La investigación que se lleva adelante en Rosario por las presuntas escuchas irregulares durante 2017 al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro está a la espera de la realización de una pericia sobre medios electrónicos de los fiscales que las pidieron, Roberto Apullán y María Laura Martí.

Si bien un juez de primera instancia aprobó peritar celulares de policías y correos de los funcionarios del MPA, un recurso interpuesto por la defensa llevó la discusión a la Cámara de Santa Fe, informó el periodista Hernán Funes (Telenoche, El Tres).

Y así este jueves se formalizó el debate, presidido por el camarista Enrique Álvarez, con la presencia de las partes, entre ellos los fiscales de Rosario Juliana González y Gustavo Ponce Asahad, asignados para desentramar si sus colegas de la capital provincial cometieron o no algún delito. Sólo González tomó la palabra.

Lo que se trató entonces fue un recurso interpuesto por el abogado Néstor Oroño en representación de Apullán y Martí, donde reprocha la validez jurídica de una medida solicitada, que es el cotejo de correos electrónicos. Álvarez difirió la resolución, por lo que la pericia quedó a la espera.

Ni Apullán ni Martí están imputados. La pericia fue solicitada por el MPA de Rosario el 21 de diciembre y autorizada el 27, pero la apelación dilató los tiempos y recién seis meses después fue fijado el debate en segunda instancia.

Intenvención, descargo y querella

La línea personal del ministro de Seguridad estuvo intervenida por pedido de los fiscales santafesinos, que aún pudiendo deducir la titularidad no informaron -entre otras cosas- al juez que autorizó a quién pertenecía.

Los audios surgidos de aquélla intervención fueron publicados por medios aún sin Pullaro ni el comisario Adrián Rodríguez, investigado por Martí por presunto fraude con horas Ospe, imputados. Esos audios, está confirmado, pertenecen a la causa que seguía Martí.

La fiscal se defendió. "Entregué una caja con 300 cds en crudo de las causas OSPE y Rodríguez, más documental que fue entregada a un funcionario de la fiscalía, Lemos, y a dos empleados del fiscal Hernández", dijo.

"Teníamos la posibilidad de investigar un entramado de corrupción policial y política con protección judicial que puso nuestras vidas en peligro", agregó. Y cerró: "Se comunicó al gobernador con copia de las escuchas, y dentro de la causa Rodríguez se encuentran las escuchas que involucran a altos funcionarios políticos y del MPA, y ese legajo no sé dónde se encuentra".

A la espera de la resolución, el ministro Pullaro pidió ser querellante, por lo que habrá una audiencia que en principio está fijada para fines de julio.