El municipio de Rosario definirá antes de fin de mes la continuidad de la empresa El Cacique en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). Ante los reiterados incumplimientos del servicio, desde el área de Movilidad confirmaron que están dadas las condiciones jurídicas para caducar la concesión, pero antes habrá un ultimátum a la firma.
“El Cacique debe invertir, comprar coches. El 80% de los reclamos de nuestro sistema está concentrado en algunas líneas vinculadas a esa empresa. Hay que sincerar la situación y eso implica tomar medidas”, adelantó el intendente Pablo Javkin en diálogo con la prensa luego de la apertura de sesiones en el Concejo municipal.
Actualmente la empresa de capitales mendocinos tiene a su cargo diez recorridos de la ciudad que cumple con las líneas: 112 Negra, 138, 139,122 Verde, 122/127 Roja, 127, 126 Negra,126 Roja,131, 132 y 140. Casualmente estos servicios son los que concentran la mayoría de los reclamos del transporte público de la ciudad.
De acuerdo al mandatario rosarino, el regreso a clases y la paulatina salida del confinamiento más estricto hizo que el número de pasajeros se encuentre en un nivel razonable para comenzar a exigir una mejora en el servicio por lo que el municipio endureció la postura contra las empresas que lo prestan y comenzó a aplicar sanciones económicas.
Pero las penalidades previstas en el pliego vigente parecen no surtir efecto y la empresa continúa con incumplimientos reiterados en la prestación del servicio. “Estamos pensando en algo más profundo que una sanción o una multa, queremos ver como damos un servicio acorde a lo que los rosarinos nos demandan, que claramente hoy no está sucediendo”, señaló Javkin.
Cabe recordar que en septiembre del 2020 la empresa hizo público su deseo de "estinguir el contrato de concesión de común acuerdo". Los argumentos por los que presentó ese escrito ante el Concejo Municipal eran que no lograban cubrir los gastos operativos del servicio debido a la baja de pasajeros por la pandemia y la falta de subsidios nacionales.
Antes de esto, el municipio había autorizado a la empresa a no incorporar nuevas unidades, tal como estaba previsto en el pliego, por la crisis económica que generó la devaluación del 2019. “En su momento autorizamos la devolución de coches, porque la empresa (El Cacique) se había endeudado en créditos UVA para comprar 50 unidades y estábamos en plena pandemia. Pero ahora deberíamos tener una respuesta positiva y de no tenerla deberíamos resolver más drásticamente”, advirtió el intendente.
Esta resolución drástica a la que hace referencia Javkin va por el lado de la quita de la concesión, algo que está establecido en el pliego vigente y que se podría ejecutar de forma inmediata bajo el concepto de “deficiencias graves reiteradas en el servicio, fehacientemente comprobadas y notificadas al concesionario”.
En el caso de avanzar en esto, el Ente de la Movilidad queda habilitado a tomar posesión de las unidades que actualmente tiene El Cacique para asegurar así la prestación del servicio, mientras el municipio define qué es lo que sucede con los diez recorridos que actualmente controla la empresa.
Justamente esto último es lo que todavía no se termina de definir y es por lo que el Ejecutivo local aún no se decidió en expulsar a la firma mendocina del sistema. Por el momento, la idea es dar un ultimátum a la empresa prestataria con algunas medidas paliativas a la extinción del contrado.
Una de estas medidas puede ser el retiro de algunos de los recorridos más críticos que administra la empresa y la toma de posesión por parte del Ente de la Movilidad. Algo que está previsto en el artículo 60 de la ordenanza 7802 sancionada en 2004 donde se establece el marco regulatorio del TUP.
Ante la “prestación irregular del servicio en una, varias o todas las líneas, previa intimación a regularizar los servicios en un plazo máximo de 24 horas”, el municipio puede "proceder al rescate" de la concesión y tomar posesión de las líneas cuestionadas para garantizar su correcto funcionamiento.
Este rescate del municipio se puede hacer mediante la incautación de los vehículos, como también lo establece el pliego, o otorgandole un permiso precario de explotación de las líneas a una o varias empresas que estén en condicones de garantizar el correcto funcionamiento del servicio por el lapso de 180 días.
Con todas estas posibilidades sobre la mesa, resta que el propio intendente, Pablo Javkin, sea quien defina la postura final.
