El juzgado contencioso administrativo Federal Número 1 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Alonso Regueira, rechazó este martes la cautelar que había logrado la agroexportadora rosarina Díaz y Forti para que el gobierno nacional la vuelva a habilitar como operadora del mercado, luego de que el Ministerio de Agricultura de la Nación la sacara del Registro Único de Operadores (Ruca) por las serias inconsistencias que detectó el Banco Central en la liquidación de sus exportaciones de granos.
Pese a que la semana pasada la empresa había logrado la cautelar en su favor de ese mismo juzgado, nunca pudo volver al registro porque el recurso no terminó de prosperar en la Administración Federal de Ingresos Púbicos (Afip). Precisamente, es muy raro que un mismo tribunal rechace una cautelar que unos días antes había dado curso. Y ese dato no pasó despercibido en las oficinas de Díaz y Forti, que vienen sosteniendo que están sufriendo reiteradas operaciones en su contra para sacarlos del ruedo desde que pusieron un pie en Vicentin para operar a fazón sus plantas y sin ocultar su interés en sondear la compra.
"No tuvimos una notificación formal del juzgado. Es muy llamativo el fallo que resuelve a dos días de entrar en vigencia el nuevo contrato de fason con Vicentin. Nos ponen trabas para poder trabajar", indicó. Añadió que "sabemos que tenemos cosas de solucionar con el Banco Central. Ya existe cronograma acordado que se está en proceso de solucionar", dijo el CEO de la exportadora, Fernando Jurado.
No obstante, la contundencia del paro gremial de los sindicatos aceiteros, que desde hace 20 días frenaron toda la actividad portuaria y aceitera, le había quitado presión a la empresa porque ninguna firma está operando y además cumplió con todos sus compromisos de pagos, incluso los de quienes se apuraron por cobrarle pendientes.
No obstante, en cuanto se supere el conflicto paritario quedará muy expuesta la situación de la empresa, que al no estar en el Ruca no puede comprar, vender, procesar y exportar granos. Quedando fuera de circulación también se le complica el frente financiero, sobre todo a la hora de requerir financiamiento para la actividad. Y en rigor, ese frente ya lo tiene difícil porque su financiamiento es básicamente comercial.
Pero además, el revés judicial impacta seriamente en el futuro de la agroexportadora defaulteada Vicentin, ya que el contrato a fazón que tiene Díaz y Forti con ellos para operar la planta y el puerto de San Lorenzo (200 mil toneladas mensuales que saltan a 300 mil el año que viene) es uno de los principales ingresos de la malograda aceitera. Y sin esos fondos, se le complicará pagar sueldos, un abono en tiempo y forma de salarios que mantuvo su crisis sin protesta sindical.
En lo que hace al fallo de la Justicia, básicamente sostiene que Díaz y Forti no logró acreditar “con el debido sustento la verosimilitud" de su reclamo inicial de que la suspendieron por aplicar retroactivamente una nueva norma (que dispone la baja del Ruca a los exportadores que no tienen sus liquidaciones en orden) cuando, para la empresa, debería regir para los despachos declarados posteriormente a su entrada en vigencia.
"No se advierte, prima facie, que se haya logrado acreditar, con el debido sustento la verosimilitud del derecho invocado" que es el derecho adquirido ante el argumento de que hubo una aplicación retroactiva de la ley, dice el fallo. "Las consideraciones vertidas precedentemente obstan a que pueda encontrarse verificada la existencia de vicios -de carácter manifiestos, como alega el accionante- que tornen ilegítimo, manifiestamente arbitrario o irrazonable el acto en cuestión, más allá del análisis que pueda efectuarse en la oportunidad procesal correspondiente sobre las cuestiones que aduce la actora como fundamento de su pretensión. Considero que no surge prima facie acreditada la verosimilitud del derecho en la medida necesaria para la concesión de la medida cautelar pretendida", añadió el magistrado.
Según el Banco Central, Díaz y Forti debe el 96% de sus liquidaciones a razón de u$s450 millones de dólares. El resto de los exportadores de granos tenían sus liquidaciones en orden, pero para Jurado, eso fue posible ya que fueron avisados con 15 días de anticipación por las autoridades nacionales de la nueva normativa a implementarse y que, por ser multinacionales, tenían caja para ponerse rápidamente al día.
Ante esta situación, el sindicato aceitero de San Lorenzo convocó a una concentración a las 18 en la puerta de la empresa para meter presión del perjuicio que tiene para los trabajadores que no habiliten a Díaz y Forti. Y precisamente, desde la empresa sancionada sostienen que en cuanto se desactive la huelga y se reactive el circuito comercial podrán concretar las liquidaciones pendientes normalizando su situación.
En el mercado de granos, los grandes exportadores siempre hicieron correr la versión de que Díaz y Forti no liquidaba los dólares por los carriles habilitados para las exportaciones (que es por bancos) para ingresarlos vías operaciones bursátiles que, en la práctica, le significaban poder cambiar los dólares a un mejor tipo de cambio (contado con liqui) que el oficial. Semejante diferencia en el precio del dólar liquidado explicaría cómo se fondea la compañía, ya que es poco el financiamiento que tiene de los canales tradicionales del sector. Por el contrario, en la empresa aseguran que el interés de los grandes exportadores es que Vicentin vaya a desguace para poder mantener el mercado en pocas grandes manos extranjeras.
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