Como cada vez que un caso de violencia de género involucra a personas conocidas, la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yáñez contra el expresidente, Alberto Fernández, elevó el número de consultas sobre el tema. Desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), manifestaron preocupación por la baja en la edad de las denunciantes –adolescentes de 14 y 15 años– que concurren a esa y otras instituciones del Estado para hacer públicas la violencia que reciben de parte de parejas de su misma edad o familiares. Alarma la “crueldad” que denotan los relatos y el uso de redes sociales y usuarios falsos para hostigar y amedrentar a las víctimas.
Juliana Tagliatti, es abogada y está cargo de la coordinación del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario que brinda atención legal, primaria y gratuita a víctimas de violencia de género que no cuentan con recursos económicos para recibir patrocinio particular. La institución tiene presencia física en Rosario desde 2008 y ella trabaja allí desde 2013. Su tarea consiste en el abordaje de las situaciones de violencia de género en el marco de los procesos penales, que es la principal función del CAJ. Además, lleva un recorrido de militancia de género en el marco de la facultad de Derecho (UNR), donde integra junto a otras profesionales, el Programa de Género y Sexualidades.
Desde esa perspectiva y en base a una trayectoria de varios años enfocada en el tema, describió, en diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2), el panorama actual en la ciudad.
“Desde que trabajo en el CAJ, las denuncias por violencia de género nunca cesaron y nunca disminuyeron. Lo que llama la atención, ahora, es que las denunciantes son personas cada vez más jóvenes. Algunas son adolescentes de 14 o 15 años que reciben violencia de parte de sus novios o de algún familiar, con un nivel de crueldad y de agresividad que preocupa. En algunos casos, son madres y padres los que están veniendo a consultar por sus hijas. También preocupa que –según describen– en muy poco tiempo se desata una violencia muy feroz. En pocos meses, se desarrollan situaciones de violencia sistemáticas, sostenidas, que se profundizan y recrudecen mucho más cuando la mujer decide poner fin a la relación”.
La violencia digital aún no es un delito tipificado.
Si bien las nuevas generaciones tienen más herramientas, la violencia sigue generándose, con mucha crudeza y en un tiempo muy corto. “A veces –resalta– ni siquiera se producen los ciclos de la violencia que conocíamos antes, con alternancia de períodos de buen trato, sino que todo se desata muy rápido. En esto tenemos que trabajar”, apunta la profesional y señala el componente de las redes sociales como canal de manifestación de esas violencias y el trabajo que demanda la forma de cautelar esas pruebas”.
Si bien la Ley Olimpia (ley 27.736 que modificó la ley 26.485 e incorporó como finalidad de la misma, la protección y garantías de los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital) incluye este hostigamiento como una modalidad de violencia digital, aún no es un delito tipificado.
Mejores leyes, pero menos recursos
Tagliatti afirma que la situación actual es compleja. “Hay muchos avances legislativos; eso lo ponderamos porque las leyes son importantes y Argentina ha redactado en los últimos años, muy buenas leyes en defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias; pero siempre hay escasez de recursos y sobre todo en recursos humanos para materializar lo que establecen esas leyes".
Las denuncias nunca disminuyen y cuando suceden estos hechos con repercusión mediática –dice en alusión a la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández– aumentan las consultas.
La ley nacional 26.485 y la ley provincial 13.348 que adhiere a la nacional refiere que la atención que debe brindar el Estado a las víctimas es integral e interdisciplinaria. El CAJ cuenta con equipo interdisciplinario y se pone en funcionamiento cuando la situación lo requiere. “A veces, la persona no quiere hacer la denuncia y nuestra respuesta no puede ser: «Listo, ya está». Hay que profundizar en esa actitud de no querer hacer la denuncia o de hacer la denuncia y después no querer continuar. Sucede con frecuencia que hay retractaciones; también hay situaciones económicas que se van dando en el mientras tanto y hacen que la mujer no pueda llegar a la institución”.
Las mujeres llegan arrasadas a la institución.
En este marco, el equipo interdisciplinario es necesario para poder sostener el proceso penal a lo largo del tiempo. Incluye una declaración en Fiscalía; y si la causa llega a la instancia del juicio oral y público, una declaración ante un juez, una jueza o un tribunal. Hay que responder preguntas de la Fiscalía, la querella, la defensa.
“Es un proceso que cuanto más acompañada se esté, mejor será el resultado. No sólo desde el punto de la sentencia condenatoria, sino desde la reparación para la mujer. Cuando las mujeres no pueden sostener ese acompañamiento por una cuestión económica, es el Estado el que tiene que acompañarla, porque las mujeres llegan arrasadas a la institución –afirma–. Los vínculos familiares o más cercanos están totalmente rotos; hay descreimiento por parte de sus familiares o cansancio en algunos casos. Las mujeres están aisladas, con la autoestima muy fracturada. Es muy difícil deconstruir o desarmar un discurso que escucharon durante mucho tiempo por parte de su pareja, compuesto de desvalorizaciones e insultos sexistas, entre otras cosas”.
Hay mujeres que creen que económicamente no van a poder progresar si no es el hombre quien lleva el dinero a la casa. Hay hijas e hijos que complejizan la situación. “No es tan sencillo irse de la casa y separarse. A eso hay que agregar que cuando algunas mujeres toman la decisión de separarse, eso empeora la situación porque el hombre empieza a perseguirlas y hostigarlas. Todo se hace más complejo”.
Acompañar frente al descreimiento y la vulnerabilidad
La tarea de asesoramiento y acompañamiento de las víctimas empieza con una consulta que puede llegar directamente al CAJ por parte de la mujer que sufre violencia. En esa primera intervención, la función del equipo es contarle cuáles son sus derechos y cómo puede ejercer esos derechos, en el marco de un proceso penal, despejando cuándo hay delito y cuándo no. En este último tipo de casos, la Justicia Penal no interviene a los fines de generar una sanción; el abordaje es distinto.
A partir de entonces, las intervenciones son diversas y dependen de la pretensión que tenga la persona que sufre la situación de violencia. “No todas las mujeres quieren denunciar –explica Tagliatti–. Hay que tener en cuenta que denunciar es un derecho, no una obligación. Hay muchos delitos que son de instancia privada, entonces, necesariamente, la mujer tiene que autorizar al Ministerio Público de la Acusación para que avance y prospere una investigación penal. A veces, la persona denuncia, pero con el tiempo (con algunas respuestas que va teniendo del sistema, como la demora o la falta de pruebas, entre otras) se siente agotada y se aleja de la institución. También hay casos en los que la mujer atraviesa todo el proceso penal acompañada y logra una sentencia condenatoria”.
“En ocasiones –destaca– las mujeres no llegan a la Justicia, precisamente porque no pueden enfrentarse a algunas preguntas como: «por qué ahora», «por qué después de tanto tiempo que ya no tenemos las pruebas». Frente a esas preguntas revictimizantes, que surgen del prejuicio –que les hace la sociedad, y también, lamentablemente, algunas abogadas– muchas mujeres no van más a la Justicia porque se sienten juzgadas e investigadas. Hay que tener en cuenta que todas las preguntas están direccionadas a su vida íntima y personal y la mujer que deununcia se las tiene que contestar a un extraño, por lo tanto es una situación movilizante”, destaca la funcionaria.
Pasos de la denuncia: cómo y dónde
La violencia de género no tiene clase social. Al CAJ se acercan mujeres de toda clase social que desconocen por dónde empezar cuando sufren violencia de género y quieren denunciar y buscar protección.
Muchas mujeres no saben si están sufriendo violencia de género o no, porque las situaciones de violencia están muy naturalizadas.
“Ese asesoramiento inicial es gratuito, porque es un derecho y lo brindamos –aclara–, pero como los recursos del Estado son limitados, nuestro trabajo es acompañar y patrocinar de forma gratuita a las mujeres que no tienen acceso a un abogado o abogada particular”.
“En principio –señala– muchas mujeres no saben si están sufriendo violencia de género o no. Esto es muy frecuente porque las situaciones de violencia están muy naturalizadas. Probablemente, si una mujer siempre recibió agresiones verbales, no las puede identificar como situaciones que provocan violencia psicológica. Por eso, hay que tener en cuenta que si hay algo que genera incomodidad o malestar, se puede consultar en cualquier organismo del Estado. Ya sea en el CAJ (Corrientes 2114, de lunes a viernes, de 8 a 14; teléfono: 341- 8378755); o a través del Teléfono Verde - 0800 444 0420, que funciona todos los días del año, durante las 24 horas. Y si las personas no pueden hablar por teléfono, también está disponible una línea de WhatsApp a la que pueden enviar mensajes escritos: 3415781509. Otra opción es la Defensoría del Pueblo, Pasaje Juan Álvarez 1516, de 8 a 18; teléfono: 4721112/08.
Si hay algo que genera incomodidad o malestar, se puede consultar en cualquier organismo del Estado.
“Consultar no significa hacer una denuncia penal, sino que puede ser útil para esclarecer dudas y preguntar, y tan importante como esto es que la mujer pueda contarle a una amiga o a alguien, acerca de esta situación que está generando incomodidad. No hace falta que haya existido un golpe físico. Hay que seguir insistiendo en esto: celos que se expresan a través de muchos mensajes, prohibición de salir, prohibición de ir a trabajar, son situaciones que generan consultas”.
Si la persona quiere concretar la denuncia, puede hacerlo en los Centros Territoriales (hay uno en cada distrito), de 8 a 18, además del que funciona en Corrientes 2114, sede del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Los días sábados, el que permanece abierto de 9 a 12 es el ubicado en calle Mendoza 3538. También pueden realizarse las denuncias en la Comisaría de la Mujer, La Paz 450. Además, está disponible la web del Ministerio Público de la Acusación, que cuenta con un link donde se puede radicar la denuncia.
Después, la denuncia pasa al Ministerio Público de la Acusación –organismo que lleva adelante la acción penal– que en primer lugar, se comunica con la persona que denunció para coordinar una cita. De ahí en más, comienza, efectivamente, el proceso penal.
A partir de la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que ante casos como ese se debe denunciar a la Línea 144. Sin embargo, organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas con violencia de género, incluyendo esa línea de denuncia y el programa Acompañar, a causa de lo cual, con esta herramienta en especial no hay seguridad de que se consiga respuesta a la demanda.
“Los recursos destinados a erradicar o reducir la violencia hacia las mujeres siempre fueron limitados” –señala la abogada–. Es lamentable que el Estado Nacional aplique ajustes en estas áreas destinadas a las mujeres y las políticas de género y no a otras. Hoy la Fiscalía cuenta, en Rosario, con la Unidad de Violencia contra la mujer que tiene cinco fiscales de género”. Tagliatti subraya que a pesar del compromiso de las fiscales para investigar, la escasez de recursos es común en todas las instituciones.
Para estas causas, que no se pueden investigar igual que un robo, se necesita de forma permanente, personal dispuesto a escuchar denuncias, retractaciones y ampliaciones de denuncias. El equipo humano que trabaja con estas causas tiene que estar capacitado para poder abordar las problemáticas con perspectiva de género. “Eso implica la existencia de recursos y la preparación para poder llevar adelante la escucha”.
Violencia de género, juicios por jurados y el efecto denuncia Yáñez-Fernández
Tagliatti se manifiesta como una gran defensora del juicio por jurados. "Nuestra Constitución establece este mecanismo de juzgamiento. Creo que es un gran acierto que, finalmente, haya sido aprobado después de tantos años. Será todo un aprendizaje, no sólo para las personas que litigamos, sino para la Fiscalía y para las juezas y los jueces técnicos”, explica.
Además, sostiene que el juicio por jurados es la manera de democratizar y darle mucha más transparencia a la Justicia. “Los jueces que hoy juzgan son personas con sesgos y prejuicios (los mismos que pueden tener los integrantes de un jurado), así que estamos expectantes acerca de lo que pueda llegar a suceder el año próximo. Nos estamos capacitando porque habrá que seleccionar los jurados y en una primera etapa, habrá que advertir si la persona tiene algún sesgo misógino o machista para juzgar en estos casos”, advierte.
Por último, celebra que la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández haya puesto en agenda nuevamente la situación de las mujeres que sufren violencia de género. “Alberto Fernández es un hombre con mucho poder y lo ejerció. Lo que vivió Fabiola Yáñez es la realidad de muchas mujeres, permanentemente y de forma sistemática y frente a esas situaciones cotidianas y cercanas tenemos mucho para preguntarnos, para hacer y para trabajar”.
