Este sábado se realizará la tercera movilización nacional convocada por el colectivo de mujeres #NiUnaMenos, al cumplirse un nuevo aniversario del femicidio de Chiara Páez, en Rufino, hecho que marcó el origen del movimiento. En diálogo con Rosario3.com, las dirigentes sociales Majo Gerez (Ni Una Menos, Mala Junta) y Nora Giacometto (Ampliando Derechos), además de Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, hicieron un balance de la situación actual y marcaron la agenda en defensa de los derechos de las mujeres.

La consigna #NiUnaMenos lleva implícito un número, una cifra: el uno, como forma de significar que con cada una de las víctimas de femicidio se daña a todas y que es necesario frenar urgente la violencia que mata día tras día a tantas mujeres. 

A pesar del simbolismo de la cifra “una”, los números son preocupantes y desnudan la profunda cultura patriarcal y machista que resiste no sólo en los victimarios, sino también en muchas instituciones y estructuras del Estado que deben intervenir para proteger a las víctimas.

Esas estadísticas dan cuenta de que entre enero y abril de este año se registraron 2.120 llamados al Teléfono Verde de la Municipalidad de Rosario para consultas sobre violencia machista, mientras que en el mismo período de 2016, las llamadas habían sido 1.400.

Otro relevamiento, el informe elaborado por el equipo de género de la concejala Norma López (FPV), indica que en lo que va del año, la cantidad de víctimas de femicidio en Santa Fe (13) es idéntica a la del año pasado, para esta fecha, y en el país suman 125.

Las cifras oficiales también muestran que de 363 municipios y comunas de la provincia, sólo 11 cuentan con botones de pánico para poder entregar a las mujeres cuyas vidas y/o las de sus hijos están amenazadas.

Sólo Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Venado Tuerto, Santa Fe, Santo Tomé, Villa Constitución, Esperanza, Rafaela, Reconquista, Funes disponen de este importante recurso que sólo funciona –es útil recordarlo– siempre que exista señal de internet.

De cara a la movilización de este 3 de junio, la organización MuMaLá informó que, según su registro nacional, en lo que va del año 2017 hubo 133 femicidios en la Argentina. 

Pero no sólo el número frío y absoluto creció, sino también el grado de violencia con que los agresores descargan su furia. En su paso por Rosario, la psicóloga Liliana Hendel, señaló que “el aumento de la crueldad hacia las mujeres es otra reacción del machismo a la insubordinación femenina”.

Dónde estamos

Los hitos y sus manifestaciones públicas no sólo sirven para mantener viva la memoria frente a hechos que marcan puntos de inflexión –como el salvaje femicidio de Chiara Páez, ocurrido en 2015 en la ciudad de Rufino, que dio origen al #NiUnaMenos– sino también para evaluar qué tan distantes están las políticas públicas de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. En este caso, a las mujeres, el derecho a vivir una vida sin violencia de género, en una sociedad a la que le cuesta desprenderse de miradas, interpretaciones y acciones marcadamente machistas.

Entre los logros obtenidos a partir de las movilizaciones, marchas y protestas masivas, la dirigente Majo Gerez (Ni Una Menos, Mala Junta), destaca el aumento de las denuncias por casos de violencia de género, ya que esto significa que “cada vez más mujeres pueden entender y ponerle nombre a lo que les pasa. Pueden comprender que no es un problema individual y que necesitan respuestas”.

Además, la dirigente celebra que se le haya dado jerarquía de subsecretaría a las áreas de Políticas de Género y de Diversidad Sexual en la provincia y la apertura de la primera cátedra dedicada al aborto en la facultad de Medicina de la UNR.

A la hora de analizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el territorio provincial, Nora Giacometto (Ampliando Derechos) destaca “el funcionamiento de los dispositivos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), vigentes para los casos de aborto contemplados en el Código Penal, y el trabajo que viene realizando el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) provincial, que en algunas situaciones se constituye como querellante en causas de femicidio y violencia de género”.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, describe el rol que desempeña el área a su cargo de monitorear y acompañar el primer nivel del Estado y resalta la creación del Registro Único de Violencia hacia las Mujeres (Ruvim), “que permitirá acceder a los primeros datos provinciales en relación con esta problemática a principios de julio próximo”.

“Además, también en julio, firmaremos convenios para que en el territorio provincial alrededor de 75 municipios y comunas tengan su primer nivel de atención en términos de violencia de género”, explica, y resalta, además, que “se logró avanzar para que aquellas mujeres cuyas vidas corren riesgo y no tienen un espacio de contención, puedan alojarse de manera segura”.

Lo que viene

Las organizaciones que acompañan a las mujeres en el camino de denunciar las situaciones de violencia de las que son víctimas y sostener luego su decisión en el tiempo, conocen de cerca las falencias que aún tienen las instituciones y poderes del Estado encargadas de protegerlas.

En ese sentido, Gerez, apunta que aún falta lograr “una buena articulación de los distintos niveles del Estado en esa ruta crítica que empieza a transitar la mujer que sufre violencia. Esto es necesario –dice– para que se traten todas las situaciones con un protocolo común y existan funcionarios que apliquen ese protocolo con criterios comunes a todos”.

Pero la referente de Ni Una Menos Rosario va más allá y evalúa otras cuestiones pendientes en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, como la Ley de paridad de género, “que el Senado no quiso tratar en un año electoral”, y la “necesidad de avanzar en el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI), que permita fortalecer las políticas públicas de orden preventivo que están siendo vaciadas”.

“También falta mejorar el tema de las licencias laborales por violencia de género, de forma general en la provincia, ya que hasta ahora sólo se lograron algunos avances a nivel gremial o por sindicatos. La agenda provincial deberá incluir además, el cupo laboral trans, una demanda genuina de un colectivo muy golpeado, que en Rosario ya se está implementando y que contribuye a que las personas trans no sean relegadas a la hora de conseguir un empleo y sólo cuenten con la prostitución como salida, expuestas a todo tipo de violencia”, explica la dirigente.

“Lo que tenemos que entender es que necesitamos empoderar económicamente a la mujer y para ello precisamos ofrecer capacitaciones en serio, posibilidad de estudiar el secundario a quienes no hayan accedido en su momento por diversas razones y hablo específicamente del rango etario que va desde los 30 a los 50 años, al que pertenecen las más olvidadas”, afirma Giacometto, quien marca, además, la subsistencia de “problemas para que las causas penales y civiles (familia) vayan por el mismo carril. De lo contrario –explica– algunos jueces de familia terminan realizando mediaciones, prohibidas por ley, y revinculan al agresor con los niños, sin tener en cuenta la Ley de Niñez, Adolescencia y Familia, que expresa claramente que se debe oír al menor, asevera la dirigente”.

“Hay que seguir trabajando en la sensibilización hacia las mujeres, para lograr una mirada de género de parte de todas las personas que lleven adelante una política pública en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles”, plantea Sosa como objetivo, y precisa que hay mucho por hacer para generar en cada área, secretaría y ministerio, políticas públicas atravesadas por la perspectiva de género.

“La dificultad que tienen las mujeres para acceder a los espacios de decisión, la brecha salarial y la feminización de la pobreza son cuestiones de especial relevancia en pos de lograr y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. En eso tenemos que seguir trabajando”, remarcó la funcionaria.

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