Un ex comisario de la Policía de Santa Fe fue sentenciado este jueves por el delito de enriquecimiento ilícito a tres años de prisión de ejecución condicional y con una multa equivalente al 75% del valor estimado por la Fiscalía en el perjuicio: 5.218.818,98 pesos.
El juicio oral contra Osvaldo Raúl Bejarán finalizó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal, integrado por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle, encontró culpable al acusado.
El fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Gonzalo Fernández Bussy, le había atribuido, en su calidad de funcionario público, haber incrementado injustificadamente su patrimonio.
A partir del año 2001 el imputado comenzó a “cumplir funciones como jefe de la División Leyes Especiales, a partir de ese momento y en el lapso de dos años comenzó el aumento infundado de su bienes registrables”, informó Fiscalía.
En 2003, Bejarán adquirió una licencia de taxi en conjunto con un rodado Fiat Siena y en el mismo año compró un Chevrolet Corsa cero kilómetro. Así también, en 2004, sumó una finca y otro vehículo marca Renault, todos bienes conseguidos con un único ingresó como personal policial.
El imputado paso por distintas jerarquías policiales desde el año 1978 hasta el año 2008 cuando se retiro comó comisario general de la URX Iriondo.
El comisario mayor retirado fue procesado por enriquecimiento ilícito en 2016 por la jueza Alejandra Rodenas, hoy vicegobernadora de Santa Fe, quien por entonces consideró una pericia contable que estimó que el patrimonio del acusado no concidía con sus ingresos.
La ex magistrada afirmó oportunamente que “el desempeño de cargos públicos implica un compromiso personal, de llevarlos a cabo con el propósito de servir a la comunidad y no de utilizar los mismos para lucrar en provecho propio. En otras palabras, servir a la ciudadanía y no servirse a ella”.
Ahora, aunque la Fiscalía había solicitado tres años de prisión efectiva, el tribunal resolvió que sea condicional con las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, someterse al control de la Dirección Provincial del Patronato de Liberados, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes y realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de una institución de bien público, a razón de cuatro horas semanales.
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