Funcionarios de gobierno, aduanas, puertos, empresas cerealeras y operadores comerciales entre los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal de Rosario por la denuncia que esta semana ratificó ante el juez Carlos Vera Barros la diputada Elisa Carrió. Apunta a un "descontrol" que favoreció el contrabando y narcotráfico en toda la región durante una década. Telenoche (El Tres) lo mostró en detalle a través de un informe del periodista Hernán Funes. 

Carrió estuvo el miércoles una hora en el Juzgado Nº3. Llegó acompañada de la legisladora Lucila Lehmann y su custodia. Ya Guillermo Lega, a cargo de la Fiscalía Federal Nº1, formuló el requerimiento e impulsó la investigación. Si bien tanto Vera Barros como Bailaque delegan la instrucción en todas sus causas, en este caso el primero mantiene el control y decretó el secreto de sumario.

La denuncia de Carrió es amplia en el tiempo y en extensión geográfica. De hecho, los funcionarios deben resolver si se quedaran con todas las actuaciones o girarán a otras jurisdicciones. Pero por ahora tiene base en Rosario porque la conducción de la Región Aduanera Hidrovía se ejerce en Alvear 49, en Pichincha.

No obstante, abarca posibles delitos entre 2007 y el primer trimestre de 2018 en muelles, depósitos fiscales y pasos fronterizos de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Es por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.

Los primeros puntos que observaron los funcionarios judiciales intervinientes, además de funcionarios públicos que se desempeñan en el área, abarcan operaciones de combustible y exportación e importación de cereal. También firmas aceiteras y mineras.

Para las denunciantes Carrió y Lehmann "no existen controles cruzados de las operaciones de control aduanero y la capacidad de las operaciones" y eso beneficia actividades delictivas relacionadas con el contrabando de bienes y estupefacientes. "Requieren de un activo control aduanero, el cual es inexistente", indican.

"Lo principal es la supuesta eventual facilitación de contrabando de mercadería y del narcotráfico a raíz de la omisión dolosa en el control de las operaciones aduaneras", describió un investigador.

En la Justicia Federal de Rosario sospechan que las "irregularidades, incumplimientos y desvíos" podrían haberse cometido de manera intencional "por funcionarios públicos integrantes de la línea de gestión de Aduana".

Como primeras pruebas, denunciantes e investigadores poseen reportes de organismos internacionales que dan cuenta de niveles de droga y contrabando elevados como así también conclusiones de la Auditoría General de la Nación que indican que hay "una sistematización" de incumplimientos.