El gobierno santafesino dispuso retirar todas las armas vinculadas a viejas causas judiciales que aún quedaban a resguardo de dependencias policiales de la provincia. Son 3.300 piezas que fueron trasladadas a una sección especial en Santa Fe capital “para mejorar su custodia” y así “prevenir y reducir la violencia en la sociedad”.
En total, en seis meses se derivaron 360 bolsas precintadas con armas cortas y largas, además de tumberas y municiones, todo vinculado a causas del sistema de justicia penal residual.
El proceso, a través de personal de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que depende del Ministerio de Seguridad, se inició en diciembre último, con el nuevo gobierno, relevando e inventariando las armas de fuego y otros materiales controlados pertenecientes a secuestros y denominados "armas protocolizadas".
Al concluir este relevamiento, la Agencia retiró todo lo que quedaba en las Armerías Centrales de las Unidades Regionales (UR) para que sean almacenados en el Departamento Logística “D4” en la ciudad de Santa Fe “para mejorar su custodia, perfeccionar las condiciones de trabajo en las UR, y finalmente, proceder a la destrucción del armamento en coordinación con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), informó la provincia.
Al respecto, el subsecretario de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, precisó: “Continuamos con un proceso que se había iniciado en 2016 de juntar el armamento que había quedado disperso en comisarías, armerías y dependencias policiales de la provincia y se unificó y se protocolizó en bolsas".
"Cuando comenzamos la gestión nos encontramos con todo este material ocupando lugar y tareas de los efectivos policiales, por ello decidimos unificar todo en la División Central de Balística del D4 para luego proceder a la destrucción", destacó el funcionario.
Señaló que “esto permite además liberar espacio en las Unidades Regionales, desafectar personal que estaba en la guarda o cuidado de este armamento, y reorganizar esos efectivos para que pueden ocupar tareas operativas en otro lado, dado que esto es una función propia del poder judicial”.
Por último, Sappietro indicó: "El procedimiento, a partir de que ahora tenemos todo centralizado, consiste en reinventariar todo el armamento para gestionar una destrucción grande de armas junto con el Anmac".
