Un allanamiento policial tuvo lugar anoche en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, en el marco de una supuesta difusión de un video donde se habría registrado la golpiza a uno de los internos de parte de otros. Las órdenes, pedidas por la jefa de la unidad fiscal Karina Bartocci, fueron ejecutadas por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Los efectivos del cuerpo de elite de la provincia secuestraron teléfonos celulares que estaban en poder de los sospechosos de haber participado de un caso puntual, tanto internos como miembros del Servicio Penitenciario. 

Si bien las fuentes consultadas no confirmaron que sean los mismos casos, esta semana, la defensora pública adjunta de la Defensoría Regional de la 2° Circunscripción Judicial (Rosario) , Alejandra Paolini, solicitó en audiencia ante el juez penal del Colegio de Jueces de 1° Instancia, Hernán Postma, que ordene al Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigar las agresiones recibidas por el interno F.M., alojado en Piñero. Según el pedido, las imágenes del hecho fueron viralizadas a través de un video publicado en sitios web y redes sociales.

Según informó el Ministerio Público de la Defensa, el 6 de mayo, F.M., fue víctima de agresiones por parte de internos del pabellón 14 de la Unidad Penitenciaria N° 11. Ante estas circunstancias, el joven solicitó a las autoridades penitenciarias ser alojado en las denominadas celdas de resguardo.

Tal como lo establece el Protocolo para el Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad, el defensor de ejecución en turno se entrevistó telefónicamente con el interno a los fines de estar al tanto acerca de su situación.

En tanto, su defensora, Alejandra Paolini, asistió el día martes 9 a la respectiva Unidad Penitenciaria a los fines de mantener un diálogo con su defendido -visiblemente lesionado- quien le manifestó no querer denunciar el hecho y pidió continuar en resguardo hasta el día de hoy.

Sin embargo, tras tomar estado público el video, la defensora se encontró liberada de la obligación de guardar reserva sobre las agresiones que conoció en ejercicio de la defensa, y actuó en consonancia con el artículo 3.2 de los Estándares de Defensa Técnica (Resolución 57/2015 del SPPDP). Por tal razón en la audiencia del día de la fecha se puso en conocimiento las circunstancias del hecho al juez de la IPP, Hernán Postma, y al fiscal del MPA, Luis María Caterina, ya que los mismos podrían encuadrar como delitos de acción pública.

En ese sentido, Paolini solicitó que se ordene judicialmente la constatación de las lesiones y se investigue de manera pronta y adecuada este caso de violencia institucional.

Asimismo en la audiencia también fue solicitada la libertad de F.M y de manera subsidiaria la modalidad de prisión domiciliaria, peticiones que fueron rechazadas por Postma quien determinó que el asistido por la Defensa Pública continúe en las mismas condiciones de detención en celdas de resguardo.

La utilización de teléfonos celulares de parte de los internos es vox populi. En noviembre pasado, internos de la Unidad Penal Nº 16 de Pérez grabaron videos en los que se pudo ver a un interno herido que era trasladado en una camilla y se adviertían condiciones críticas del estado edilicio de la unidad penitenciaria. Unos meses antes, un barrabrava de Colón aseguró que seguía "manejando la hinchada" desde la cárcel de Coronda, donde está detenido. Incluso en agosto del año pasado, el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe señaló que los inhibidores de señal de los celulares que tienen a disposición para usar en las cárceles no podían ser usados por una orden del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este año, por otra parte, se difundieron fotos tomadas por teléfonos en la cárcel de Coronda en la que "presos vip" disfrutaban de una pileta de lona.