Un clan familiar dedicado a la captación de adolescentes para obligarlos a vender droga en una red de búnkeres y a prostituirse. Esa postal de degradación social fue descripta este viernes por los encargados de una investigación que en 26 allanamientos arrojó el secuestro de cocaína y marihuana para la venta. Hubo 19 civiles detenidos y cinco policías apresados. El foco estuvo en una banda que operaba en un sector postergado de Nuevo Alberdi. Por si esto fuera poco, tres de los uniformados fueron detenidos cuando iban en un patrullero donde fueron halladas dos papeles de cocaína, evidentemente, de consumo personal.
En una conferencia de prensa en la base de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la División Antinarcóticos y de la Fiscalía Federal dieron cuenta de que la pesquisa contra este grupo “no demasiado grande” pero sí organizado era comandado por un recluso llamado Lautaro Giraldi, que está alojado en la cárcel de Coronda por causas de robo y abuso de armas y portación. El encierro, al parecer, lo reconvirtió al rubro narco.
El auxiliar fiscal Franco Benetti explicó que los mandos altos y medios de la organización, es decir, aquellos dedicados a la compra y al acopio de la droga y al manejo del dinero resultaron ser integrantes de las mismas familias, una de ellas la del recluso. No así los vendedores callejeros, adolescentes expuestos a la violencia que eran captados y, en algunos casos, terminaron siendo víctimas de trata sexual y laboral.
En ese sentido, el fiscal federal Claudio Kishimoto dijo que la investigación se originó en abril, con la declaración de dos chicas adolescentes –16 y 17 años– que narraron con lujo de detalles la operatoria de la banda, ya que habían “trabajado” como vendedoras de estupefacientes y, según expusieron, habían sido sometidas sexual y laboralmente, además de obligadas a consumir cocaína para “estar activas” casi todo el día. También hicieron referencia a personal policial corrupto que habría participado de la trata sexual.
“Empezamos la investigación a raíz de los dichos de dos menores víctima de trata. Todo se vio perfectamente corroborado a raíz de la investigación y de los resultados de los allanamientos”, indicaron los investigadores federales desde Lamadrid al 500, en la base de la AIC.
Cómo es usual con este tipo de gavillas barriales, otras organizaciones rivales descubrieron los puestos de venta antes que la Justicia. Las balaceras contra la casa-búnker de pasaje 1338 (hoy lleva el nombre de la poeta Beatriz Vallejos) al 3325 datan, por lo menos, desde mediados de 2020, según registros periodísticos.
Los 26 allanamientos que encabezó la AIC antinarcóticos junto con otras fuerzas, la mayoría en Nuevo Alberdi, arrojaron poco más de 300 gramos de cocaína y casi 4 kilos de marihuana prensada; tres armas, anotaciones, celulares, 2.3 millones de pesos y otros elementos. La celda del cabecilla Giraldi fue allanada y, como era de esperar, encontraron un celular escondido.
Párrafo aparte merece la oscura participación de efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE). En la causa consta, y fue corroborado por el seguimiento del GPS de los patrulleros, que el 23 de abril dos patrulleros estuvieron fuera de su cuadricula asignada y estacionados fuera del búnker de pasaje 1338, sin razón oficial. “La policía corrupta pasaba los domingos y llevaba cincuenta mil pesos”, indicó un declarante reservado.
¿Cobertura policial? “Hay que determinarlo”, indicaron Kishimoto y Benetti. Este viernes, en el móvil de tres de los cinco policías detenidos había dos dosis de cocaína en poder de una agente. “No tenemos hipótesis definitiva”, indicaron los investigadores federales, evitando revelar sus conjeturas.