En el 2012 murió Cristián Perno por mielodisplasia, una enfermedad que afecta la médula. Tenía 35 años. Era ingeniero agrónomo, estaba casado y tenía dos hijos. Dos años después de su fallecimiento su esposa Mariana presentó una demanda laboral contra Agroservicios Pampeanos, la firma para la que trabaja su marido, y este año sumó otra demanda, esta vez penal contra la persona responsable de organizar la metodología de trabajo. Según un informe médico, el padecimiento de Perno estuvo relacionado con el contacto y la exposición a sustancias químicas.
“El dolor de esta familia proviene de la negligencia a una normativa de seguridad”, señaló el abogado de la familia Aldo Bilbao Benitez, en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2. El letrado precisó que el único elemento de seguridad que tenía Perno eran unos guantes para manipular los agroquímicos “que cargaba y descargaba de una camioneta”.
Perno ingresó a Agroquímicos Pampeanos del grupo canadiense Agrium en 2007 y hasta que llegó a gerente de planta, su trabajo consistía en visitar campos y vender productos químicos como insecticidas, agroquímicos, fertilizantes y semillas.
“Yo veía que la empresa no le daba ningún tipo de indumentaria especial. Él usaba unas botas y unos guantes que eran suyos, pero la empresa no le proveía ningún tipo de uniforme”, reforzó, por su parte Mariana en una entrevista con el diario El Ciudadano a propósito de la demanda laboral.
Por otro lado, Bilbao Benítez explicó que la sanción penal no puede caer sobre una persona física, que en este caso sería la multinacional canadiense para la que trabajaba Perno, pero sí contra la persona responsable de diagramar la arquitectura de trabajo.
“Acá lo importante es hablar de responsabilidad social empresaria que va más allá del dinero que las empresas puedan pagan en una indemnización eventual”, llamó la atención y subrayó que las empresas tienen que garantizar la seguridad de sus trabajadores.
La demanda laboral por daños y perjuicios fue interpuesta en 2014 ante el Juzgado Laboral Nº7, a cargo de Marcelo Gallucci y la lleva adelante otro abogado, Gustavo Bruno que presentó en su momento una serie de informes que relacionan la enfermedad que padeció Perno con el contacto con los agroquímicos y que, según anticipó Bilba Benítez, es base para la demanda penal.
Los problemas de salud de Perno comenzaron –según reconstruyó El Ciudadano– en 2010 cuando se mudó junto con su familia a Rosario en busca de un diagnóstico. Los médicos del Sanatorio Parque donde lo trataron le dijeron –y consta un informe en la causa– que la enfermedad tuvo origen en la exposición a químicos y agrotóxicos. Luego de una serie de tratamientos, que incluyeron quimioterapia, le trasplantaron médula en enero de 2011. La operación fue exitosa y el ingeniero que cumplía 34 años volvió a trabajar para la firma, pero esta vez en el área administrativa. Sin embargo, al año siguiente tuvo una recaída y murió.
