Los jueces de Cámara Penal Dres. Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone confirmaron la condena a 14 años de prisión que pesaba sobre Mario Urquiza, un policía que en febrero había sido juzgado por el homicidio de Sergio Luján, quien murió de un disparo en la espalda cuando intentaba escapar luego de haber sido detenido.

La noche del 1° de diciembre de 2011 el comisario Mario Urquiza llegó junto a un compañero hasta Juan Domingo Perón y Venezuela, en Pueblo Esther, luego de ser alertados de que un comerciante estaba siendo víctima de un robo.

Inmediatamente decidieron separarse para intentar apresar a los dos jóvenes que huían. Urquiza alcanzó a uno de ellos, Sergio Luján, lo metió en el patrullero y volvió en busca de su compañero y del otro sospechoso. Cuando bajó del auto, Luján aprovechó su distracción para salir corriendo en sentido contrario. Escapaba a pie cuando un disparo le impactó en la espalda y cayó herido. En la misma camioneta en la que había sido detenido fue trasladado hasta el Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde falleció.

En un principio la defensa de Urquiza había presentado la teoría de que el disparo del comisario había sido en respuesta a un ataque previó de Luján, pero en la primera audiencia de juicio el imputado admitió que los hechos no habían ocurrido como había declarado en un principio.

En ningún momento Luján le disparó, sino que, cuando intentó darse a la fuga lo persiguió, tropezó y accidentalmente disparó el balazo que terminó con la vida del joven de 19 años. Admitió que al muchacho se le había plantado un arma, que el acta de procedimiento había sido falseada y que avaló ambos fraudes por miedo a perder el trabajo. Además, juró que no lo había matado “a quemarropa” y pidió perdón a la familia.

En ese juicio, llevado a cabo en febrero, los jueces de primera instancia Dres. María Isabel Más Varela, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani condenaron al oficial a 14 años de prisión por homicidio agravado por uso de arma de fuego, falsedad ideológica de instrumento público y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, resolución que fue confirmada hoy por la Cámara Penal.