Tras los cuestionamientos surgidos luego de la tragedia sucedida el pasado viernes en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, la firma Monticas S.A. quedó bajo la mira de la Justicia. También los gobiernos provincial y nacional por la falta de controles a las empresas prestadoras del servicio. A esta situación se suma un dato que busca ser aclarado por la Justicia Federal de Santa Fe desde el 2014, en la causa donde se investigan irregularidades en el financiamiento del Partido Socialista para la campaña nacional del 2007. En la investigación figura que Monticas S.A. integra la lista de aportantes, algo que está prohibido por la Ley Electoral (26.215).
El dato es público y sabido, pero en el contexto donde se discuten falta de controles a las empresas, entre ellas Monticas, por las pésimas condiciones del servicio, cobra relevancia. La Cámara Nacional Electoral "desaprobó" hace tres años el balance de financiamiento de la campaña electoral nacional del 2007 en la provincia, al entender que podría haber una posible violación de la Ley 23.215 de Financiamiento de Partidos Políticos. Luego, la Justicia Federal de la provincia inició una causa penal contra el partido de la Rosa.
El juez federal Reinaldo Rodríguez, de competencia electoral, puso la mira sobre los aportes privados que financiaron la campaña nacional del socialismo en Santa Fe, que en aquel momento postuló la fórmula presidencia integrada por Rubén Giustiniani y Elisa Carrió. En aquel 2007 Hermes Binner era presidente del partido a nivel provincial y luego fue electo como gobernador.
Según datos de la Cámara Electoral, el Partido Socialista recibió un total de $1.879.207,07 de personas físicas y jurídicas. De esa cifra, $938.172 fueron identificados como "aportes privados para la campaña provincial".
Dentro de esa cifra, de acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, el Partido Socialista recibió aportes de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario (10.000 pesos); la Asociación de Cooperativas Argentinas CL (5.000 pesos); la Cámara de Estaciones de Servicios y Garaje (6.000 pesos); la empresa Terminal Puerto de Rosario S.A. (11.000 pesos); la firma VFM S.A. (15.000 pesos); la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos (30.000 pesos); y de Monticas S.A. (10.000 pesos). Leídas hoy las sumas aportadas parecen ínfimas. Tal vez lo sean. Lo cierto es que hace diez años atrás, ese dinero tenía otro valor.
La Cámara Electoral también sostuvo que los ingresos privados no contaron "con su documentación respaldatoria". Por su parte, el fiscal Walter Rodríguez, cuestionó que dentro de los aportantes de aquella campaña había "ingresos percibidos que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la normativa vigente". "Esto es la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro", agregó.
El cuestionamiento de la Justicia recayó en que entidades gremiales o empresariales y concesionarios privados, entre otros, no pueden aportar dinero a un partido político. Está prohibido por la Ley Electoral (26.215), que rigió por primera vez en las elecciones del 2007.
En aquel momento, el fiscal especificó que los hechos, en principio, resultaron jurídicamente calificables como "falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña (según el artículo 63, inciso B, de la ley 26.215). El presidente del partido en Santa Fe en ese entonces era Hermes Binner.
En aquel momento, el juez Rodríguez sancionó al socialismo con la pérdida de los aportes del Estado nacional, de unos dos millones de pesos. El Partido Socialista "no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada en el periodo 2007", señaló en el fallo el magistrado, según publicó el periodista santafesino Nicolás Lovaisa.
El aporte para la campaña está registrado en el expediente "Control de informe campaña elecciones 28/10/2007" expediente 21000065/2007. El Partido Socialista, ante la posible incompatibilidad, procedió a devolver el dinero, según consta en el expediente “Control de estados contables anual - Balance 2007” Expediente 21000907/2008. Allí, el auditor contable de la Cámara Nacional Electoral manifestó el 11 de diciembre de 2012 que entre la documental respaldatoria “se acompaña también fotocopia certificada de los recibos en los que constan los reintegros de los aportes observados en la campaña electoral” a Monticas S.A. por la suma de $ 10.000 (fojas 201).
También debe aclararse que la empresa Monticas, en el año 2007, pertenecía a dos socios locales y con posterioridad fue adquirida por los actuales propietarios que son parte de un grupo empresario de alcance nacional.
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