.
Es una ley que estipula los impuestos que pagará la sociedad santafesina el año que viene. En trazos generales, implicará un aumento promedio del impuesto inmobiliario del orden del 22 por ciento, informó en El Tres la periodista Ivana Fux.
Allí, hubo algunas voces en disidencia. La voz cantante fue la del ex ministro de Economía de la gestión Perotti, Walter Agosto, quien objetó que si bien ese porcentaje no parece tanto, él sostiene que está muy por encima de la inflación y de la tasa de crecimiento salarial de los contribuyentes. Según punto de vista, lo que esto va a generar es una caída en la recaudación, cuando la búsqueda es la contraria.
La particularidad de esta ley tributaria ha sido que la provincia también se adhiere al blanqueo de capitales propuesto por el gobierno nacional y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Así también logró sanción la ley de boleto educativo gratuito. Si bien es un beneficio que ya se venía otorgando, que sea ley le otorga una seguridad jurídica mayor, ya que hasta el momento se establecía por decreto.
Seguridad pública
Finalmente, la Legislatura aprobó un proyecto que modifica aspectos de la seguridad pública. En la Cámara baja, el proyecto obtuvo apoyo unánime con 45 votos, mientras que el Senado le dio sanción definitiva a la iniciativa, sin la presencia del bloque del PJ.
Se trata de una decena de leyes relacionadas a la seguridad que contempla cambios como el endurecimiento de las condiciones para la prisión preventiva, la implementación de audiencias online y el destino de los bienes decomisados al delito.