Un grupo de legisladoras de la Cámara de Diputados pidió la expulsión del diputado del PRO Eduardo Cáceres, que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. El legislador está procesado en una causa por violencia de género que inició quien fuera su pareja, Gimena Martinazzo, también dirigente del partido que fundó Mauricio Macri.
Desde la cúpula del PRO adelantaron que si bien la denuncia y la posterior imputación de Cáceres datan de diciembre, la diputada resolvió pedir la suspensión del diputado luego de que fuera procesado sin prisión preventiva. El legislador sanjuanino está acusado por lesiones agravadas por el vínculo y fue embargado por $250.000.
La presentación ante las autoridades de la Cámara de Diputados la hizo Graciela Caselles y adhirieron las legisladoras Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moises, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figuero y Victoria Rosso.
“La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación”, sostuvo Caselles en su presentación, que envió a Sergio Massa, presidente del cuerpo.
Cáceres y Martinazzo habían iniciado una relación a comienzos de 2013 que llegó a su fin en febrero del año pasado. Sin embargo, terminaron en buenos términos y se frecuentaron en más de una oportunidad, ya que los dos hijos de él y el hijo de ella tenían buena relación.
Algunos meses después de finalizada la relación, el 23 de noviembre de 2020, ambos se encontraban en el departamento de Cáceres, en Libertador y San Juan de Ameghino, en la ciudad de San Juan, cuando él empezó a preguntarle por un supuesto romance que tenía con un amigo en común. En un momento, Cáceres le arrebató el celular a Martinazzo y le mandó un mensaje al supuesto tercero en discordia, un hombre llamado Víctor Castro Ciotti, amigo en común de ambos, y que ya había sido confrontado por Cáceres por este tema.
El diputado es uno de los impulsores del proyecto “Ley Alejo”
Legisladores de Juntos por el Cambio difundieron un presunto proyecto para modificar la ley Micaela, con el objetivo de sancionar las "falsas denuncias de género".
El argumento de los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio es extraño: pretenden incluir normas que ya fueron reguladas, a la vez que tiene como objetivo tipificar como "violencia psicológica" presuntas falsas denuncias de género, algo que la Corte Suprema -a través de la Oficina de Violencia Doméstica- no registró desde que empezó a recolectar datos, en 2008.
El promotor del proyecto es, ni más ni menos que Eduardo Cáceres, diputado nacional sanjuanino del PRO que fue procesado meses atrás por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en una causa en la que su expareja, la dirigente del mismo partido, Gimena Martinazzo, lo denunció por violencia de género.
También es el mismo legislador que, al momento de debatir el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas en la Cámara baja citó a Los Pumas y los puso como ejemplo de “la Argentina de bien”.
Lo que trascendió de la iniciativa que aún no figura en la página de Diputados, se conoció a partir de una nota del diario Clarín que luego se reprodujo en varios medios. El borrador fue denominado "Ley Alejo", en relación por Alejo Oroño, el joven de 22 años que murió tras ser apuñalado en el pecho por su pareja. Según dejaron trascender los legisladores de Juntos por el Cambio, la intención es modificar la Ley Micaela, al considerar que esa capacitación obligatoria sobre desigualdades de género a todas las personas que se desempeñan en la función, está dada desde "la perspectiva de las mujeres".
De acuerdo a la información que trascendió, además de Cáceres, el proyecto contaría con las firmas de al menos 13 legisladores del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. De esos legisladores, la gran mayoría había votado, en 2019, a favor de la ley Micaela que ahora pretenden modificar.En otro de los principales puntos figura como objetivo "tipificar las falsas denuncias de violencia de género" y el "impedimiento de contacto con los hijos" bajo la categoría de "violencia psicológica".
Las presuntas acusaciones falsas de violencia de género es un discurso que pierde sostén cuando se observan las estadísticas: en 2019, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema monitoreó 12.457 denuncias de violencia, en ningún caso de ese año se registró una sola sentencia por falsa denuncia.
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