Decenas de miles de personas expresaron este domingo en las calles de Barcelona su rechazo a la declaración de independencia aprobada el viernes pasado por el Parlamento de esa región y clamaron en favor de la unidad de España.

"Todos somos Cataluña" fue el lema de la manifestación organizada por una entidad denominada Sociedad Civil Catalana (SCC) a la que, según sus datos, asistieron 1,1 millones de personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona rebajó la cifra a 300.000 manifestantes.

La marcha tuvo un carácter festivo y reivindicativo apenas dos días después de que la Cámara regional catalana aprobara una declaración de independencia sin valor legal y que no ha sido reconocida por ningún gobierno ni por ninguna organización internacional.

La manifestación fue encabezada por dirigentes de Ciudadanos (liberales), PSC (socialistas) y PPC (centroderecha), los tres partidos cuyos diputados abandonaron el hemiciclo catalán el viernes antes de la votación de la resolución sobre la independencia de Cataluña, en abierto desacuerdo con la iniciativa.

Una horas después el gobierno español, previa autorización del Senado, decretó el cese de todo el gabinete catalán y la disolución del Parlamento autonómico, con la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, con el objetivo de restablecer la legalidad constitucional.

Este domingo los constitucionalistas catalanes hicieron una prueba de fuerzas en las calles de Barcelona, donde se vieron numerosas banderas españolas, pero también catalanas y europeas, y se cantó "viva España" y "viva Cataluña".

Al término de la marcha tomaron la palabra el exministro del PP Josep Piqué, el exministro socialista y expresidente del Parlamento Europea Josep Borrell y el exlíder del Partido Comunista Español Paco Frutos.

Los tres abogaron por favorecer la convivencia y la concordia y rechazaron los intentos de dividir a los catalanes que atribuyeron a los independentistas.

El manifiesto leído por los organizadores apeló a la sensatez para superar la actual controversia y volver a la legalidad y la convivencia pacífica y llamaron a votar con ese objetivo el 21 de diciembre en los comicios autonómicos.

El hecho de que esas elecciones sean convocadas por el Ejecutivo español en aplicación de la Constitución genera un problema a los partidos secesionistas, que ahora han de debatir si concurrirán, lo que de algún modo supondría aceptar el marco generado por el gobierno de Mariano Rajoy.

En caso de no hacerlo los independentistas quedarían fuera de las instituciones autonómicas los próximos años.

A este respecto, el cesado vicepresidente del Gabinete regional catalán, Oriol Junqueras, publicó este domingo un artículo en el diario El PuntAvui en el que escribe que "en los próximos días tendremos que tomar decisiones, y no siempre serán fáciles de entender".

"No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas, que saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república", añade el político secesionista.

Junqueras es presidente de ERC (republicanos de izquierda), al que una encuesta que publica el diario El Mundo otorga la condición de más votado, por delante de los liberales de Ciudadanos y los socialistas del PSC.

Sin embargo, una hipotética reunión de los partidos independentistas que hasta ahora han impulsado ese proceso no alcanzaría la mayoría absoluta del Parlamento catalán, que sí ha tenido en la legislatura recién acabada.

La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de cesar al Gabinete catalán ha tenido algunos detalles visibles: los Mossos d'Esquadra (Policía regional) han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales del hasta ahora presidente, Carles Puigdemont.

Este lunes el Gobierno español asumirá plenamente la administración regional en el primer día laborable después de la aplicación del decreto constitucional y de la destitución de Puigdemont y su equipo.

Todo ello con la convicción de que los funcionarios autonómicos serán leales a los nuevos responsables de la Administración autonómica y de que estarán al lado de la ley.