Los planes sociales que se distribuyen en el país volvieron a ubicarse en la centralidad política luego del pedido de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para que “el Estado recupere el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales”.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2) el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió a esta problemática y reivindicó el trabajo de las organizaciones que realizan tareas en el territorio.
“El trabajo real para los sectores pobres está dado en cinco sectores productivos que son la construcción, la actividad textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. El problema que hoy tenemos es que, habiendo más trabajo, es que no alcanza la plata”, destacó el actual diputado nacional.
Ante esta situación, el dirigente planteó que el desafío del Gobierno no es sólo generar trabajo en estos sectores productivos, sino que también avanzar en un plan antiinflacionario para estabilizar los precios y lanzar créditos a tasa subsidiada para desendeudar a las familias y darle respiro a los productores.
“El problema es el pan a 300 pesos, la leche a 170 y el kilo de asado a 1200. Ese es el problema de hoy en la vida cotidiana de los barrios. Por eso necesitamos de un plan rápido para estabilizar precios, dar créditos y ser muy cuidadosos en lo macroeconómico, principalmente en lo fiscal y monetario”, detalló.
“Vivos que cobran una comisión de los planes”
Con respecto a la polémica por la tercerización de la entrega de planes sociales, Arroyo aseguró que en la actualidad los beneficiarios reciben el dinero directamente en sus cajas de ahorro, por lo que no debería pasar que alguien les retenga dinero.
“No tiene que haber tercerización y no tiene que haber vivos que le quiten o saquen una parte. Para esto armé un centro de denuncias anónimas para que si hay vivos, sean denunciados”, aseveró.
Por último, el ex ministro aclaró que los planes que se entregan desde el Ministerio de Desarrollo tienen una contraprestación. “El acuerdo es realizar actividades por cuatro horas, ya que el plan representa el 50 por ciento de un salario mínimo. Esto lo hacen en una unidad de gestión que puede ser un municipio o una organización social”, explicó Arroyo.
“Así funciona el sistema, está claro que no tiene que haber intermediación pero también que los movimientos sociales son parte de la solución de un país que tiene 10 mil comedores y una problemática social muy fuerte”, concluyó.
