La mina de oro y plata Veladero de San Juan fue habilitada este jueves para volver a operar después que el juez Pablo Ortija levantara la medida cautelar que la tuvo paralizada por más de dos meses a raíz de un derrame de líquidos cianurados y luego que el gobierno verificara que cumplió con las exigencias que se le impusieron, informaron fuentes judiciales.

Ortija, juez de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, confirmó a la prensa que se había levantado la medida cautelar "en virtud de un pedido específico que realizó la empresa, que estaba acompañado por el informe del Ministerio de Minería”.

La medida judicial se relaciona con igual disposición que ayer emitió el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensell, que dio por terminados los trabajos de adecuación que el gobierno impuso a las empresas Barrick Gold y Shandong Gold Group que operan el proyecto minero.

El mega emprendimiento tenía sus actividades suspendidas desde el 28 de marzo, después de que se registrara el tercer derrame de líquido cianurado en un año y medio.

Para volver habilitarla para lixiviar, como se conoce a la actividad de aplicar agua con cianuro para separar el oro y la plata de la roca, el gobierno provincial le exigió la realización de una reingeniería en el valle de lixiviado con cambios de las cañerías que transportan la solución, mayores medidas de seguridad y la implementación de una nueva política con las comunidades y proveedores.

Después de más de dos meses de trabajos con una inversión estimada por el gobierno en unos 500 millones de dólares, el ministro de Minería, Alberto Henssel, dijo ayer que “para la autoridad de aplicación es un tema superado. La minera cumplió con las medidas exigidas”.

Por otro lado la mina inició las obras de un nuevo valle de lixiviado a continuación del actual y puso en marcha un nuevo programa de relación con las comunidades y de facilitación de acceso a nuevos proveedores de bienes y servicios mineros.

Oritja aseguró que se habían cumplimentado "todas las obras que se habían exigido” luego de que ocurriera un tercer accidente en un año y medio.

Reconoció que en el último derrame “las medidas cautelares se hicieron por los informes que ha realizado el Ministerio de Minería” y que “en este caso particular, no concurrí a la inspección ocular por el mal tiempo reinante en la zona" donde se emplaza el emprendimiento, en el Valle del Cura de la cordillera andina.

De todos modos el juez explicó que estaba al tanto de los trabajos de reingeniería que se estaban realizando en la mina. “La semana pasada en el Ministerio de Minería nos habían informado que el avance de las obras presentaban un 75 por ciento y el informe final indica que todas exigencias fueron cumplimentadas y que para el gobierno debía ser habilitada”.