La ley de bosques fue sancionada 2007 y reglamentada a nivel nacional en 2009 pero pasó más de una década y los desmontes siguen. La periodista rosarina Jorgelina Hiba, especializada en medio ambiente, viajó a las provincias del norte del país donde la deforestación es intensa y vio los efectos de las topadoras en el territorio.
En esta charla para Desde la Redacción, el podcast de Rosario3, Hiba relata ese escenario tétrico de la tierra arrasada allí donde hubo un monte silvestre con quebrachos, algarrobos y espinillos. Cuenta sus sensaciones de ese desastre y también las consecuencias socioambientales que ya se sienten y que forman parte del cambio climático.
“Nos llevaron a una parcela de dos mil hectáreas y es muy impresionante, feo, comparar lo que era ese monte hasta días atrás con su maraña de verdes y girás la cabeza y ves todo desmontado que queda polvoriento y con los árboles tumbados”, relata.
La recorrida por Formosa y Chaco junto a la organización Greenpeace, como enviada para el diario La Nación, le permitió detectar las diferencias en cómo esos distritos abordan la problemática y también las reacciones de la sociedad civil y los pueblos originarios.
Algunos datos para dimensionar el fenómeno: Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en este siglo. Nación reconoce que entre 1998 y 2020 se perdieron 7 millones de hectáreas de bosque nativo. Desde 2007, cuando se sancionó la ley federal, esas cuatro provincias perdieron 3,3 millones de hectáreas más, según Greenpeace. La mitad fue en zonas protegidas.
En este 2022, de enero a junio, las topadoras se devoraron 41 mil hectáreas del monte del norte argentino. Equivale a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Hiba señala el trasfondo de ese fracaso: "La ley de bosques otorga fondos a productores que quieren hacer ganadería combinada, con sectores de monte y entonces no arrasar con toda su parcela, y deberían recibir a cambio subsidios. Pero todos los gobiernos nacionales desfinanciaron gigantescamente la ley".
La experiencia de una ley federal que no se cumple o al menos se aplica de forma dispar por las provincias es un espejo en donde proyectar el debate actual por la ley de humedales.
Aún con sus diferencias y complejidades, las pujas que frenan una normativa para los humedales se explican en que cada distrito tiene jurisdicción sobre sus recursos naturales y puede regularlos. Esa fragmentación del territorio y sus riquezas se traduce con el monte caído en Formosa para extender la soja o con el fuego y los terraplenes en las islas. Aunque las llamas frente a Rosario no se explican solo en la actividad productiva.
La sequía, la bajante del Paraná y la presencia de cazadores furtivos y pescadores agravan ese escenario. No sabemos en qué proporción. La Justicia debería clarificarlo y no lo hace. Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires tendrían que prevenirlo y tampoco lo logran. Todas las provincias con presencia en el Delta y Nación podrían hacer más y coordinar acciones concretas desde el Piecas, herramienta nacida en 2008 y devaluada con el tiempo.
Desde la Redacción expuso esa trama en una serie de tres podcast con diversos actores: un productor ganadero, un ambientalista y un científico, y dirigentes políticos. De sus miradas surgió una idea concreta: ¿se puede pensar en cortafuegos como salida de emergencia? La iniciativa evidencia las dificultades para activar acciones concretas. Entre Ríos afirmó a Rosario3 que ya avanza en ese sendero con los privados.
Hiba retoma ese tema y comparte su experiencia. No oculta el panorama sombrío actual, la pérdida de biodiversidad y la ausencia de respuestas oficiales. "Sin un ambiente sano no vamos a tener ingreso de divisas, ni empleo ni salud, sobre todo", dice.
Una normativa escrita por sí sola no resolverá eso, plantea. "Las quemas no afectan a una sola provincia. Los territorios tienen fronteras distintas al concepto de «tierra» (como parcela). Es complicado pensar que la ley de humedales vendrá a remediar todos los males rápidamente sino se cumplen las otras partes y cada cual trabaja desde su lugar”, amplía.
Aunque existen experiencias sustentables y alternativas al mero extractivismo (sobre recursos agotables que, casualmente, se agotan), las urgencias sociales y económicas que son muchas eclipsan a los gobiernos a la hora de apoyar e implementar políticas públicas en esa dirección. Al menos por ahora.
Sobre el podcast
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