Este martes falleció Ezequiel Curaba, un muchacho de 21 años, tras recibir una descarga eléctrica y prenderse fuego mientras intentaba robar cables en avenida Presidente Perón al 600. Se trata de un delito con riesgo mortal que, en los últimos meses se incrementó provocando serios inconvenientes en la prestación de los servicios, y que conforma un síntoma de la crisis económica y social que atraviesa el país.
Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se refirieron al robo de cables que este martes tuvo una consecuencia fatal: la muerte del joven ladrón por una descarga descomunal. Este tipo de delito provocó en enero pasado 95 detenciones en Rosario. “Provocó en 2023 una pérdida de más de 2 millones de dólares por daños y hurtos, además de que afecta a la calidad del servicio tanto con cortes y con disminución de la potencia de energía”, indicó el vocero institucional, Esteban Rezza, en diálogo con El contestador (Radio 2). “Es el robo que se le hace a todos los usuarios”, observó.
Rezza destacó que se trata de una problemática que excede al territorio provincia. “Son situaciones que se dan en toda la provincia, también en contextos rurales. Es una problemática que excede a la EPE, es una dimensión más amplia del robo y de las vandalizaciones. No solo ocurre en Santa Fe —advirtió—Hay una situación social generalizada en el país que lleva a que cada vez hablemos más de robo y violencia”.
La situación crítica de muchos, los empuja a desafiar riesgos extremos. “La manipulación de cables tiene que hacerse con elementos de seguridad, hablamos de 220 voltios domiciliarios, estos cables de media tensión tienen 13200 voltios. Su contacto provoca mucho calor en el cuerpo, quemaduras muy severas en la epidermis, sumamente importantes, con daños severos y fatales”, alertó.
A modo de solución, “hay una decisión de la Provincia de tratar de incluirlo como asociación ilícita, que los desarmaderos sean considerados. Entonces, si alguien recibe un material de dudosa procedencia sepa que las penas pueden ser muy altas”.
