El Ministerio de Trabajo dictó este martes por la tarde la conciliación obligatoria por cinco días a partir de este miércoles luego de que la Federación de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) anunciase un paro por 24 horas para este jueves en reclamo por mejoras salariales. Desde la federación que co-conduce Héctor Daer anunciaron que pospondrán la medida de fuerza para el 4 de agosto y convocaron a una "Gran Marcha Nacional".
La cartera que conduce Claudio Moroni decidió "prorrogar a partir de las 00 (cero) horas del día 28 de julio de 2021 y por el término de CINCO (5) días la conciliación obligatoria dictada mediante la DI-2021-304-APN-DNRYRT#MT de fecha 30 de junio de 2021" con el fin de acercar las partes y evitar la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El documento de Trabajo deja en claro que si bien “persisten las causales que dieron origen al conflicto”, la prórroga de la conciliación dictada en junio es a raíz de “la importancia de la actividad afectada cuya prestación resulta esencial para asistir a la sociedad en el marco de la actual emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la Pandemia” y “en procura de lograr un acuerdo sobre el conflicto planteado”.
Desde Fatsa habían convocado a un paro por 24 horas para el jueves en clínicas y sanatorios privados de todo el país, en reclamo salarial del 45% de aumento, en medio de un conflicto que se sigue extendiendo en medio de la pandemia. Ante la decisión de Trabajo, la federación anunció que pospondrán el paro para el 4 de agosto, una vez vencida la conciliación, en todas las clínicas, sanatorios, laboratorios, geriátricos y hospitales de comunidad privados comprendidos en 5 convenios colectivos laborales.
Héctor Daer, cotitular de Fatsa y secretario gremial de la CGT, criticó la medida al señalar que "no nos van a callar", al tiempo que adelantó que la medida no será suspendida sino pospuesta.
“No es posible impedir la realización de medidas de fuerzas cuya única finalidad es conseguir la actualización de los salarios básicos de todos los compañeros del Sector Asistencial cuando hace más de dos meses que nos encontramos negociando de buena fe y los empresarios se niegan a formular una propuesta”, manifestaron en un documento desde Fatsa.
Asimismo, criticaron el dictado de la conciliación al señalar que "no hace más que dilatar la solución de un conflicto salarial" y remarcaron que, pese a ello, continuarán potenciando "las medidas de acción sindical".
Por ese motivo, desde la federación que conduce Daer junto a Carlos West Ocampo, señalaron que el paro será convocado para el 4 de agosto, bajo el mismo esquema de duración de 24 horas, pero acompañado "con una Gran Marcha Nacional por las calles de la Ciudad de Buenos Aires". "Si peleamos contra la pandemia como no vamos a pelear contra la mezquindad empresaria", arremetieron.
Previamente, habían advertido que el motivo del paro se debe a que "las escalas salariales se encuentran vencidas y luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo", al tiempo que denunciaron que "los representantes patronales se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos".
Durante dos semanas había regido una etapa de conciliación obligatoria pero durante todo ese plazo el Gobierno no logró cerrar con las compañías privadas del sector una solución a su financiamiento para así destrabar el conflicto salarial. "Nos asiste la legitimidad de nuestro reclamo que es inclaudicable. No queremos promesas ni deseos, queremos la recomposición salarial urgente del sector asistencial", señaló en Twitter la seccional bonaerense del sindicato de enfermeras y camilleros.
El viernes último, al día siguiente del vencimiento de la conciliación, Sanidad realizó paros de cuatro horas por turnos y ahora decidió endurecer su postura ante la falta de avances y llamó a una medida de fuerza para el jueves.
La posición empresarial
Desde el sector empresarios insisten en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el Pami).
Esa decisión está subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno aún no resuelve ese punto.
"Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios", recalcó la Federación de Prestadores de Salud (FAPS) respecto del conflicto.
Los empresarios pretenden que el Gobierno autorice el alza en las cuotas de las prepagas, para llegar a una solución y, en ese marco, un grupo de firmas logró un fallo judicial favorable hace unos días y lanzaron la versión de una inminente suba del 26 por ciento en las cuotas, pero hasta ahora se sigue negociando.
Desde Trabajo exhortaron a ambas partes a "mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa involucrada".
En el comunicado difundido por Fatsa, también se cuestionó al Gobierno por no dar respuesta a los reclamos. “Que el gobierno y los empresarios presten atención, que nadie se haga el distraído y que cada uno asuma sus responsabilidades, cuando una injusticia social alcanza esta dimensión es porque no son reales las prioridades que se declaman”, manifestaron y concluyeron: “No nos vamos a detener hasta conseguir que cada trabajador de la Sanidad del país reciba el 45% de aumento de sus salarios básicos. Nos van a tener que escuchar, aunque no quieran”.
