Las principales entidades empresarias vinculadas al mercado de granos expresaran esta semana públicamente su preocupación por la marcha de la convocatoria de acreedores de Vicentin y pedirán a la Justicia acciones concretas para que se respeten los derechos de los acreedores comerciales.
En ese marco, para los acreedores aparece como una alternativa sacar la convocatoria de los tribunales de Reconquista y llevarla a los de Rosario ya que la mayoría de los acreedores son de la zona y porque la administración local de Justicia tiene más recursos para hacer frente a la más grande convocatoria de acreedores en la historia de Santa Fe, sobre todo porque se vienen instancias clave en el proceso como la definición de los créditos verificados.
En los últimos días importantes acreedores comerciales de Vicentin estuvieron recorriendo el espinel de las entidades cerealistas en busca del respaldo institucional al reclamo. Y fue así que se reunieron con directivos de la Bolsa de Comercio, del Centro de Corredores, de la Sociedad Gremial de Acopiadores y también de Confederaciones Rurales de Santa Fe (Carsfé), quienes ante la consulta de Rosario3 expresaron su respaldo a reclamo.
“La postura del Centro de Corredores fue siempre la de defender los derechos de los acreedores comerciales. Tanto de lo más grandes y como de los más chicos. Desde el primero momento hicimos todo tipo de gestiones buscando que se respeten los derechos de los acreedores”, dijo el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Miguel Simioni. “Estamos viendo con preocupación que la Justicia avanza lento y que se viene la definición de temas centrales, por lo que nuestra comisión directiva definió por unanimidad que vamos a acompañar el pedido de los acreedores para que haya cambios y así se lo vamos a manifestar a las máximas autoridades judiciales”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Gremial de Acopiadores, Javier Gastaudo, también ratificó que comparten el reclamo de los acreedores. “Siempre nos pareció que lo lógico hubiese sido que el concurso se haga en Rosario porque el grueso de la actividad comercial de la empresa estuvo en el mercado de granos de la Bolsa de Rosario. Pero además porque es un proceso muy complejo que demanda más estructura de la que hay en el norte”, señaló. Si bien contó que todavía no definieron cómo se expresarán, resaltó que la principal preocupación de su sector es “que no se sigan dilatando las decisiones, que eso es lo peor para el acreedor, y que es lo que vemos que está ocurriendo”. Según su lectura, “la Bolsa de Comercio de Rosario, por su importancia, debería liderar el reclamo con un mensaje claro”.
En tanto, los productores rurales tomaron un camino propio. “Carsfé analizó el tema con la Sociedad Rural de Reconquista y definió pedir que el proceso concursal se lleve con la mayor celeridad, eficiencia y transparencia, pero sin hacer un pedido de cambio de fuero entendiendo que no es un tema de nuestra competencia, sobre todo habiendo fallos de Cámara que apoyaron al juez”, contó Gustavo Sutter Schneider, referente regional de Carsfé.
Por el lado de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la entidad madre del mercado, el proceso de toma de decisiones fue difícil y problemático. Es que consensuar una postura en temas delicados siempre es más complejo porque se trata de una entidad multisectorial. Pero en este caso se suma además que los actuales directores cargan con la mochila de haber acompañó a Alberto Padoán (uno de los accionistas emblemáticos de Vicentin) durante los cuatro años que fue presidente de la Bolsa. En parte por esos dos factores, pero sobre todo, por las dudas institucionales que generaba en la conducción adoptar una posición crítica hacia el Poder Judicial, la Bolsa en principio analizó el tema con mucha reserva y extremada cautela. Para colmo se les presentó una situación inesperada. El abogado apoderado de la Bolsa, Miguel Araya, solicitó que no se lo consulte por el tema Vicentin ya que uno de los socios de su estudio – el prestigioso penalista Jorge Illharrescondo- comenzó a asesorar a Vicentin en sus causas penales. Pero la situación interna se tensó tanto que Araya terminó directamente dando un paso al costado de la Bolsa dejando de representarla.
No obstante, en las últimas horas la cautela inicial fue quedando a un costado y según anticiparon anoche a Rosario3, este lunes la Bolsa de Comercio emitirá un pronunciamiento público que, aseguran, será contundente en defensa de los derechos de los acreedores de Vicentin. Y así lo hizo a media mañana cuando emitió un comunicado en el que "reitera su profunda preocupación sobre la situación de Vicentín, la que se ha visto agravada por las derivaciones que han tomado estado público recientemente".
"La firma Vicentín se presentó en concurso de acreedores hace más de siete meses y desde el inicio de la debacle en diciembre se generaron expectativas por eventuales capitalizaciones, negociaciones con terceros y diversas acciones esperanzadas de privados, que finalmente no prosperaron. Frustradas las mismas hoy solo se mantiene un derrotero judicial en el marco de la ley de Concursos y Quiebras, con sus tiempos y trámites, los que no han estado ajenos a diversas críticas formuladas y demoras excesivas en la presentación de los estados contables", señala la Bolsa.
La entidad bursátil cuenta que "tomó conocimiento hace pocos días atrás de los balances presentados por la concursada y, frente a ello, no puede dejar de destacar el súbito desequilibrio entre valores y ratios de los balances de ejercicios anteriores impactando en el activo y pasivo de la empresa". Ante esta situación, la Bolsa hizo dos reflexiones
1) "Creemos que el desarrollo del trámite concursal, en resguardo de la masa de acreedores, debe procurar disminuir en todo lo posible el durísimo impacto que la situación cambiaria e inflacionaria causa en las acreencias en trámite de verificación, y favorecer a su vez las medidas que impulsen el rápido restablecimiento de las operaciones de la empresa, las que será imprescindible que estén en manos responsables y con las habilidades y conocimientos necesarios".
2) "Es también de suma importancia que se arbitren los medios necesarios para el pronto esclarecimiento de las denuncias efectuadas, la consistencia y veracidad de la información de los estados contables presentados, la determinación de la antigüedad y el volumen de los pasivos por compras de mercadería en condiciones a fijar precios y su exposición en los balances; a tal fin, nos ponemos a disposición de la autoridades competentes a los fines de brindar todo el conocimiento e información relativa al funcionamiento del mercados de granos que pudieran servir para dilucidar los hechos que eventualmente se investiguen, persiguiendo el fin último de defender los valores que desde siempre han primado en el mercado de granos".
Lo cierto es que el posicionamiento institucional de las entidades del mercado busca ser un llamado de atención a la Corte Suprema y al juez Lorenzini, y está en línea con el que hicieron la semana pasada los Senadores provinciales, que también reclamaron la mudanza de juzgado, advirtiendo las debilidades del proceso.
Ahora bien: ¿Por qué los acreedores activaron ahora y no antes estas gestiones? El disparador fue el contenido del balance 2019 presentado por Vicentin, que fue muy cuestionado por los acreedores. Balance que en los últimos días activó denuncias penales contra la empresa por parte de los bancos internacionales y del Banco Nación y que esta semana sumará otro peso pesado comercial como querellante. El cuestionamiento de los números de los estados contables reflotó las críticas contra el juez Fabián Lorenzini, quien en febrero habilitó el concurso sin la presentación del balance y recién lo terminó exigiendo tras la presión del gobierno provincial.
Y a caballo de esa crítica se suman los argumentos de la presiones que podría estar recibiendo Lorenzini habida cuenta de la gravitación económica de Vicentin en el norte, la falta de estructura de la administración de Justicia en Reconquista (con un juez que se tomó licencia por un pico de estrés) y, sobre todo, que el grueso de la actividad comercial y los acreedores están en el sur provincial.
Pero además hay otro apuro. El 11 de noviembre los síndicos terminarán la verificación de créditos, un proceso que cuenta con más de 1.200 impugnaciones y observaciones. Y la versión que circula genera escozor en el agro. Todo indica que, pese a ser un negocio dolarizado, las acreencias comerciales se pesificarían. No así las de los bancos, que quedaran dolarizadas. Y si eso ocurre, muchas empresas cerealistas –con una campaña que se viene difícil en producción y clima- pueden quedar muy complicadas.
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