La polémica por el vacunatorio VIP no solo modificó la estructura ministerial en el gobierno nacional, además provocó que se establecieran parámetros más ajustados para determinar quienes son “personal estratégico” y quienes no. En las últimas horas, la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó una resolución que establece qué funcionarios están habilitados para recibir las vacunas contra el coronavirus.
La ministra estableció que las vacunas se deben aplicar a personas que “sean relevantes para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado”. Así, el personal estratégico se definirá por los siguientes parámetros.
Las personas que desarrollen funciones de gestión necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo, que acrediten el rol estratégico de su función, independientemente de la edad y la condición de salud; y realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición.
Los representantes del Estado Argentino en organismos internacionales y los funcionarios jerárquicos y funcionarias jerárquicas que realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición.
Las personas que realicen viajes afuera del país como miembros de delegaciones oficiales encabezadas por integrantes de los Poderes del Estado Nacional; o personas que deban recibir, en nombre de estos poderes, comitivas oficiales que provengan del exterior en representación de otros Estados o de organismos internacionales.
Este sistema normativo se da luego de que se conociera públicamente que hubo vacunados en las distintas esferas del estado, entre estos el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa, el Canciller Felipe Solá; el diputado Eduardo Valdés, el ministro de Economía Martín Guzmán y parte de su equipo de trabajo que apenas superaban los 30 años.
Los parámetros presentados no solo abarcará a los integrantes del Poder Ejecutivo, sino a los del Judicial y Legislativo.
En todos los casos, deberán pedir autorización a Salud a través del sistema de Gestión Documental Electrónica que se utiliza en la Administración Pública Nacional y será el Ministerio el que aprobará o rechazará la aplicación.
Al hacer la solicitud, el funcionario prestará su conformidad para que se difundan sus datos en un registro público que el Gobierno planea hacer público.
En ese sentido desde el gobierno anunciaron que se creará un observatorio para monitorear el cumplimiento y emitir recomendaciones. Para ello, se convocará para su integración a organismos externos de relevancia sanitaria y/o académica.
Finalmente, indicaron que todos deberán ser vacunados en establecimientos autorizados y que se notificará en el Registro Federal de Vacunación Nominal. Por lo que se constituirá un listado público que se actualizará de manera periódica.
