La fiscal Valeria Haurigot apeló la libertad del delincuente de 18 años que fue beneficiado por el juez Carlos Leiva después de haber sido retenido por testigos que vieron cuando le dejaba un cartel extorsivo a la dueña de un inmueble de barrio Ludueña. "Comunicate con la mafia porque los próximos tiros son para tu mujer y tu hija. Vamos a matar a todos. Sabemos todo de todos", decía el elemento entregado en De La Salle al 6400.
Según la consideración hecha por Haurigot, la decisión del juez Leiva "carece de fundamento mínimo como para erigirse en un acto jurisdiccional válido". Además, señala que "provoca un gravamen irreparable" a la investigación.
La fiscal sostuvo que la pena en expectativa por el delito de amenazas coactivas por el que fue acusado Tomás T. tiene un mínimo de 3 años de prisión, y enfatiza que en ese caso su cumplimiento es de prisión efectiva.
La funcionaria judicial consideró que la libertad del delincuente genera un daño a la investigación, que supone estar frente a "un supuesto de crimen organizado y a la existencia de acuerdos criminales vigentes cuyo esclarecimiento y castigo es entorpecido por la soltura del justiciable".
"Cuanto menos existe una persona más detrás de los hechos enrostrados, máxime cuando el cartel (referente a la mafia) da cuenta de la existencia de una organización subyacente. Y debe considerarse que la ejecución de la promesa (cuando dice que los próximos tiros son para tu mujer o tu hija) implica una logística que lleva múltiples recursos materiales y humanos: vehículos, armas de fuego clandestinas, municiones, etc.", concluye.
Para la fiscal, la libertad del delincuente permite al resto de la organización "destruir evidencia" (sobre todo el teléfono que figuraba en el cartel entregado a la víctima), "ocultar posibles instrumentos del delito para ejecutar las amenazas", como armas, vehículos o municiones, para hacer efectiva la extorsión.
Haurigot, que encabeza el equipo de balaceras del MPA, enfatizó que dentro de las consideraciones para hacer lugar a una prisión preventiva se encuentra el hecho de que un demorado quede en libertad y afecte una investigación en curso. Añade que además se debe contemplar el riesgo legítimo de las víctimas y testigos que puedan ser amenazados ante la libertad del imputado.
"Inocentemente piensa que Tomás T. luego de semejante conducta hostil contra el derecho se apegará a su palabra de honor de no acercarse a las víctimas y no amedrentarlas. Más que nunca es necesario cautelar testimonios mediante el encierro preventivo del justiciable", subraya.
Para la fiscal, "la sociedad rosarina atraviesa una crisis de seguridad inusitada donde suceden múltiples balaceras por días, muchas con resultados fatales, a tal punto que el Ministerio Público de la Acusación ha creado un Equipo de Armas para la investigación y castigo de estos hechos. Se reúnen los extremos para preservar el orden público y, muy especialmente, a las víctimas".
"El doctor Leiva no valora en forma alguna, porque no procede la pretensión procesal fiscal sino que impone al propia, pese a reconocer la gravedad del hecho", finaliza.
En el escrito presentado por Haurigot se pide que se revoque la libertad, que sea nuevamente detenido Tomás T. y que de ser necesario se habilite la feria judicial para abordar la situación.
