Primer bimestre de Milei: ley ómnibus caída, ajuste, polémico DNU, promesa de plebiscito e ira en las redes

En el inicio de un año atípico, con el Congreso de la Nación funcionando a pleno para tratar la denominada “Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (Ley Ómnibus) ahora caída, y la feria judicial habilitada para dar lugar a diversas medidas cautelares que pusieron freno a algunos temas del cuestionado DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei, la sensación del tiempo transcurrido es mayor que la que marca el calendario.

¿Dónde estamos parados?, se pregunta la gente a uno y otro lado de la grieta que se profundiza con cada medida anunciada, con cada conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni y con las constantes publicaciones del mandatario nacional en su red social X, desde donde descalifica, agravia, despide a funcionarios y advierte acerca de una mayor profundización del ajuste a la población.

En diálogo con Rosario3, el analista político Carlos Fara, evaluó el impacto de la caída de la Ley Ómnibus, la inviabilidad de un plebiscito para un texto que incluye tantas leyes en su solo paquete y la imagen de “un presidente que aparece como más interesado en confrontar que en gobernar”.

Barajar y dar de vuelta

 

Fara observa que “ante la situación de crisis, el Gobierno, le había puesto mucho énfasis a la ley, al menos en lo discursivo, y se quedó sin nada de la noche a la mañana. Además, el Gobierno viene con un frente judicial complicado por el DNU, la otra gran iniciativa desde que asumió, con lo cual no tiene mucho instrumento para las reformas que pretende hacer. Esto da una imagen de impotencia, porque más allá de los pases de factura, a dos meses de asumido, no ha podido cumplir sus objetivos. En ese escenario –sugiere– debería barajar y dar de vuelta”

Según afirmaron diputados (incluso los dialoguistas que estaban dispuestos a darle el visto bueno a la ley, en el Congreso), el mismo Gobierno que acusa de traición a los legisladores que no acompañaron con su voto la iniciativa oficial, había incluido, de manera solapada, en el voluminoso paquete de derogaciones que implicaba la Ley Ómnibus, un artículo referido al DNU, lo cual fue señalado por los legisladores como un mecanismo bastante poco claro, en medio del apuro con el que se pretendía aprobar la ley.

El espacio más votado por la gente en octubre para el Congreso, fue Unión por la Patria. Esta es la resultante más allá de la buena o mala voluntad de los actores.

“Cuando se incluyen más de trescientos artículos en una sola ley puede pasar de todo. Cada artículo puede tocar cuestiones muy sensibles como facultades delegadas, privatizaciones, modificaciones en estructuras del Estado, disolución de organismos históricos, entre otras. Son muchas las cosas que quería transformar el Presidente (está en su legítimo derecho), pero la realidad política en el Congreso, es la que votó la gente en octubre. El espacio más votado por la gente en octubre para el Congreso, fue Unión por la Patria. Esta es la resultante más allá de la buena o mala voluntad de los actores”.

En relación con la posibilidad de llamar a un plebiscito, con que se especuló desde las horas posteriores a la caída de la Ley en Diputados, Fara explicó que “no se puede llamar a una consulta popular sobre una ley que tiene más de trescientos artículos referidos a temas tan variados y complejos, sobre los cuales se pretenden aplicar cambios tan rotundos”.

“Además –agregó– un plebiscito no se improvisa, insume un tiempo de organización, conlleva una importante erogación de dinero porque equivale a una jornada electoral y al incluir tantos artículos y tantos temas que la gente no puede conocer en profundidad, la población terminaría tironeada por algunos grandes títulos nada más.

Lo más razonable sería decir: «Quiero 600 artículos; el Congreso está dispuesto a darme 200; los tomo y sigo discutiendo.

“Es decir, todo podría quedar reducido a un debate entre si se privatizan o no empresas del Estado –tema frente al cual la mayoría de la población, al menos en las encuestas, se manifestó en contra el año pasado–, o podría dirimirse según un estado de ánimo particular. Debería haber suficiente información y debate previo para que la opinión pública sepa de qué se trata lo que se somete a consulta.

También habría que considerar que el Gobierno podría perder el plebiscito –porque una consulta de estas características, sobre temas tan complejos sería una Caja de Pandora– y en ese caso, significaría una derrota política fenomenal absolutamente innecesaria, cuando lo más razonable sería decir: «Quiero 600 artículos; el Congreso está dispuesto a darme 200; los tomo y sigo discutiendo”.

Como ejemplo, Fara menciona el Brexit (referéndum que se celebró el 23 de junio de 2016 en el Reino Unido y en Gibraltar, sobre la pertenencia de esos territorios a la Unión Europea. En la consulta, una mayoría de votantes decidió que el Reino Unido debía retirarse de la UE.). “Ahora parece que la mayoría está arrepentida de haber votado que sí, pero cuando votaron lo hicieron fruto de un estado de ánimo contrario al establishment político y determinaron (al ser vinculante en ese caso) la salida del Reino Unido de Europa.

Confiado en el porcentaje de votos cosechados en el balotaje, que consiguió tras aliarse con otras fuerzas políticas de derecha, y sin considerar las últimas encuestas que registran una fuerte caída de su imagen positiva, a causa de los ajustes y la incesante inflación, el oficialismo no descartó la posibilidad del plebiscito.

Así lo confirmó el vocero Manuel Adorni, quien tras el fracaso en Diputados volvió a echarle la culpa de todo a los gobernadores y dijo que el Presidente “tiene la decisión tomada” de avanzar con las medidas incluidas en el proyecto caído, y que “lo va a hacer con las herramientas que la Constitución le permite”.

Milei y el plebiscito

 

En consonancia con la metodología aplicada por su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien llamó “a los que tengan hambre” a concurrir al ministerio a su cargo, “de a uno con su DNI a pedir ayuda alimentaria”, el mandatario nacional ya venía advirtiendo, incluso desde la época de la campaña electoral, que estaba dispuesto a usar la herramienta del plebiscito que contempla la Carta Magna, en caso de que sus iniciativas no tuvieran consenso político.

Lo dijo cuando se refirió a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también lo afirmó como presidente, cuando publicó el polémico DNU 70/2023 y lo reiteró por medio de sus voceros cuando envió al Congreso la Ley Ómnibus diseñada, entre otros, por Federico Sturzenegger.

El plebiscito, según la Constitución

 

En su artículo 40, la Carta Magna establece la consulta popular como una herramienta a la que pueden apelar los poderes Legislativo y Ejecutivo para el caso de un proyecto de ley.

Las consultas pueden ser vinculantes y no vinculantes. Para el caso de la primera, la convocatoria deberá ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. Y una vez plebiscitado el proyecto en las urnas, en caso de ser aceptado se “convertirá en ley y su promulgación será automática”; es decir que “no podrá ser vetada”.

También prevé como competencias del Congreso o el Presidente la consulta popular “no vinculante”. En caso de que Milei quiera activar un plebiscito, esta sería la única modalidad con la que podría hacerlo. “En este caso –aclara la Constitución– el voto no será obligatorio.”

En caso de que el proyecto fuera apoyado por los votantes, no se convertiría automáticamente en ley, ni el Gobierno estaría obligado a acatar la voluntad de la mayoría. Es decir que en caso de que fuera rechazado, el Gobierno tampoco está obligado a desistir del tema.

Qué temas no pueden ser plebiscitados

 

Uno de los primeros problemas con el que chocaría el Gobierno, en caso de impulsar una consulta popular es que no todos los temas que están incluidos en la ley ómnibus podrían ser plebiscitados.

Si bien el texto constitucional no lo aclara, constitucionalistas de renombre interpretaron que, por relación de leyes vigentes y otros artículos de la Carta Magna, hay asuntos que no pueden someterse al plebiscito. Por ejemplo, las reformas penales, las cuestiones impositivas y del Presupuesto, los tratados internacionales y la reforma de la propia Constitución Nacional.

Semana tuitera

 

Luego de la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso, Milei intensificó la cantidad de publicaciones propias en la red social X y también retuiteó publicaciones de militantes de su partido LLA y dio “me gusta” a posteos que pedían renuncia de funcionarios y pase de factura a legisladores y gobernadores que no acompañaron en la votación en particular.

A través de la misma red, el mandatario difundió un mensaje mesiánico escrito en hebrero y se hizo eco de una publicación de Nik en la que el dibujante lo puso en la piel del personaje de la zaga Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

“En este caso, el estilo de Milei sigue un poco el ejemplo de lo que fue la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, o lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, es decir, presidentes que gobiernan a golpe de tuit. Y cada tuit o retuit genera una polémica cotidiana, lo cual puede llevar a la opinión pública a pensar que tiene un presidente que está más interesado en confrontar que en gobernar.

Cuando un gobernante ya está en funciones, la gente cambia el parámetro con el cual lo evalúa y quiere que tome decisiones.

"Está en su derecho de hacerlo, independientemente de que a mí no me parezca la forma más adecuada de usar la red social –señaló Fara– pero cuando un gobernante ya está en funciones, la gente cambia el parámetro con el cual lo evalúa y quiere que tome decisiones”.

El presidente cerró el viernes posteando nuevamente en X: "No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla".

La ley y el artículo 155 que ¿nadie leyó?

 

Fara atribuye la estrategia implementada por el bloque oficialista en Diputados, que terminó con la caída de la ley y el levantamiento de la sesión, a su “gran falta de profesionalismo e improvisación”.

“Todos sabíamos desde la semana anterior, que el Gobierno lograba la mayoría con una mesa de cuatro patas: La Libertad Avanza, el PRO, el Radicalismo y el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Es decir que si una de esas patas se rompía, el proyecto se empezaba a caer, cosa que finalmente sucedió, evidenciando, además, una falta de ingeniería política global. Debería haber existido un gran acuerdo con los gobernadores, aunque tardara tiempo, que le permitiera asegurarse de que los mandatarios provinciales disciplinaran a sus diputados y senadores para sacar un trámite rápido en el Congreso. Cuando se va al recinto es porque está todo cerrado; no se puede ir a improvisar. Eso fue lo que pasó y la ley se terminó cayendo”, explicó.

Entre la aprobación general del viernes anterior –que fue una buena noticia para el Gobierno– hasta el martes en que se trató la ley en particular, se supone que tendrían que haber seguido trabajando para limar asperezas y saber qué cosas eran fundamentales que les aprobaran. Eso, evidentemente, no pasó”, concluyó el analista.