La primera jornada de audiencia por la megacausa de fraude, lavado y asociación ilícita pasó este viernes a la noche a un cuarto intermedio hasta el martes próximo. Diez personas seguirán detenidas mientras que una mujer, Ramona Rodríguez, permanecerá en prisión preventiva domiciliaria por una razón personal. 

Extensa, compleja y no del todo pública. Así fue la primera jornada por la causa que conmocionó a la ciudad el miércoles pasado tras más de 20 allanamientos y diez detenidos. La Fiscalía leyó las acusaciones y la defensa pidió la libertad de los imputados. Además, Pablo Abdala se presentó este viernes a la tarde ante la Policía de Investigaciones. El martes el Ministerio Público de la Acusación definirá si pide que los acusados sigan el proceso detenidos, con domiciliaria o libres; lo que por ahora más preocupa a los abogados defensores de los empresarios, profesionales, dirigente sindical y rosarinos de la “alta sociedad” involucrados.

La lectura de los hechos que se le imputan a los acusados y la presentación de evidencia comenzó a las 14.30, a cargo de la fiscal Valeria Haurigot. Después de casi cuatro horas hubo un cuarto intermedio y 30 minutos más tarde, la audiencia continuó hasta entrada la noche.

Según informó la periodista Almudena Munera (Telenoche, El Tres), la jueza Mónica Lamperti debía analizar varios pedidos de los defensores. Héctor Superti reclamó la nulidad de todo lo actuado por una supuesta irregularidad con su cliente, el agente bursátil Jorge Oneto. También planteó la ilegalidad de la detención ya que, por ley pueden estar arrestados 48 horas (que ya vencieron) y con una prórroga de 48 horas más, por lo que no podrían estar hasta el martes próximo como propuso la Fiscalía.

También el abogado Carlos Varela presentó un pedido de recusación contra la jueza que entiende en la investigación y que explicó a El Tres.

Lo cierto es que, antes de las 22, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9 donde se tratarán las medidas cautelares y algunos imputados podrán declarar. Ramona Rodríguez permanecerá en prisión preventiva domiciliaria ya que se acordó entre defensa y Fiscalía dado que tiene un nene de 5 años a su cargo. El resto de las medidas cautelares de los demás imputados se tratarán el martes (es decir si recuperan su libertad o no).

La mayoría de los detenidos fue imputado por estafa, lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita, aunque cada uno con distintos roles y en distintos casos.

La fiscal Haurigot explicó que se detallaron siete hechos concretos con “maniobras delictivas atribuidas a las distintas personas” y con “defraudaciones en inmuebles”. “Se puso en evidencia toda la documental que respalda la investigación que viene llevando a cabo la fiscalía”, conducida por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, dijo.

Además, aclaró que la “visión sobre asociación ilícita” que tiene el Estado es de un grupo de “conformación delictiva con delincuentes por estratos”. Es decir, once personas que “no tienen en principio una vinculación directa de todos con todos pero sí operan a los efectos de cometer delitos determinados para llegar a lavado, con todas las falsificaciones necesarias para llegar a eso”.

Carlos Varela, uno de los abogados defensores -además de los polémicos ex funcionarios del gobierno provincial- dijo a la prensa que las acusaciones “no dan para que estas personas transiten el proceso detenidos”. “No hay riesgo de fuga o de entorpecer la causa”, añadió.

“Las evidencias no son contundentes y los delitos tienen una eventual condena mínima de ejecución condicional, no son superiores a los tres años”, amplió el abogado de Leandro Pérez (ex novio de la vedette Vicky Xipolitakis) y el contador Marcelo Jáef. Varela cuestionó que incluyan el delito de lavado y de bienes derivados del narcotráfico, porque eso debería analizarse en el fuero federal.

El inicio

La audiencia comenzó con un riguroso cerrojo policial y las diez personas detenidas fueron llevadas junto a sus defensores en la Sala 1 del edificio de Tribunales. En un recinto contiguo, con vista al anterior, se ubicaron familiares, medios de comunicación y público en general. También estaban funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Hubo restricción al ingreso de cámaras.

Por orto lado, durante la tarde se presentó Pablo Abdala en la sede de la Policía de Investigaciones. Es otro de los investigados en esta causa, que al momento de los allanamientos se encontraba en el exterior. Quedará detenido hasta el lunes, a la espera de la audiencia imputativa.

Entre los abogados estuvieron presentes los ex funcionarios del gobierno provincial Juan Lewis y Héctor Superti, cuyos desempeños como defensores de algunos de los implicados en la causa generó gran revuelo político interno y externo en la provincia. Mientras que el ex ministro Daniel Cuenca dio un paso al costado y el abogado de Abdala es Iván Hernández Larguía.

Lavado y narcos

Una de las polémicas de la audiencia fue que la fiscalía apuntó el delito de lavado de activos a parte de los imputados. Además, vinculó a fondos ligados al narcotráfico con el grupo.

Desde la defensa plantearon que como el lavado y el narcotráfico son delitos federales, entonces la causa no podría tramitarse en el fuero provincial.

La Fiscalía replicó que en realidad la base de la acusación son los siete delitos de fraude para apropiarse de inmuebles -incluso con usurpación-, la falsificación de documentos y la asociación ilícita que integran los, hasta ahora, once detenidos. Todos delitos que sí corresponden analizar a la Justicia provincial.

Maniobras fraudulentas

Uno de los inmuebles investigados es un campo de 124 hectáreas ubicado en la vecina localidad de Villa Amelia. Se constató que allí hubo una maniobra en la que participaron escribanos, contadores y empresarios, para quitarle el inmueble a la propietaria y luego venderlo a un “precio vil”, según consta en el expediente.

De acuerdo a lo que detallaron desde la Fiscalía, la mujer notó que hacía varios meses que no le llegaba el impuesto inmobiliario. Le pidió a su hijo que se lo busque a través de la web y ahí se dieron cuenta de que la propiedad había cambiado de titular.

El campo se vendió en la supuesta suma de 3 millones de pesos, que para los investigadores resulta “irrisoria” en razón del valor que tendría el campo.

También se imputaron estafas a través de testaferros a una empresa constructora por un inmueble ubicado en Pasco al 1000. La Fiscalía dio a conocer escuchas y documentación que pondrían en evidencia la adulteración de las escrituras.

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