El mismo Senado de Santa Fe que no admite investigaciones sobre sus miembros, algo que la mayoría expuso con claridad al bloquear el avance de la causa por corrupción en el juego clandestino que involucra a Armando Traferri, cajoneó el proyecto para democratizar el acceso a la información en la provincia y que, de esa manera, perderá estado parlamentario.
Por octava vez en este siglo de las tecnologías de la comunicación y la apertura de datos, los hombres y mujeres (una sola en este caso) que representan a los 19 departamentos de la provincia en la Legislatura se refugiaron en su opacidad y no trataron el proyecto que fue debatido y votado en Diputados.
Si bien la sanción en la Cámara baja fue el pasado jueves 30 de julio, la iniciativa ("Bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la apertura de la gestión pública: establécense") fue ingresada de manera formal por el diputado Rubén Giustiniani el 10 de mayo de 2019.
Al cumplir dos años, los proyectos pierden estado parlamentario y caducan. Eso ocurrirá en mayo de 2021 con este “derecho humano fundamental que resulta indispensable para el ejercicio de otros derechos", como define la provincia.
Al nacer el próximo período de sesiones ordinarias (en mayo), morirá este proyecto, una vez más. Y una vez más toda la maquinaria legislativa deberá volver a comenzar.
Diputados votó por primera vez esa ley en 2002 y las medias sanciones se repitieron en 2003, 2005, 2009, 2011, 2016, 2018 y este 2020. El diputado provincial Gabriel Real, uno de los impulsores históricos de esa norma, dijo en julio pasado a Rosario3 que el Senado traba esa norma porque impera una “cultura del secreto y el oscurantismo”. Fue un adelanto de lo que se vendría.
El movimiento del expediente 41689-CD en el Senado fue nulo. Ingresó a la Cámara el 12 de agosto de 2020 y fue derivado el 18 de ese mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahí se quedó. La inmovilidad contrasta con la velocidad con que esa misma comisión apuró el rechazo al desafuero de Traferri. La solicitud de los investigadores se presentó el martes 15 de diciembre, la comisión recibió a los fiscales el jueves 17 y el viernes 18 se votó, en minutos, por la negativa.
Los senadores escucharon el detalle de las pruebas por la tarde y a la mañana siguiente cerraron el tema. Un tema sensible y complejo resuelto en menos de 24 horas. Sin embargo, desde aquel 18 de agosto en que el proyecto de acceso a la información ingresó a la comisión pasaron 15 semanas de sesiones ordinarias (2.500 horas) hasta el inicio de diciembre, sin novedades.
“El tema no se trató. No hubo dictamen”, confirmaron a Rosario3 desde esa comisión que preside el justicialista Raúl Gramajo. El senador del departamento 9 de Julio forma parte del bloque del PJ de Traferri, y ambos integran esa comisión clave.
Un derecho que no se discute
“Este año logramos un gran consenso en Diputados para la media sanción y es un disparate que la provincia siga sin una ley de acceso a la información que es un derecho que ya no se discute, es como la libertad de prensa”, afirmó Giustiniani.
El diputado calificó de “muro” al Senado, donde chocan esta iniciativa y otras: "La ley de Educación, de Educación Sexual Integral (ESI) o de Defensa del Consumidor, todos derechos elementales”.
Los mismos Gramajo y Traferri también se negaron a dar explicaciones por los subsidios millonarios que manejan los legisladores y que denunció el ex concejal Jorge Boasso en 2017. Entre otros movimientos extraños, los acusó de girar fondos a fundaciones o asociaciones que presidían sus esposas, integraban asesores o cuyo domicilio coincidía con sus oficinas.
Pero los fiscales de esa investigación fueron removidos por Patricio Serjal, el fiscal regional que está preso desde agosto por cobrar coimas y acusado de formar la asociación ilícita con Traferri.
En 2018, un extraño fallo probó las anomalías de esos subsidios pero señaló que no eran delito "más allá de la discrepancia ético-moral". En 2019, Traferri y Gramajo siguieron girando subsidios millonarios a esas mismas entidades cuestionadas (Fundación San Lorenzo Solidario y Asociación de Ayuda Social de Tostado), según publicó el periodista Juan Chiummiento en base a datos oficiales.
En 2020, los subsidios de la Cámara alta subieron a 373 millones de pesos para repartir de forma discrecional. Implica 19 millones de pesos por senador al año. El monto es 35 veces superior al que tenían en 2012, un incremento muy por encima de la inflación de ese período, informó Punto Biz. En la página oficial figuran las instituciones o ente beneficiados por senador pero no los montos ni los detalles de esas operaciones.
Una ley de acceso a la información, con plazos determinados y organismos responsables de su aplicación, garantizaría la transparencia de esos fondos, por ejemplo. Eso ocurre a nivel nacional con la Agencia de Acceso a la Información Pública y de forma parcial en el Ejecutivo provincial desde un decreto de 2009.
“El manejo de fondos públicos debe ser público”, debió reafirmar lo obvio Giustiniani. “Salvo por un tema de seguridad nacional, todos los actos del Estado se deben informar, hasta los gastos reservados de la ex Side (de los espías)”, graficó el ex senador nacional que logró un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia al acceder al convenio de YPF con Chevron.
El legislador adelantó a este medio que insistirá con su proyecto en 2021.
Experimentados
En diciembre de 2019, Joaquín Raúl Gramajo inició su séptimo período en el Senado. Cumplirá 28 años en el cuerpo, solo interrumpido por cuatro años que estuvo en el Poder Judicial (2007-2011), como él mismo contó y celebró. Habita ese palacio desde 1991, cuando un dólar valía un peso y Diego Maradona jugaba en el Nápoli.
Armando Traferri tuvo su primer mandato como senador por el departamento San Lorenzo entre 2003 y 2007. Después de ser derrotado ese año, volvió a presentarse en 2011 y desde entonces mantiene su banca (cumplirá 16 años en la Cámara en 2023).
Otro hombre récord que comparte esa comisión (pero se fue al bloque del PJ cercano a Omar Perotti) es Alcides Calvo. A sus 58 años, este contador del departamento Castellanos lleva 18 años consecutivos sentados en la Cámara alta (en 2002 reemplazó a Omar Perotti) y llegará a 21 al fin de esta etapa.
Mientras un gobernador no tiene reelección en Santa Fe, los senadores pueden desafiar al tiempo sin límites. La ansiada eternidad no es patrimonio de los peronistas. El radical Rodrigo Borla está en el Senado desde 2007 y su par Lisandro Enrico, desde 2011. No solo forman parte de la comisión de Asuntos Constitucionales que se niega a tratar el acceso a la información pública. El Frente Progresista también fue clave en clausurar la chance de investigar a Traferri por la corrupción en el juego clandestino (en la causa ya confesaron un capitalista del juego y un fiscal).
El pedido de desafuero era para poder investigar no una condena y ni siquiera implicaba la prisión preventiva del senador. Simplemente habilitar la imputación de un delito, como ocurre con legisladores nacionales y hasta presidentes (de Carlos Menem a Cristina Kirchner). Pero no es posible con los jefes departamentales que, en el caso de Gramajo, por ejemplo, representa a 30 mil habitantes de 9 de Julio.
Enrico fue el vocero que anticipó que no había pruebas suficientes (incluso antes de escuchar a los fiscales), aunque después se cuidó en el recinto con una abstención.
Ese escudo legal viola el principio de igualdad ante la ley. El propio Traferri confesó esa distinción con un ciudadano común al decir en la sesión del martes pasado que se sometería a la Justicia con "condiciones": elegir él mismo a los fiscales que lo acusen.
"Decimonónicos", los definió el ministro de Seguridad Marcelo Sain. El diputado provincial Carlos Del Frade señaló que estos días intensos "se discuten los privilegios políticos de los señores feudales en el Senado y la necesidad de avanzar en contra de las mafias organizadas".
Los mismos nombres repetidos, entre dos y tres décadas, controlan una llave del poder en Santa Fe. Sin la renovación democrática deseable, sin poder ser investigados y tampoco sin la obligación de informar sobre sus actos (y los fondos públicos). Debe haber alguna palabra más precisa que “opaco” para definir a ese grupo de senadores.
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