Tiempo no sobra y Unidos, la coalición que es oficialismo en Santa Fe, tiene la decisión tomada, aun con diferencias internas: antes de que termine 2024 intentará tener aprobada una ley de necesidad de reforma de la Constitución de la provincia para que el año que viene se lleve adelante la elección de convencionales y la escritura de una nueva Carta Magna.
Para eso, apuesta a consensuar entre dos proyectos que están en elaboración, uno del socialismo y otro del radicalismo, e iniciar luego una negociación con el peronismo para que, los más optimistas estiman que en octubre, la Legislatura comience el tratamiento de la norma que sería el puntapié inicial de todo el proceso constituyente. El período de sesiones ordinarias se puede extender hasta el 30 de noviembre, una de las cuestiones que se pretende modificar.
La actual Constitución de Santa Fe es de 1962, es decir que tiene más de 60 años. La provincia es una de las pocas que no modificó su Carta Magna, algo que la mayoría de los distritos hizo luego de la reforma de la Constitucional nacional de 1994, justamente para adaptar su cuerpo normativo a ese texto surgido del Pacto de Olivos que firmaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín.
Entre las cuestiones que en Santa Fe quedaron pendientes por la falta de actualización de su Carta Magna –pero también de voluntad política de resolverlo aunque fuera parcialmente por ley– está la autonomía municipal, un reclamo que desde entonces levanta la ciudad de Rosario. También la posibilidad de que el gobernador sea reelecto.
Justamente el debate en torno al tema reelección del gobernador fue uno de los factores que trabó intentos reformistas impulsados por quienes ejercieron ese cargo desde el 94 hasta acá. Pero no fue lo único: esos mandatarios no tuvieron mayorías parlamentarias para habilitar el proceso. Carlos Reutemann, que sí las tuvo, chocó con otro problema: la crisis de 2001, que en Santa Fe incluyó nueve muertes en el marco de la represión que él había ordenado.
Viento a favor
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió no ser él quien instale la discusión: cada vez que se lo consulta dice que es un asunto de los legisladores de Unidos, que él está concentrado en gestonar. Y en la coalición oficialista hay una convicción: “Nunca hubo una situación tan propicia. Sacamos un millón de votos y el poder está consolidado por la marcha del gobierno. Controlamos las dos cámaras, tenemos buen diálogo con la oposición y gobernamos cinco de las seis ciudades grandes de la provincia (Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Venado Tuerto)”.
Para la sanción de la ley de necesidad de la reforma constitucional se necesita el voto de los dos tercios de integrantes de cada cámara legislativa. El oficialismo tiene eso garantizado en el Senado, pues cuenta con 13 de los 19 representantes departamentales, y está a apenas cinco bancas en Diputados.
No hay sector que no se declare reformista: todo el arco político coincide en la necesidad de actualizar la Carta Magna
Pero además, no hay sector que no se declare reformista: desde peronistas a libertarios, prácticamente todo ese arco político santafesino coincide en la necesidad de actualizar la Carta Magna y que esta es la oportunidad propicia.
Acaso por eso, el foco de quienes hoy trabajan en el tema no solo está en la ley de necesidad de la reforma sino también un paso más adelante: en el eventual nuevo texto constitucional y en la discusión que se abrirá en torno a si se habilita la reelección del actual gobernador o si eso queda recién para quien lo suceda.
Tanto el socialismo como el radicalismo armaron, por separado, comisiones que tienen a su cargo la elaboración de sendos proyectos. La idea es tenerlos listos a fin de este mes para, en las dos semanas siguientes, integrarlos en uno solo. Comenzaría entonces un proceso de negociación con el PJ y el resto de la oposición con representación parlamentaria, con la idea de llegar a un consenso lo más amplio posible.
“Nadie puede entrar a un proceso de reforma sin saber cómo va a salir. Lo más importante, y lo que requiere de un consenso político y social amplio, es el texto final”, explicó una fuente de Unidos consultada por Rosario3.
Coincidencias y no tanto
Para los puntos de la reforma que hacen al funcionamiento de lo que el derecho constitucional nombra como “sala de máquinas” –las instituciones y normas que hacen al funcionamiento de los tres poderes del Estado–, la mayoría de los integrantes de Unidos se inclina por adoptar una estrategia parecida a la que se usó en 1994 para reescribir parte de la Constitución nacional: llegar a la Convención Constituyente con un núcleo de coincidencias básicas que solo pueda ser aceptado o rechazado en su totalidad.
Arribar a ese acuerdo no es soplar y hacer botellas. Incluiría temas en los que hay consenso, como terminar con el actual sistema de representación que otorga a quien gana la elección en el rubro Diputados una mayoría automática de 28 bancas sobre 50. Pero también otros más en disputa: cómo se equilibra el poder que le da a un Ejecutivo la posibilidad de una reelección, si se crea una figura de jefe de Gabinete con acuerdo legislativo, si se sostiene la actual estructura legislativa, cómo se mejoran los mecanismos de control sobre las actuaciones del Estado, si se limitan o no las reelecciones de los diputados y senadores, si se eliminan las elecciones intermedias, cómo se integra y cómo se eligen los miembros del Poder Judicial, el alcance de las autonomías municipales, son algunos de los que están en danza. Y, claro, acaso el más espinoso de todos: si se le debe dar o no al actual gobernador la posibilidad de ser reelecto.
Sobre este último punto el radicalismo ya se expresó, días atrás, a través del secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, que es quien preside la comisión partidaria que trabaja en los proyectos de reforma. “Puesta la nueva Constitución arriba de la mesa, es la Constitución con la que el gobernador en ejercicio va a terminar su mandato. No puede negarse la posibilidad. Soy partidario de habilitar la reelección”.
Pero, claro, hay otras opiniones. La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti, que ya presentó su propio proyecto de ley de necesidad de la reforma, planteó expresamente su negativa, lo mismo que el sector de Amalia Granata, con el argumento de que el gobernador Pullaro juró sobre una Constitución que no permite la reelección.
También desde la oposición, el perottismo aborda la cuestión desde otro lugar: plantea la necesidad de poner el foco en avanzar hacia “un buen diseño institucional” y en virtud de lo que se negocie en pos de ese objetivo no se cierra a la posibilidad de permitir la reelección del actual gobernador. Pero, justamente, prefiere que la discusión sobre ese tema, seguro polémico, se postergue hasta que haya otros consensos que considera prioritarios.
El legado
Desde el socialismo, que ya vio cómo el temor a que Miguel Lifschitz repitiera mandato trabó su propio proyecto reformista, expresan una posición abierta: “Santa Fe tiene la posibilidad de ponerse a la vanguardia institucional de la Argentina. Es lógico que se piense en la reelección de Pullaro, porque está demostrando capacidad y vocación para gobernar. Pero él también debe pensar en su legado”.
¿Cuál sería ese "legado"? Santa Fe, coinciden socialistas y perottistas, está ante la oportunidad de tener una Constitución “de avanzada”, que sea una plataforma que permita incorporar mecanismos de participación democrática de la ciudadanía más allá del voto, que sume los llamados derechos de cuarta generación (ambientales, digitales, bioéticos, etc), y que a la vez mejore y haga más transparente el funcionamiento de las instituciones del Estado.
“No digo que podemos ser la Suiza argentina, pero sí Uruguay”
“No digo que podemos ser la Suiza argentina, pero sí Uruguay”, sostuvo un legislador socialista que tiene activa participación en los debates sobre el tema.
No es casual el ejemplo elegido. La comisión de "notables" del PS, explicó la fuente consultada por Rosario3, trabaja su texto constitucional con un espíritu base: que sea una plataforma de descentralización. Una transferencia de poder a la ciudadanía a través de distintos instrumentos. Por caso, Uruguay tiene toda una tradición en materia plebiscitaria.
Además de la consulta popular, la idea del socialismo –que es el sector que parece tener más saldado su debate interno y por lo tanto más adelantdo su proyecto de reforma– es incorporar la revocatoria de mandatos y la “incidencia en políticas públicas”, temas sobre los que, por caso, también se manifestaron a favor las fuentes del PJ, Ciudad Futura y de La Libertad Avanza.
La revocatoria de mandatos existe en la Ciudad de Buenos Aires, donde ciudadanos pueden pedir que se realice una consulta popular para que funcionarios electos cesen en sus funciones. Para habilitar el referéndum se exige un número de firmas equivalentes al 20 por ciento del padrón electoral, una cifra que en números absolutos es enorme: más de 500 mil. El mismo porcentaje es el requisito en La Rioja, que reformó su Constitución este año. En ambos casos, una vez hecho el llamado a la consulta ciudadana, se necesita que más del 50 por ciento del padrón (no de los votos) se pronuncie por el cese del mandato para que el mismo se produzca.
En cuanto a la “incidencia en políticas públicas”, se plantea en dos planos. Que haya mecanismos de consulta obligatoria y vinculante a la sociedad civil para que la comunidad participe a nivel provincial y local en la planificación y ejecución de los presupuestos del Estado en ámbitos como la educación, la salud y la educación, así como también en la evaluación del funcionamiento de la Justicia, entre otros. Y a nivel institucional, la consolidación de los consejos económicos sociales y todo lo que tiene que ver con la participación organizada de instituciones en diálogo con el Estado.
El concepto es que el Estado más la sociedad construyen la gobernanza de lo público”
“El concepto es que el Estado más la sociedad construyen la gobernanza de lo público”, sostienen desde el PS.
Lo que viene
“El 30 de septiembre, después de unificar nuestros proyectos y negociar con los otros sectores, deberíamos tener claridad sobre si hay agua en la pileta para en los siguientes dos meses cocinar la ley de necesidad de la reforma, que convocaría a la Convención Constituyente para el año que viene”, dicen desde Unidos.
Los partidos de la oposición entienden que por la posibilidad de imponer sus mayorías es el oficialismo el que marca la agenda. Pero si bien van más lento, empiezan a tener algunas cosas en claro para llegar a esas tratativas con proyectos propios o al menos con lineamientos básicos. En cuanto a la “sala de máquinas”, todo indica que se sostendrá la bicamerialidad, se terminará con el sistema de mayoría automática en Diputados, se le dará rango constitucional al Tribunal de Cuentas y al Consejo de la Magistratura, se pondrá sobre la mesa la discusión de la coparticipación y el voto optativo a los 16 años, entre otros puntos.
En el tratamiento de la ley de necesidad de la reforma habrá otras discusiones fundamentales. Una de ellas es cuántos serán los convencionales y cómo y cuándo se elegirán. Una hipótesis actual es replicar la representación legislativa: que sean 69, 50 elegidos por distrito único (como los diputados, pero por sistema D’Hont) y 19 como representantes departamentales, en coincidencia con los comicios provinciales del año que viene, en los que se renueva la mitad de los Concejos municipales. La fecha sería junio y la idea es que no se incluya el rubro convencionales en las Paso, sino que los propios partidos o frentes resuelvan cómo se conforman las listas con sus propios mecanismos internos.
Otra cuestión clave es si se acuerda o no un núcleo de coincidencias básicas, algo que agilizaría el funcionamiento de la Convención Constituyente. Y, por supuesto, si se resuelve ya en esta instancia si se habilita o no la reelección del actual gobernador o se deja ese tema para los convencionales.
“Lo importante es que se entienda es que una reforma constitucional, por el peso y la perdurabilidad de lo que se resuelve, tiene que plasmar de alguna forma un consenso muy amplio. Y cuando pasa eso ningún sector político se va del todo contento, porque negociar implica ceder, aceptar que uno no se puede llevar todo lo que quiere”, remarcan desde el perottismo.
Temores y oportunidad
“Es muy importante que quede en claro que esto no es una reforma política para la política”, lanzaron desde el socialismo.
Un dirigente del PJ no perottista consultado por Rosario3 fue un poco más allá: “Preocupa hacer un proceso de reforma en el marco de esta nueva cultura política”. En ese sentido defendió aspectos de la Carta Magna del 62, como el hecho de que le dé rango constitucional a los derechos de los trabajadores. Eso, entiende, puede quedar en riesgo si el resultado electoral le da una capacidad de influencia fuerte a los libertarios. “El peronismo está demasiado debilitado para frenar eso”, asumió.
Pero las fuentes de La Libertad Avanza de Santa Fe se mostraron prudentes: confirmaron su voluntad reformista y solo expresaron que no hace falta incluir en una eventual nueva Constitución de Santa Fe derechos que ya están consagrados en la Constitución Nacional.
Es una gran oportunidad para discutir y mejorar la relación entre la ciudadanía y la política
Más en línea con el socialismo, la dirigencia de Ciudad Futura también manifestó su voluntad de participar del proceso pero con una advertencia: “Esta es una gran oportunidad para discutir y mejorar la relación entre la ciudadanía y la política porque, al fin de cuentas, puede ser un gran acuerdo entre todos sobre cómo vivimos en sociedad. Por eso es importante que no sea un proceso de casta, en el que sin mucho debate se arreglen las cosas entre los partidos y de cara a la gente”.
¿Será esta vez?
