Desde la Legislatura santafesina alzaron la voz diferentes sectores con la intención de amortiguar el impacto del nuevo tarifazo en servicios en la provincia, luego de los últimos anuncios de aumentos tanto en luz como en agua. Incluso desde el mismo socialismo plantearon medidas al Ejecutivo.

Por medio de una carta al gobernador Miguel Lifschtiz, los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger solicitaron el tratamiento del proyecto de ley presentado que crea la "Tarifa Social del Agua", inexistente hoy en Santa Fe. Pretenden que se debata en sesiones extraordinarias.

Ante “la inminente suba” en los precios de Aguas Santafesinas, los legisladores del bloque “Igualdad y Participación” recordaron que la ley de "Tarifa Social" apunta a dar un marco de contención a aquellas familias y hogares que han visto perjudicada su economía ante los sucesivos tarifazos y aumentos en los servicios públicos.

"Salimos de un 2016 de tarifazos y entramos en un 2017 de tarifazos, que cada vez pesan más sobre el bolsillo de la economía familiar. Los servicios públicos de agua, luz y gas son ya difíciles de pagar y, respecto al servicio de agua, que es un derecho humano fundamental, estamos ante la inexistencia de tarifa social", expresó Giustiniani.

Al mismo tiempo, recordó que "ésta es una mora reconocida tanto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, como por la empresa Assa y por el Enress, que en distintos pronunciamientos han expresado la importancia de que exista una tarifa social para el agua".

En qué consiste

El proyecto presentado propone la exención del 50 por ciento de la tarifa para aquellas personas jubiladas o pensionadas que cobren dos jubilaciones mínimas, para empleadas domésticas, trabajadores y trabajadoras formales e informales cuyo salario sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles y para beneficiarias de planes sociales o monotributo social. Además, se plantea una exención del pago para el cargo por conexión a quienes se encuadran en el universo de "casos sociales".

"Los puntos fundamentales del proyecto apuntan sobre todo a proteger a los hogares más vulnerables, ya que ahora, frente a los aumentos ya definidos, lo que tenemos que hacer es ofrecer asistencia a esas personas y familias que no podrán hacerse cargo del aumento", manifestó Augsburger.

"Con este proyecto, estamos dando respuesta a un tema que ya debería haberse resuelto, porque fue planteado en la audiencia pública, y es que no se pueden dar aumentos sin la existencia de la tarifa social", finalizó Giustiniani.

Que el Estado absorba el mayor costo de la energía

Por otra parte, diputados provinciales e integrantes del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV) solicitaron que el nuevo aumento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no se traslade a la población, sino que sea absorbido por el Ejecutivo santafesino.

Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo presentaron un proyecto de comunicación solicitando al gobierno la disposición de los medios necesarios para que del aumento de tarifa eléctrica, anunciado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y que afecta a las distribuidoras mayoristas de todo el país, se haga cargo la provincia.

Reclamaron que, al mismo tiempo, se garantice el financiamiento necesario para que la EPE brinde a los ciudadanos “un servicio de óptimas condiciones técnicas y sin interrupciones”.

Recientemente, el Ministerio que a nivel nacional conduce Juan José Aranguren anunció un aumento del precio de la generación de energía eléctrica que afecta, indefectiblemente, a las distribuidoras mayoristas de todo el país que pagan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía que produce y que luego trasladan a todos los usuarios.

“La EPE –sostienen desde el FJV– desde el año 2008 a esta parte ha aumentado sus tarifas en más del 400 por ciento, pese a que durante ese mismo lapso compró la energía a un precio subsidiado que aumentó solamente un 120 por ciento.

Es por ello que consideramos que trasladar un nuevo aumento de la tarifa eléctrica a los usuarios (sean residenciales, comerciales o industriales), no hace sino empeorar la difícil situación económica”.

“Estamos ante un gobierno nacional que provoca una sucesión de tarifazos y ha vuelto a subir el precio de la energía, pero en nuestra provincia se puede absorber ese incremento sin afectar a los usuarios, a los que al mismo tiempo se les puede y debe garantizar un buen servicio”, sostuvo el diputado Bacarella.

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