El mandadero de un grupo dedicado a las extorsiones fue imputado este viernes en una causa que investiga los aprietes a un taller de chapería y pintura ubicado en barrio 7 de Septiembre de Rosario.
Jonatan Juan Ezequiel Alfonso (23) fue detenido el miércoles en Seguí y Cerrillos, el lugar donde se había pactado la entrega de dinero en un intercambio por WhatsApp entre los extorsionadores –no identificados– y personal policial que se hizo pasar por la víctima.
El fiscal Federico Rébola acusó a Alfonso del delito de tentativa de extorsión y quedó detenido. Pero está claro que no es más una pieza intercambiable dentro de la banda, ya que las amenazas continuaron.
La tarde del 17 de diciembre, el dueño del taller recibió una llamada. Una voz anónima le dijo: “Escuchame lo que te voy a decir, si no me das 300 mil pesos te vamos a hacer pelota todos los autos del taller. Por ahora te vamos a pedir 300 mil pesos. No te hagas el pelotudo”.
Luego, ese mismo día reforzaron el pedido por WhatsApp. Además de mencionar datos personales para meter miedo y a otros comerciantes del barrio, pidieron 500 mil pesos y adujeron hacer inteligencia: “Sé todos tus movimientos y los de tus socios y familiares, espero respuestas rapidas”.
Al día siguiente, llegó la otra notificación. Como si fuera una carta documento, el texto hizo gala de una formalidad singular para exigir y actualizar el pago por protección en nombre del genérico de la mafia.
“Debido a las circunstancias del primer aviso no respondido, le damos el siguiente comunicado: cada 24 horas que pasen se sumarán $ 100 mil a cada deudor. Si no tengo respuesta me veo obligado a «bailar casas» (SIC), panaderías, taller autos, taxi. Sabemos que la plata la tienen, ¡no arriesguen a sus familias!”.
Mensajes del mismo tener se sucedieron hasta el pasado martes, hasta que al día siguiente personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pactó una entrega en Seguí y Felipe More, en Vía Honda.
Alfonso, que iba en bicicleta, fue detenido por agentes encubiertos instantes después que agarrara el paquete que habían dejado en el lugar exacto que le había indicado el extorsionador.
Por lo pronto, Alfonso quedó en prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un mínimo de dos años previo al juicio. Así lo resolvió el juez Pablo Pinto.
