Casi una veintena de personas señaladas por integrar un grupo comandando por el narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon (29) quedaron presas por un abanico de delitos de jurisdicción provincial. Así lo resolvió la jueza Melania Carrara tras seis jornadas de audiencias en las que los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot desglosaron evidencia para atribuirle a la banda hechos de balaceras, extorsiones, encubrimiento, portación de armas y asociación ilícita.
Como ya ocurrió en otras investigaciones sobre criminalidad organizada, varios de los imputados ya se encontraban detenidos, aunque ello no impidió que continuaran operando. En este caso, de los 19 acusados, diez estaban tras las rejas.
El peruano Granthon, por caso, está detenido desde junio de 2019, ocasión en que cayó con tres kilos de cocaína en Empalme Graneros. En los allanamientos que antecedieron las audiencias, fueron secuestrados 40 celulares en las cárceles de Piñero y Ezeiza.
En conferencia de prensa, el fiscal Carbone destacó: “La jueza Melania Carrara dispuso la prisión preventiva para todos los imputados. Se imputó una serie de hechos en el marco de lo que es la estructura madre, o la organización de esta asociación ilícita: delitos contra la seguridad y salud pública, contra la vida”.
“Tenemos comprobado que los ataques armados, o la pata sangrienta en el cobrar deudas o imponer el poderío en el territorio, está rodeados por (la actividad de) el narcomenudeo”, agregó el fiscal.
Carbone catalogó el peso de esta banda como “muy importante”.
“Tenemos –dijo– una estructura importante en lo que es la división de funciones. El área económica y lo que es la parte más sangrienta, el sicariato”.
Según la teoría fiscal, uno de los “sicarios” era Jorge Daniel “Jorgito” Pérez (34), detenido desde septiembre como autor de los femicidios de Magalí Paíz (19) y Carla Cabaña (33), dos amigas que fueron ejecutadas en una casa precaria de Nuevo Alberdi.
Carla era integrante de una familia que sufrió, en enero, una serie de aprietes a tiros en viviendas de Doctor Riva al 5600 y Espinosa al 5600. El trasfondo: el reclamo de una supuesta deuda de nada menos que 150 mil dólares que E. Cabaña mantenía con el Peruano.
El entrecruzamiento de informacion de estas balaceras y audios del teléfono de Nazareno “Anteojito” Gauna, un tiratiros a sueldo que ya encuentra preso en la causa que investiga la estructura criminal de Ariel “El viejo” Cantero, conforman gran parte de la evidencia contra la banda del Peruano.
Del teléfono de Anteojito, que al comienzo de las audiencias amenazó al fiscal Carbone, surgieron las conversaciones explícitas que ya ventiló Rosario3 sobre cobrar plata por “hacer fiambre”, es decir, matar gente.
Del legajo fiscal, se desprende también que Granthon posee dominio en amplias zonas de la ciudad, como ser el norte y noroeste –Nuevo Alberdi, Zona Cero, Ludueña y Empalme Graneros– y sectores del oeste –Vía Honda, Triángulo, Villa Banana y Cinco Esquinas–.
“En el barrio todos saben que todo se labura para «El Peruano». Desde el 2016 o 2017 que fue nombrado como el jefe y el que maneja barrio Ludueña, después tomo Empalme Graneros y se expandió para Nuevo Alberdi y Zona Cero, todo desde esa época entre el 2016 y 2017. Para 2019 ya estaba bien establecido como jefe en esa zona”, aseguró un testigo de barrio Ludueña.
Brian Emanuel “Negro” Villalba, alojado en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero –conocido como el de la banda del Paruano–, fue señalado como el “jefe de sicarios” de la banda. A él responden personajes como los hermanos Coronel, Javier Alvarena alias “Coco” y Luis Adolfo Lallana, integrantes del brazo armado de la banda, expusieron Haurigot y Carbone.
Antes de caer preso, Alexis Mauro “Maurito” o “Rafa” Rial estaba considerado como el “cerebro logístico”, es decir, una suerte de encargado de gestionar vehículos robados, puntos a atacar y asuntos relativos a las armas de fuego. Su novia era Ariana Anahí Lucero (20), una chica que fue baleada en Campbell al 3000 a mediados de mayo y murió semanas después. La investigación de este crimen llevó a la caída de Sandra Calegari, una transera afincada en el Fonavi de Rouillón y Seguí vinculada con Pablo Camino, un recluso señalado como jefe de una facción de la banda de los Monos.
Entre los prófugos de la banda se destacan Gabriel Edmundo “Gury” Caminos y su madre, Silvina Verónica Gauna. El Gury es primo de otro conocido de las crónicas policiales, Alexis, uno de los hijos del malogrado barra brava Roberto “Pimpi” Caminos. A Gury le atribuyen el marcamiento de domicilios.
Otro fugitivo es Pedro Maximiliano Soria, alias “Tres Dedos”, a quien le atribuyen rol de tiratiros. Tres Dedos estuvo detenido en 2021 por el asesinato de una mujer en Urdinarrain 6900. Pero recuperó la libertad: el vecindario lo nombró pero nadie se animó a dejar asentado su nombre.
Otro capítulo tiene escenario en Arroyo Seco y como protagonistas a la pareja Virginia Malvestiti y a Pablo Pascua, transeros que están procesados junto a una decena de personas –entre las que se incluye el jefe de la banda de Los Monos Ariel “Guille” Cantero– por un secuestro extorsivo en Arroyo Seco. Para los fiscales, son gente de confianza del Peruano.
En cuanto a la pata ecónomica, Yanina Messina fue señalada como prestanombre en beneficio del Peruano. Esto, a partir de la firma de transporte Messina SRL, financiada con dinero de actividades ilícitas, según los fiscales. La empresa reporta al padre del Peruano, Francisco Antonio Rodríguez Villarreal, aseguró la Fiscalía.
En octubre de 2021, Granthon fue condenado a 12 años por narcotráfico. Y en la Justicia provincial está imputado con pedido de prisión perpetua como partícipe del homicidio del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante, quien fue ejecutado en julio de 2020.
