El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe aprobó el jueves pasado una ordenanza que regula el uso de aplicaciones de viajes como Uber, una actividad que ya funcionaba de hecho en su calles, tal como ocurre desde hace tiempo en Rosario, donde por ahora lo hace pero de forma ilegal. Cuáles son las claves de la normativa sancionada en la capital provincial y qué sucede en la Cuna de la Bandera.
La ordenanza que legaliza Uber en Santa Fe fue posible en primera instancia porque hubo una decisión política para abordar el tema, discutirlo en el Concejo y sentar en la mesa a todos los sectores involucrados. Motivó un debate y conversaciones durante todo el año mediante los que se llegó a una normativa con bastante consenso, aunque hubo actores que no quedaron del todo felices.
Las claves de la ordenanza santafesina
Uno de los primeros requisitos que se incorpora es que aquellos que quieran usar la aplicación de viaje como conductores necesitan tener una licencia de conducir profesional –Clase D1– emitida por la Municipalidad.
Los choferes de Uber no van a poder tomar pasajeros en la vía pública. Solo puede ser contratado el servicio mediante la aplicación.
Se abre un Registro de Choferes con el que el Ejecutivo buscará establecer fuertes controles sobre quienes manejan. Las plataformas digitales deberán presentar mensualmente ante la autoridad de aplicación la nómina de conductores y vehículos registrados en la aplicación que ofrezcan el servicio de traslado.
Se le exige a las aplicaciones constituir un domicilio legal en Santa Fe, y designar un representante, apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la ciudad.
Se deberá informar a las personas que se trasladan, el nombre, apellido y foto del conductor que se asigne al servicio; el modelo, color y número de patente del vehículo asignado, el tiempo estimado de llegada del vehículo al punto de origen elegido por el usuario y precio final del viaje.
Las plataformas deberán contar con el seguro establecido por la Resolución 615/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, o la que en el futuro la reemplace, de una compañía de seguros autorizada para operar en la República Argentina.
Queda prohibida la actividad de traslado, comercial, habitual y oneroso de personas por medio de motos, cualquiera sea el modo de concertación del viaje.
Según la norma, se permite la incorporación de un número equivalente a la mitad de vehículos que existen en el sistema público de transporte. Hoy son unos 800 autos entre taxis y remises, por lo que no podrán ser más de 400 los que funcionen con Uber y otras apps. Ese número podrá ir variando si aumentan
Las plataformas deberán aportar el 1 por ciento de lo recaudado a un "Fondo de Movilidad", que será administrado desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad. El objetivo del Ejecutivo es que, a partir de estos aportes, se pueda avanzar en la reducción de cargas tributarias para taxistas y remiseros.
Este es uno de los aspectos presentados como novedosos por el municipio santafesino. Choferes de taxis y remises consideran que es una competencia desleal porque Uber no paga impuestos, por lo que la decisión fue derogar las cargas impositivas a taxistas y remiseros.
Los tributos que dejarían de pagar los taxis y remises de Santa Fe son: derecho de explotación del servicio de automóviles de alquiler; inspección mecánica de vehículos; derecho a la cesión y cambio de titularidad; derecho a desarrollar actividades en la vía pública.
Desde la ordenanza también se interviene sobre la tarifa y se le permite al chofer de un taxi o un remis que negocie el valor con el pasajero. Se establece una “tarifa máxima” pero a la vez se autoriza a los conductores a “conversar” el costo del viaje con sus clientes, es decir para que lo cobren menos del tope.
“Va a llevar a una buena competencia con las aplicaciones. Pasa a ser una tarifa libre con un máximo, en ese máximo interviene el Ejecutivo”, aclaró Adriana Molina, presidenta del Concejo de Santa Fe.
Respecto al pago del viaje, la ordenanza sancionada por unanimidad por el Concejo establece que los intermediarios del transporte de personas deben mostrar, previamente a la concertación del viaje, el valor del mismo en función de los puntos de origen y destino. Además, acerca de los medios de pago, se dispone que se debe permitir al usuario realizar el pago electrónico y/o en efectivo.
"La discusión no está cerrada, observaremos a partir de ahora cómo opera el sistema e iremos viendo de qué manera podemos mejorarlo. No quisimos cometer el error de otras ciudades, que terminaron generando esquemas muy rígidos, ya que de esa manera terminan apareciendo cuestiones que luego no se aplican, terminan siendo ilegales y no permiten mejorar", remarcó esta semana el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo.
Marco normativo en Rosario
En la ciudad este año se aprobó en el Concejo y luego fue reglamentada por la Municipalidad la ordenanza 10.544 que autoriza la operación de plataformas electrónicas de intermediación para el despacho de viajes de los servicios de transporte, dentro de un plan del Ejecutivo local para adoptar medidas orientadas a "modernizar" el servicio de taxis en la ciudad, como el uso obligatorio de al menos una aplicación, el pago electrónico, la tarifa variable y los viajes compartidos.
Desde el jueves 1 de agosto, las plataformas electrónicas que hoy funcionan en la ciudad tienen un plazo de 90 días para adecuarse a las exigencias establecidas. Una vez cumplido el plazo, todas aquellas aplicaciones que no cuenten con la habilitación municipal estarán imposibilitadas de brindar el servicio y podrían ser sancionadas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza.
Sin embargo, si Uber no funciona legalmente en Rosario es porque no se adecua a la normativa vigente, como lo explicó esta semana el intendente Pablo Javkin. "Obviamente que Uber puede legalizarse sobre la base de utilizar el sistema de servicios con el despacho de viajes y la modalidad que la ciudad tiene", aclaró e incluso adelantó que recibieron consultas de Cabify, otra aplicación muy utilizada.
"Mientras se adapten a la regulación que tiene nuestra ordenanza, las apps podrán ser legalizadas", insistió y señaló: "Habrá que ver si estas plataformas, que no tributan en el país y tienen otros tipos de estrategias ligadas a la legalización, tienen voluntad de hacerlo. Mientras se respete el sistema de taxis, no tenemos una restricción de las aplicaciones".
"Esto resuelve una cosa que yo creo fundamental. No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema de legal. El usuario que utiliza una aplicación ilegal no lo va a hacer porque tenga un beneficio mayor que la aplicación legal", definió el jefe municipal.
Uber en Rosario
Mientras el Concejo y la Municipalidad están a la espera de si Uber se inscribe en el registro de aplicaciones o no, el sistema funciona de hecho en las calles de la ciudad pese a no estar regulado.
A fines de julio pasado, un conductor de esa aplicación reveló en Radio 2 que para esa altura ya trabajaban alrededor de dos mil choferes en Rosario. Y que –incluso– muchos taxistas combinan su actividad con viajes tomados desde la app.
La misma situación reconocieron a principios de año desde el sindicato de Peones de Taxis. “La necesidad tiene cara de hereje. En este momento algunos compañeros, incluso algunos titulares, se han bajado la aplicación y trabajan ahí, pese a que es algo que está penalizado”, sostuvo el titular del gremio, Horacio Yanotti.
Taxistas y remiseros conforman el sector que con más fuerza se viene oponiendo a la regulación de aplicaciones como Uber en Rosario.
En relación a la legalización del servicio en la ciudad, Germán, el chofer en cuestión, señaló que “hay muchos grises con la Municipalidad” y reclamó que los requisitos “deberían ser un poco más abiertos para todos”.
En agosto, ingresó por Mesa de Entrada en el Concejo de Rosario un proyecto para regular el servicio de transporte privado por plataformas como Uber y Cabify.
El proyecto de ordenanza para regular el transporte por plataforma fue presentado por la concejala justicialista Julia Irigoitía. No es el primer proyecto que busca poner fin al asunto de las plataformas ilegales, ya que en 2021 se debatió un proyecto del entonces concejal Roy López Molina, que proponía una plataforma digital de inscripción.
Pero este proyecto nuevo busca incorporar las plataformas de servicio privado de transporte al sistema impositivo y poner ciertas reglas para su habilitación que son similares a los servicios de taxis y remises.
Para aplicar esta regulación, el mecanismo que se plantea es modificar la ordenanza General Impositiva creando una nueva categoría “de servicio de transporte privado de interés público a través de plataformas electrónicas”, en el marco del artículo 1 del decreto 1818/2014.
Esta categoría comprenderá la intermediación entre unidades de transporte privado y usuarios para la prestación de servicios de traslado en vehículos automóviles, utilitarios, camionetas y/o motovehículos.
La actividad privada tendrá una alícuota diferencial del 9% en concepto de Drei, lo que representa tres puntos más que la alícuota asignada al transporte de pasajeros, de carga y encomiendas, que actualmente está en 6%.
De esta manera, las plataformas que prestan este servicio de intermediación deberán declarar un domicilio fiscal en la ciudad y pagar el Drei como cualquier otra actividad comercial, industrial o de servicio.