Cables sueltos: indigencia y adicciones detrás del robo de metales en Rosario

“Están quemando cables”. El humo negro sube y se mezcla con el celeste esparciendo un olor a plástico quemado en el aire. Una huella más persistente la dejará en los paredones del basural, cada día, más oscurecidos. El rastro imborrable y feroz, quedará en los pulmones de los ladrones de metal.

La escena relatada por vecinos y vecinas de diferentes zonas (La Paz y la vía, Teniente Agneta y avenida Godoy, Río de Janeiro y Cerrito, Bulevar Segui y Matienzo, entre tantas otras esquinas) es la foto de uno de los engranajes de la cadena del robo de cables en la ciudad y en la región, un delito que se expande a otros tipos de metales y que, desde 2020 se ha ido fortaleciendo en Rosario y la región.

Las sustracciones de cables, medidores, picaportes, porteros y caños de aire acondicionado son diarias y provocan serios inconvenientes en la prestación de servicios elementales, como el agua, la luz y el gas. En 2022, a modo de ejemplo, Telecom denunció la pérdida de 160 mil kilos de cobre en un lapso de dos años. Entonces, si bien se registran verdaderos “golpes” perpetrados por bandas organizadas, en la mayoría de los casos se trata de robos “hormiga”, efectuados por sobrevivientes de la marginalidad, muchos de ellos adictos a la cocaína fumada.

Un delito fatal

Jirones de piel quemada, el terror en la mirada, las piernas tambaleantes. El 13 de febrero pasado, Ezequiel Curaba se prendió fuego al intentar robar cables eléctricos en la zona oeste y dos días después, murió. Si el video viral que lo mostró inanimado y humeante, subiéndose a la ambulancia, no conmovió a la gente, la voz de su maestra logró humanizarlo. El ladrón, al que muchos juzgaron en las redes sociales, era un joven cartonero de Santa Lucía que en algún momento de su vida miserable había tratado de estudiar. A través de su testimonio se corrió un velo: la situación de extrema precariedad social, necesidad y oportunismo, detrás de un delito que parece imbatible.

Pero no es el único caso. Apenas un mes antes, en Ramón Carrasco al 3900, vecinos de barrio Alvear quedaron espantados cuando amanecieron y divisaron el cuerpo carbonizado de un hombre enganchado en el tendido eléctrico, muerto por una descarga descomunal al buscar hacerse de un pedazo de cable.

Este tipo de delito, además de muertos, pérdidas económicas cuantiosas y desperfectos engorrosos en los servicios, promueve la violencia entre los afectados que no dudan en someter a los ladrones si los agarran in fraganti. Un caso extremo sucedió en 2023, cuando un hombre fue asesinado mientras intentaba retirar parte del cableado en Baigorria al 1500.

Pobres y piperos

Entre el 1 de enero al 23 de febrero de este año se registraron 111 llamados al 911 por denuncias de robos de metal, de los cuales, 82 fueron positivos y dieron lugar a 115 detenciones. Con este dato, Esteban Santantino, al frente de la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información, buscó explicar que se trata de un tipo de crimen con elevado grado de amateurismo. “Tenemos más detenidos que incidencias abiertas, por lo cual, descartamos un esquema de planificación. Claramente, es un delito que responde a una estructura de oportunidades”, señaló en diálogo con Rosario3 y añadió: “No hay lugar ni horario, tampoco demasiada racionalidad, se ve la posibilidad y se roba”.

La calle habla y confirma el análisis profesional. El “choreo” de cables, los “cositos” del gas, los “pendorchos” de los tableros son ejecutados a lo largo y ancho de la ciudad a cualquier hora del día, sobre todo, por personas sumidas en la pobreza, que deambulan y se las rebuscan con changas de todo tipo. Aunque desvalorizados en el ambiente criminal callejero, los ladrones de bronce tienen más “cartel” que quienes se arriesgan a robar metales más baratos en el mercado ilegal.

La mala fama les cae encima, más que nada, porque suelen ser adictos a la “pipa”, la cocaína fumada. “Cuando están manija y no saben de dónde sacar plata, van y cortan cables, después los  queman en cualquier basural o descampado y venden el metal a los chatarreros. Les están pagando 5 mil pesos el kilo”, deslizó un laburante informal de la zona céntrica de Rosario.

Aunque Santantino no confirmó el vínculo entre el crimen con las adicciones, vecinos y vecinas consultados dan cuenta de este lazo. “Hace un par de años que roban picaportes, timbres y cables. Son chicos que están mal de salud, deambulando, tratando de conseguir algo para seguir consumiendo. Lo que está a mano se lo llevan”, manifestó el presidente de la Vecinal Empalme Graneros, Osvaldo Ortolani, quien añadió: “Nos comentan una cosa medio histórica, siempre al lado de la chatarrería, a no más de media cuadra, existe un búnker”.

“Estamos hablando de una crisis que se profundiza. Ahora se mezclan el hambre, la necesidad y la locura del ritmo en que se está viviendo, es un combo. Da lo mismo sacar un portero eléctrico, un timbre o el picaporte que treparse y colgarse de un cable para ver si lo puede robar. Estos chicos que mueren así están jugados”, analizó el dirigente barrial.

El fortalecimiento de este delito obedece a la consolidación de la crisis socio económica en Rosario y en todo el país, bajo las leyes del mercado ilícito imperante. “Está atravesado por una cuestión de necesidad porque no son valores elevados lo que pueden llegar a obtener por la venta o la reducción de lo robado en las chatarrerías”, precisó el funcionario provincial dándole más fuerza a la teoría de que el robo de metal no es estructural ni organizado, ni requiere la participación de muchas personas.

De eso sabe y  mucho María, referente de la asociación civil Floreciendo, justamente, asentado al sur, en el barrio Las Flores.  Para la dirigente, quien organiza raciones de comida diaria para unas 130 personas, la pobreza es extrema al tiempo que cada vez más personas se acercan a pedir comida y se ofrecen para hacer cualquier tipo de tarea que le aporte unos pesos. “La gente está desesperada porque la plata no la alcanza. No está bien que se robe, pero a veces lo ven como la única salida. Están metidos en la droga, le pagan por vender en una esquina y ahora, es algo así como una moda, encontraron esto de salir a  robar cables”, observó.

“Están quemando cables”

El robo de metales está a la vista. No solo se pueden ver –de hecho se han grabado y fotografiado- a los delincuentes en plena acción, sino que deja huellas ineludibles: cables cortados y destrozos varios, pero también las columnas de humo y las paredes quemadas en terrenos baldíos o espacios abiertos en toda la ciudad donde los ladrones prenden fuego el botín para separar el plástico del metal.

“Cuando vos escuchás que dicen que en el campito están quemando cables, es porque ese cable salió de un robo. Se juntan a quemarlo y se pueden ver los focos de fuego y el humo negro. Entonces, ya se sabe que están haciendo eso”, comentó María sobre lo que sucede en ese rincón urbano. En otro extremo de la ciudad, la señal es la misma. “El olor es igual al que desprende una cubierta que se quema, es el plástico que derriten para poder sacar el cobre, el aluminio o lo que sea y poder venderlo”, indicó por su parte Ortolani con relación a la zona noroeste.

“La forma más rudimentaria de eliminar todo lo que no es cobre es la quema del cable”, explicó Santantino, quien aseguró: “Es extremadamente tóxico, la quema emana un humo y un olor muy particular y por supuesto en los barrios, para decirlo de alguna manera, se sabe que cuando está ese olor es que alguien está quemando cable. Por eso, insistimos que lo denuncien al 911”.

Quemados

Aunque desde la Secretaría de Salud municipal descartaron haber atendido pacientes en centros de salud con problemáticas respiratorias vinculadas a la inhalación de humo por quema de cables, el delito conlleva una afectación directa en la salud de las personas que lo cometen.

Los casos extremos son los de personas que se queman al recibir descargas eléctricas voluminosas, que pueden ocasionar la muerte, tal cual le sucedió al joven Ezequiel Curaba. Fue en ese contexto, que la subdirectora del hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Laura Taljame, en diálogo con Radiópolis (Radio 2), determinó que este delito instauró un nuevo tipo de paciente que arriba al centro de salud con quemaduras gravísimas.  

La profesional confió que este tipo de pacientes ha llegado al Heca en el último tiempo, producto del avance del robo de cables. Según explicó, la unidad del quemado del hospital atiende los casos más severos del sur santafesino y en 2023 “ha habido muchísimos pacientes por robos de cables y son reincidentes”.

“Ingresan con quemaduras severas, se les da el alta y a los dos meses vuelven a ingresar por lo mismo, pero con quemaduras peores. Lo vemos con más frecuencia, vienen muchos pacientes con estas quemaduras”, resaltó.

“En 2023 yo trabajé en una unidad y recibimos unos 8 pacientes así cuando antes no existían. Ha habido pacientes que robaban y sin querer se han electrocutado pero no recuerdo casos de estos que están en franco ascenso y van a seguir aumentando”, vaticinó y advirtió: “No usan ninguna protección, van y arrancan los cables”.

La subdirectora del Heca indicó que el contacto directo con la energía eléctrica provoca daños en el sistema nervioso y cardíaco, a la vez que la persona se prende fuego. “Es uno de los peores traumas que puede tener un organismo”, evaluó.

Un delito perseguido, pero que no para

El viernes pasado se desplegaron en la ciudad operativos conjuntos entre el Ministerio Público de la Acusación, el municipio y el gobierno provincial en 6 chatarrerías por reiterados robos de cables, medidores, picaportes, porteros y caños de aire acondicionado en los que hallaron, aproximadamente, una tonelada de cobre, material de Aguas Santafesinas, Litoral Gas, EPE y de cementerios.

A cargo de la investigación delictiva en la ciudad, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, amplió el panorama con relación a este tipo de crimen que se intenta desarmar desde la sustracción particular a fin de desalentarlo, pero sin perder de vista a los compradores que se benefician con el material. Según destacó que “este tipo de robo micro implica unos pocos pesos para el que roba, pero tiene un impacto millonario para las empresas” prestadoras de servicios y por supuesto, sus usuarios.

“Tenemos gran cantidad de cifra negra por la falta de denuncia”, remarcó y agregó otra dificultad para la pesquisa: “Cuando se secuestra material no podemos vincularlo a un robo particular”. Es por esto que desde la Fiscalía “se apunta a las siguientes cadenas de comercialización” en la que cada material tiene su propio circuito.

“Trabajamos mucho con la Municipalidad que es la que está en los barrios y que recibe, por ejemplo, la denuncia de cuando se está quemando algo o sobre los lugares donde se compra y se reduce si tienen o no habilitación”, detalló y continuó en ese sentido: “Cuando nosotros ya tenemos tareas de investigación policial que nos identifican que se compra material que podría ser sustraído, entonces ahí intervenimos con allanamientos coordinados con las distintas empresas- hace dos años que mantienen reuniones- cuyos técnicos pueden identificar ese material como para poder iniciar una causa penal y una investigación un poco un poco más profunda”.

A pesar de la persecución del robo de metales, los casos se multiplican. A raíz de la muerte de Curaba, la diputada provincial Verónica Porcelli Baró Graf elevó un pedido de informe para saber si se está aplicando la ley provincial 14.191 que crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, conocida como la “ley de robo de cables”, presentada por el ex diputado Provincial Oscar “Cachi” Martínez y que en marzo del año pasado fue reglamentada.

En diálogo con Rosario3, Martínez analizó: “Este modelo no es con violencia sobre las personas sino de sobre las cosas, pero que tiene un alto impacto en cuanto al daño que le produce al ciudadano, privándolo de energía, incluso en la ciudad de Rosario  se han producido hasta robos de cables de los propios hospitales, y en algunos se ha repetido insistentemente hasta veinte veces”.

Cuando era legislador, organizó en 2022, dos audiencias en Rosario y Sante Fe que reunieron a los actores involucrados dejando un claro aunque preocupante recuento de la situación. “Se tienen que terminar con esta modalidad delictual amparada por verdaderas mafias y asociaciones ilícitas donde tiene un enorme protagonismo las chacaritas, los desarmaderos y las chatarrerías”, denunció.

“Generalmente se persigue al hurto famélico, a esa persona que va a robar un pedazo de cable por una situación social grave y no se va contra a estructura que comercializa y vende estos materiales no ferrosos, sin autorización municipal que son las que promueven estas actividades delictiva y que la vemos habitualmente con carteles ofreciendo la compra la compra de cobre o cables”, manifestó.

“Entendemos que la mejor solución es replicar un sistema de control muy parecido al que existió con las autopartes, exigiéndole tanto a los fundidores como a los comercializadores inscribirse en un registro y tener libros donde digan a quién le compraron, cuánto le compraron y que efectivamente haya un control de si esos stocks condicen con lo registrado, mandándole un claro mensaje a la chacarita que no se puede seguir sosteniendo esta modalidad delictiva ni ampararse en la compra de buena fe cuando el impacto social que tiene este tipo de modalidad delictiva perjudica a gran parte de la población dejándolo sin alumbrado público, sin energía eléctrica, y sin escuelas”, culminó.