La Cámara de Apelaciones sostuvo el fallo de primera instancia que había ordenado al Servicio Penitenciario el traslado de Adrián “Cable” Solís, sospechado de los crímenes de los hermanos Ulises y Jonatan Funes y del ataque contra Jorge, el padre de ellos.

La decisión ratificó que Solís se queda alojado en la Unidad Penitenciaria III, de mediana seguridad y en pabellón de conducta, y no en Piñero, como pretende el Servicio Penitenciario porque allí deriva a los presos de alta peligrosidad.

El traslado del detenido había sido ordenado por el juez penal de Primera Instancia Carlos Leiva y, tras una audiencia llevada a cabo durante la mañana del miércoles, la Cámara rechazó la queja que el Servicio Penitenciario había presentando, según informó Agustín Lago en Radiópolis (Radio 2).

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, manifestó su rechazo a la decisión judicial que convalidó el traslado de un interno considerado “de alto perfil” a una unidad penitenciaria sin las condiciones para garantizar los niveles de seguridad que requiere el interno.

Pullaro recordó que la Justicia pidió detener a Solís por el riesgo de fuga existente -fue arrestado el mes pasado- y ahora lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de buena conducta que él eligió. Remarcó que está imputado por el delito de “Homicidio agravado por uso de arma e fuego, Homicidio calificado en tentativa, Portación de arma de guerra y encubrimiento”.

“Los presos deciden donde alojarse, es el mundo del revés. Se decidió un pabellón  de conducta para un acusado por homicidio agravado por uso de arma de fuego, homicidio calificado en tentativa, portación de arma de guerra y encubrimiento. Un pabellón de conducta para un preso de alta peligrosidad”, señaló el ministro de Seguridad.

“Como Ejecutivo necesitamos un mayor compromiso de todas las partes, a veces no sentimos esa responsabilidad, esa decisión que se necesita para enfrentar al delito”, dijo y agregó: “Ante situaciones similares vamos a seguir defendiendo la autonomía del Servicio Penitenciario para ejercer sus funciones. No vamos a mirar para otro lado ante estas arbitrariedades”.

Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios, aseguró que “de ninguna manera un interno como Solís puede elegir su lugar de alojamiento, elegir a que pabellón y a que unidad quiere ir” y agregó “y mucho menos un juez le puede hacer lugar y mandarlo a una unidad de buena conducta cuando claramente no están dadas las condiciones”.

El proceso se inició cuando el abogado defensor del detenido solicitó el traslado mediante un habeas corpus en el cual acusaban al Servicio Penitenciario de vulnerar sus derechos.