El Gobierno rechazó que vaya a avanzar en la definición de una nueva normativa que habilite a las empresas a recortar salarios a sus empleados o a impedir su ingreso a los lugares de trabajo si no están vacunados y ratificó la vigencia de la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Salud de abril pasado que solo dispone que los trabajadores inoculados pueden ser convocados por sus empleadores a cumplir tareas presenciales, pero sin la posibilidad de aplicar sanciones para quienes incumplan con esa convocatoria.
La posición oficial fue transmitida por fuentes de la cartera laboral que conduce Claudio Moroni, quienes indicaron que "la postura por ahora es la resolución vigente y ningún otra" en referencia a la posibilidad de un nuevo ordenamiento normativo sobre el retorno de los trabajadores a oficinas e industrias.
El Gobierno respondió así al planteo formulado ayer por el presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien consideró que los trabajadores que no hayan recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas contra el covid-19 aprobadas en la Argentina no podrán ocupar su puesto de trabajo y, como consecuencia, tampoco cobrarán sus salarios.
"La posibilidad del trabajo remoto, e incluso la chance de no trabajar pero cobrar de todos modos, se dio por una cuestión excepcional. En ese momento no existían las vacunas. Hoy sí, por lo que entendemos que hay un mecanismo para combatir la enfermedad", sostuvo el titular de la UIA durante un encuentro con la prensa. Y añadió: "Cesará la dispensa para no trabajar. Porque nadie puede ser obligado a vacunarse, como tampoco nadie nos puede obligar a nosotros a reinsertarlos en un medio laboral, en cuidado de toda la comunidad de la empresa".
La conducción de la entidad fabril llevó sus planteos a las autoridades laborales en la búsqueda de activar el debate sobre una nueva modificación normativa para atender el tema, aunque no conversó esa posibilidad con la cúpula de la CGT que, a través de Héctor Daer –cotitular de la central gremial–, juzgó como una "bravuconada absoluta y absurda" el pedido de Funes de Rioja.
Frente al reclamo industrial, sin embargo, el Ministerio de Trabajo no prevé disponer ninguna medida en el corto plazo. Y en ese sentido ratificó la plena vigencia de la resolución 4/2021 que esa cartera dictó en abril pasado junto con el Ministerio de Salud para habilitar el retorno de los empleados vacunados a sus lugares de trabajo. "Por el momento esa resolución es lo único que va a haber" respecto al tema, indicaron fuentes del área de Moroni.
En paralelo, desde otras áreas del Gobierno evaluaron las dificultades de avanzar con una norma que contenga el planteo de la UIA cuando la vacunación contra el covid-19 no es de carácter obligatoria. "Seguramente se avanzarán más adelante en protocolos para las condiciones de retorno al trabajo, pero no se analizan recortes salariales", dijeron los voceros consultados.
Similar a la posición expresada desde la CGT, en la administración de Alberto Fernández estiman que se trata más de conflictos individuales en algunas compañías y no de un reclamo de carácter colectivo, y deslizaron que en algunas actividades el universo de trabajadores exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo (cifra que involucra no solo a los no vacunados sino también personal con patologías de riesgo o con algún tipo de licencia) se ubica en torno al 2% de la dotación.
Con esos argumentos de fondo, en el Gobierno ratificaron la vigencia de la resolución de abril. Esa medida estableció que las empresas podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas" y consideró que la convocatoria puede darse "independientemente de la edad y la condición de riesgo" de los empleados luego de haber transcurrido 14 días de haberse vacunado.
La misma medida fija que, quienes tengan la posibilidad de acceder a una inyección y opten por no vacunarse, "deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores".
Pero considerando que la inoculación contra el covid-19 es opcional, ni el Gobierno ni un empleador pueden obligar a quién no desee vacunarse a hacerlo y, por lo tanto, esos trabajadores tampoco entran dentro del universo que cubre la Resolución Conjunta 4/2021.
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