El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde procesó a catorce ex directores de Vicentín Saic y a la empresa por una presunta estafa multimillonaria al Estado con facturas truchas y ordenó embargos e inhibiciones.
La denuncia penal de la Afip había ingresado al Juzgado Federal de Reconquista en agosto de 2020. Poco más de dos años después, el magistrado comenzó las indagatorias.
Y el 7 de mayo pasado firmó los procesamientos de Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Boschi, Herman Roberto Vicentín, Oscar Silvio Vicentín, Rubén Darío Vicentín y Norma Susana Vicentin por ser considerados prima facie coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
El procesamiento también es para la firma Vicentín Saic por el mismo delito. Ordenó para todos trabar embargo sobre sus bienes libres y en el caso de los que no tienen inhibición, hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos por cada uno de los encausados.
Todos podrán continuar el proceso penal con el “beneficio de la libertad", dice la resolución de Alurralde, que publicó el portal ReconquistaHoy. El delito prevé prisión con un mínimo de tres años y seis meses a un máximo de nueve años.
La denuncia fue presentada por la Afip y sostiene que la comisión delictiva fue durante 2016 a 2019 mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y créditos fiscales vinculados con operaciones de exportación, “habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ilegítima de más de cien millones de pesos de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturación apócrifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta”.
En la denuncia la Afip sostuvo que de las tareas de fiscalización "se verificó" que Vicentin habría aprovechado indebidamente de reintegros de IVA por exportaciones –bajo el régimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación–, con base en la utilización, registración y presentación de facturas comprobadamente apócrifas, emitidas por decenas de supuestos proveedores, habiendo percibido de ese modo sumas de dinero por parte del fisco en 2016, 2017, 2018 y 2019 por montos que superan holgadamente la condición objetiva de punibilidad prevista en la ley.
Al mismo tiempo se sostiene que “tal como fuera indicado, en los actos administrativos mediante los cuales se impugnan las operaciones declaradas por la exportadora con proveedores apócrifos, se encuentra efectivamente constatado que la firma percibió en los períodos fiscales en trato –2016 a 2019– sumas millonarias por parte del fisco en concepto de reintegros".
Con posterioridad, la Afip amplió la denuncia, y agregó el detalle de montos que se habrían detraído ilegítimamente del fisco nacional.
Para Alurralde está acreditado lo que denunció Afip en cuanto a que para estafar al Estado Vicentin hizo figurar proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las cartas de porte no eran aptos para el transporte de mercaderías; que los supuestos lugares de explotación eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración.
Un ejemplo de las maniobras detectadas para estafar al Estado es que, por ejemplo, uno de los proveedores truchos figuraba con domicilio legal en una escuela; otros en casas de familia con habitantes que declararon que viven allí “desde su infancia” y aseguraron no conocer ni tener ningún tipo de relación con Vicentin. Una dirección figura en el Océano Pacífico. También detectaron sucesivos cambios de domicilio fiscal y denominación informados en Afip.
Además, del análisis de débitos y créditos del impuesto al valor agregado (IVA) de varios de los pretendidos cocontratantes, "surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación y/o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa".
Es decir, que usaban empresas fantasma o simples intermediarios con fines fraudulentos.
El magistrado rechazó la coartada de los imputados que sostuvieron que las operaciones fueron realmente realizadas.
Para el juez federal, este tipo de maniobras fraudulentas se realizaron para generar un crédito fiscal inexistente, beneficiándose financieramente con ello al disminuir su carga tributaria, ya sea por acreditación, compensación, reintegro, o solicitando su transferencia a terceros. De uno u otro modo, las sumas de dinero terminan saliendo o no ingresando a las arcas del fisco sin que se genere como contrapartida el correspondiente débito fiscal, puesto que el vendedor no existe.
“¿Si la operación existió y el vendedor es inexistente, con quien contrató entonces Vicentin?”, se pregunta el magistrado en la resolución.
El tributo cuyo reintegro cobró Vicentín no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas. Ahí está el fraude al Estado, sostiene el juez Alurralde.
"A riesgo de ser sobreabundante, resalto que numerosos contribuyentes no habrían contratado con la firma que se presenta como cocontratante; más aún, en oportunidades ni siquiera se pudo corroborar la existencia de la empresa que habían denunciado en Afip su domicilio en una escuela, en una casa de familia –con nulo vínculo mercantil–, y hasta en el Océano Pacífico, según geolocalización. A pesar de haberse intimado la corrección y/o denuncia de domicilio real, nunca lo consignaron ante el ente recaudador. Claramente, esta actitud indicaría una maniobra defraudatoria", expresa el fallo del magistrado federal.
Además de este procesamiento federal, en el ámbito provincial el Ministerio Público de la Acusación le sigue a varios ex directores de Vicentín otra causa penal donde están imputados por haber conformado una asociación ilícita para cometer estafas y administración fraudulenta. Y también un expediente que tramita en Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, por los créditos irregulares del Banco Nación otorgados en 2019.
En tanto, un vocero de Vicentin le dijo a La Nación que la resolución será recurrida ante la Cámara Penal de Apelaciones con sede en Resistencia, Chaco, que actúa por jurisdicción. Ese trámite, dentro de los plazos establecidos, se concretará la semana próxima, añadió.
