El anuncio de que la semana próxima se formalizará el acuerdo de pago de la deuda histórica de Nación con la provincia es una de las noticias más esperadas desde que en diciembre de 2015 la Corte Suprema de la Nación falló a favor de Santa Fe.
Después de 7 años de idas y vueltas, promesas incumplidas y negociaciones, se avecina un último frente de conflicto entre el Ejecutivo y la Legislatura. Mientras desde sectores de la oposición reclaman que el gobernador envíe a la Legislatura para revalidar el convenio de pago de la deuda, el gobierno ya adelantó que no hay motivo para mandarlo.
El propio gobernador Perotti dijo que no es necesario y que alcanza con la ley vigente que establece que los recursos se aplicarán a infraestructura y se coparticipan con municipios y comunas.
La discusión que se viene tiene una fase jurídica y otra política. En lo jurídico, el gobierno aduce que firmará el cumplimiento de una sentencia y que alcanza con la firma del gobernador y el fiscal de Estado que es, por decirlo así, el abogado del Estado provincial. Y que las condiciones de coparticipación y destino de los fondos están fijados en un artículo del presupuesto 2022.
Para la oposición, el acuerdo es resultado no de un pago en efectivo de una sentencia, sino de que provincia y Nación negociaron el monto, un instrumento de crédito, financiación, plazos, entre otras variables que no las impone el fallo de la Corte. Por lo tanto entienden que corresponde el artículo 72 de la Constitución provincial donde establece que el gobernador “concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación de la Legislatura…”.
Desde el punto de vista político, el respaldo de la Legislatura al acuerdo podría blindar al gobernador ante los resultados de una operación que implica dejar de ser acreedor para pasar a ser bonista, en un país donde esa categoría no tiene el mismo prestigio que en otras latitudes. Sin embargo, el gobierno teme que la oposición le salga con algún martes 13 o que empuje la idea de que la provincia se quede con los bonos y coparticipe en pesos constantes y sonantes la parte de municipios y comunas. Cabe recordar que hoy el mercado paga el 70% del valor nominal aproximadamente, así que los jefes comunales tendrán papeles que sólo podrían ser ejecutados resignando un porcentaje importante del capital. Tampoco Perotti se encuentra de pronto con una montaña de dinero para montar un festival de obra pública.
Para la oposición, la negativa a mandar el acuerdo a la Legislatura le da la oportunidad de aglutinarse detrás de un tema sensible y reconocido, por lo tanto le “suma” en un momento donde se conversa sobre un futuro electoral común que por momentos parece factible y en otros imposible. El Foro con expertos para debatir sobre “La deuda del Estado nacional con Santa Fe” convocada en la Universidad del Litoral podría ser un punto de confluencia en ese sentido que resalte sobre las diferencias.
Esas diferencias están dadas por distintos motivos. Por ejemplo, esta semana hubo fuertes cruces entre el socialismo y el ministro Coordinador Marcos Corach por el destino de los 3.000 millones extraordinarios que Nación le mandó a la provincia en 2020 para Seguridad. Le siguió la acusación del diputado radical Maximiliano Pullaro de un pacto entre el gobierno provincial y bandas narcocriminales en las condiciones de detención de sus principales referentes. Pero a veces la cuestión no es medirse con el Ejecutivo, sino entre los mismos espacios de la oposición, como ocurrió este jueves con el bloqueo a una audiencia pública para discutir proyectos de reforma constitucional que promovía el socialismo y acompañaba un sector radical, el PRO y bloques minoritarios. No fue el peronismo el que negó los votos para la mayoría especial, sino Pullaro y su bloque UCR-Evolución en una posición concordante a la determinación de senadores radicales y peronistas de no avanzar con nada que tenga que ver con ese tema.
El des-ligado
Mientras tanto, el gobernador Perotti fue el único que pegó el faltazo a la reunión inaugural de la Liga de Gobernadores, el viernes en Resistencia. Distintas fuentes del gobierno no supieron explicar las razones y algunos echaron mano a la excusa formal “cuestiones de agenda”. Tampoco confió su representación en la vicegobernadora como hicieron dos colegas. Alejandra Rodenas no había sido invitada por el gobierno provincial al acto con el presidente la semana pasada en Santa Fe (recibió la invitación por otro lado, al igual que otros invitados de último momento). Era de esperar que tampoco se le encomendaría representar al gobernador en un escenario tan delicado como el que se montó en Chaco.
A Resistencia asistieron o adhirieron 16 gobernaciones peronistas y aliadas al gobierno nacional. Teniendo en cuenta que el cordobés Juan Schiaretti no se lo puede contar en ese espacio, el único que eligió no asistir por motivos no informados fue el santafesino, aun cuando los reclamos del documento final están muy en sintonía con los señalamientos de Perotti al gobierno nacional.
El encuentro en Chaco tuvo como primer reclamo la corrección el rumbo, porque el calendario avanza hacia 2023 y no ven reacción en la Casa Rosada.
Hay un segundo mensaje en ese encuentro, vinculado al ejercicio del poder. Los gobernadores piden participación en decisiones referidas a las provincias, como reparto de subsidios, política energética, planes sociales pero también incidir en el futuro político de un Frente de Todos bicéfalo, de tendencia autodestructiva y que corre el riesgo de perder en 2023 el gobierno nacional sino varias provincias. Eso explica que desde la kirchnerista Alicia Kirchner hasta el entrerriano Bordet (el más cercano al presidente) hayan dado el presente.
El factor común que posibilita una Liga de Gobernadores es la debilidad en la que está el gobierno nacional. Los gobernadores se juntan a fines prácticos: es la oportunidad de pelearle al poder central lo que en otros tiempos les cuesta un Perú.
Por ejemplo los recursos para el transporte. El gobierno habilitó una partida menor a la esperada, pero en el Congreso esta semana se consiguió dictamen para llevarlo hasta casi 60.000 millones, contra los 38.000 garantizados por el Ministerio de Transporte.
Otro tema donde hay acuerdo es en modificar el manejo de los planes sociales. Los gobernadores coinciden con el planteo que Cristina Fernández hizo en Avellaneda el lunes. Recelan del creciente poder de las organizaciones y movimientos sociales alimentados con recursos salidos de la administración de miles de planes Potenciar.
La implementación del IFE durante la pandemia podría ser el modelo de obtención de un plan social sin intermediarios, cuotas, tercerización ni obligación de movilizarse como contraprestación. La vicepresidenta cuestiona que organizaciones como el Polo Obrero se financia con fondos que le habilita el gobierno, y con eso nutren movilizaciones con las que presionan a provincias y municipios para sacarles más fondos para distintos proyectos comunitarios. Más aún, en casos como el del Polo Obrero y su acampe en la avenida 9 de Julio, crece el recelo por “el control” de la calle.
Cristina, que había dado el okey a la juntada en Resistencia, ya tenía el tema encaminado de antemano con los mandatarios provinciales y aprovechó para una jugada a dos bandas. Por un lado le tiró un misilazo a la línea de flotación del Movimiento Evita, aliada del presidente de la Nación; y por el otro le salió al cruce a uno de los caballitos de batalla de la oposición.
Los gobernadores reclamaron por la inflación. Prevén un segundo semestre muy tenso en cuanto a recuperación de poder adquisitivo. No sólo para los empleados públicos sino, y sobre todo, para el sector privado.
Fue muy gráfico sobre el tema el secretario general de la UOM Rosario Antonio Donello este sábado durante el agasajo por el Día del Periodista. “Este es un gobierno que comete errores, pero no podemos permitir que vuelva el macrismo. Hoy hay inflación, pero crece el empleo y la actividad, y si no crece más es por la falta de divisas. Entre 2015 y 2019 teníamos alta inflación y además perdíamos empleos y se desmoronó la industria. En la segunda mitad del año nuestro objetivo es pelear por la recuperación del sueldo de los trabajadores”, avisó. La inflación pone en un dilema a los gremios de extracción peronista: la UOM viene de desplazar al histórico Antonio Caló de la conducción nacional por su política acuerdista y de cercanía al gobierno nacional. “Nos dolió en el alma, pero si no hacíamos eso, las bases nos llevaban puesto el gremio”, explican en la UOM Rosario.
Coaliciones que crujen
Como dice Donello, el Frente de Todos comete errores de gestión, pero antes que eso tiene irresuelto el problema político por los permanentes cortocircuitos entre el presidente la vice.
En el medio de ese tironeo entre presidente y vice, Sergio Massa da señales de profunda incomodidad. Imposibilitado de cumplir su rol de mediador, forzado a defender en Diputados proyectos con los que no coincide ni le consultan, esta semana llevó sus planteos al presidente. “Venite conmigo a Alemania y charlamos”, lo tranquilizó Alberto. A la vuelta se verá si hay resultados. El Frente Renovador tiene las fichas puestas en el congreso del 15 de julio.
Apuesta a “la institucionalización del Frente de Todos”, lo que en la práctica significa un ámbito de decisión con los principales accionistas de la coalición. Hasta aquí el presidente, como lo haría cualquier jefe de Ejecutivo, se negaba porque esos ámbitos condicionan e implican ceder poder y autoridad.
Los referentes del massismo creen que la institucionalización del Frente de Todos les habilitará el espacio de opinión que vienen reclamando y le dará al jefe del espacio la posibilidad de ejercer el rol de mediador y puente entre Cristina y Alberto.
Mientras Massa tira de la cuerda puertas adentro, desde afuera hay sectores de la UCR que abren la puerta para sumar peronistas como aliados, en clara oposición al intento de Macri de llevar a Javier Milei a JxC. Gerardo Morales lo dijo esta semana en Río Cuarto y Facundo Manes viene dando señales en el mismo sentido. Quizás sean amagues, quizás no.
Juntos por el Cambio es una coalición tan incierta como el Frente de Todos. La idea de una intersección moderada y de centro radical-peronista bien podría ser un nuevo refugio para los que no se sienten cómodos con la grieta.
