Al menos por dos años no se iniciarán nuevas investigaciones científicas en el país. Así se lo anunció la titular de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Alicia Caballero, a las autoridades universitarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una noticia que causó fuerte impacto en la comunidad científica.
Y es que ya no solo se trata de un ajuste de recursos, sino directamente de la clausura de investigaciones. La decisión, además, supone desconocer el mandato de una ley nacional que obliga al financiamiento estatal a las investigaciones de base.
En concreto, lo que informó la funcionaria fue que el Gobierno abonará los "Proyectos de Investigación" (Picts) firmados en 2022 (y que debería haber pagado el año pasado el gobierno de Alberto Fernández). Para este año no habrá ninguna convocatoria para nuevas investigaciones y para el 2025 tampoco se esperan nuevas investigaciones, salvo que aparezcan fondos.
Desde los 90, la investigación científica en Argentina asentó en 3 organismos de financiamiento:
-Infraestructura (edificios e instalaciones) para investigar a cargo de Universidades y Secretaría o Ministerio de Ciencia.
-Sueldos y gastos en Recursos Humanos a cargo del Conicet.
- Proyectos de investigación (equipos, bibliografía, análisis y pruebas, experimentos, compras de reactivos, testeos, encuentros científicos, primeras etapas de startups basadas en ciencia) a cargo de la Agencia. Es decir, todo lo que implica "el hacer" que no sean sueldos ni infraestructura, lo financió la que durante más de 20 años se llamó Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y en el gobierno de Alberto Fernández la renombraron Agencia I+D+i. Esa entidad fue por ley y con financiamiento asegurado por ley debía ir recibiendo más fondo con el objetivo de llegar el 1% del PBI en 2030.
Para conseguir financiamiento, cada grupo de investigación se presenta y dice con mucho detalle sus objetivos (por ejemplo: métodos para el control de la chicharrita en el maíz o métodos menos contaminantes para la extracción de litio, por nombrar algunos últimos), cómo está conformado su grupo, que acuerdos tiene con otros grupos del país o del extranjero, qué temas trabajo antes, cuáles fueron sus publicaciones en revistas internacionales de ciencia, etc. Esa propuesta pasa por una evaluación exhaustiva y si se aprueba comienzan las investigaciones.
Lo que ahora informó (oficializando lo que se venía venir) es que no financiarán proyectos en evaluación en 2023/2024 y nada en 2025, y por eso es que en la comunidad científica hablan de que se clausuró la investigación en ciencia básica al menos por dos años. Y es que los proyectos de investigación (Picts) son considerados la savia que nutre el hacer científico.
La medida excede un recorte de gastos porque incumple la ley que garantiza el financiamiento de la investigación científica. Y suspender las investigaciones podría provocar un éxodo de profesionales, según ya se especulaba ayer en ámbitos de la ciencia. El problema central es que, a diferencia de una obra pública que puede ser parada y luego reactivada por razones fiscales, los procesos de “fuga de cerebros” son extremadamente más difíciles de componer en los países que ven el éxodo de profesionales.
En todo el mundo, la investigación de base está en manos del Estado apareciendo el capital privado para apalancar y escalar los desarrollos iniciales que fueron satisfactorios. Un ejemplo a mano es el de la científica Raquel Chan quien hace más de 20 años logró en los laboratorios del Conicet encontrar, aislar e identificar el gen del girasol que le daba buena tolerancia a la sequía, permitiendo luego que una empresa de biotecnología como Bioceres pudiera hacer la modificación genética de trigo para que resista mejor la falta de agua, desarrollo que la llevó hasta cotizar en Wall Street.
