La Justicia de Rosario rechazó la impugnación presentada por la empresa Litoral Gas, que había cuestionado los títulos habilitantes de los peritos de la Policía Judicial de Córdoba para investigar las causas de la explosión ocurrida en Salta 2141, el 6 de agosto de 2013, que provocó la muerte a 22 personas.
De este modo, el juez Ismael Manfrín hizo lugar al informe elaborado por el perito de parte de la Fiscalía a cargo de Graciela Argüelles, quien había solicitado una segunda pericia en la causa. En el mismo, los especialistas determinaron que "de haberse seguido los procedimientos legales y cumplido con las normas de seguridad el siniestro no se habría producido". De este modo, el magistrado otorgó tres días para que los profesionales puedan rebatir los fundamentos de Litoral Gas y presentar la documentación pertinente.
Litoral Gas había cuestionado al perito de parte y argumentó que "los títulos habilitantes de los peritos de la Policía Judicial de Córdoba no son los que se necesitan para este tipo de pericias", pero el juez emitió una resolución que avala a dichos especialistas y los consideró aptos para realizar el estudio.
En la causa están procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala, y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
Los otros procesados por el delito de estrago culposo agravado son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.
