En medio de la feria judicial y sin imputaciones formales contra los acusados por “espionaje ilegal”, Juan Lewis, el abogado de cinco de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain bajo sospecha, aseguró que siguen sin poder acceder a la causa, que no hubo acciones ilícitas sino “búsqueda de información para investigaciones criminales” y acusó de “absurdo” un oficio enviado por los fiscales con más de 600 nombres de supuestas víctimas.
Lewis objetó en primer lugar las formas en que la pesquisa avanza. Recordó que los allanamientos a las oficinas de Gobernación se realizaron el 26 de noviembre de 2021 sin orden judicial y sin testigos ajenos al lugar. Que, por lo tanto, el secuestro de celulares y elementos privados fue irregular. De todas formas, el lunes 3 de enero pasado se procedió a la apertura de esos equipos en Santa Fe.
“Nos enteramos por mail que iban a abrir celulares, laptops y discos incautados. Ni siquiera nos corrieron traslado como defensa que somos. En lugar de plantear la nulidad de esa actuación, como sí hizo Hernán Martínez (el abogado de Sain), porque está claro que avanzan con todo tipo de atropellos, fui a presenciar la pericia y recién ahí los policías nos dieron la orden. Era del 7 de diciembre anterior y tiene el sello de un juez que no se ve quién es”, planteó a Rosario3.
Para Lewis, ex ministro de Justicia del Frente Progresista, la ausencia de una audiencia ante un juez y la imposibilidad de acceder a las actuaciones violentan el proceso, algo que observan desde el inicio de la causa. “El tiempo demuestra que fueron a la pesca. Tendrían que haber hecho una audiencia. No sabemos de qué los imputan. ¿Por qué acusan a Nadia Schujman (que era la encargada de controlar a la Policía) y no a Jorge Lagna (actual ministro) que formaban parte del mismo equipo?”, señaló.
En ese plano, el abogado defensor cuestionó que se enteran por los medios de la investigación de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Sobre la supuesta recopilación de datos de empresarios de la salud privada que publicó este medio, dijo: “Le consulté a mis defendidos y negaron en absoluto haber hecho un perfilamiento de ese tipo”. También el ex ministro Sain lo rechazó.
Sobre la cuestión de fondo, diferenció: “El espionaje ilegal es una figura penal sin tanto uso, salvo por las atrocidades del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo al espiar a los familiares del ARA San Juan, con seguimientos y pinchaduras de teléfonos. Pero hacer un perfilamiento no es un delito si está en el marco de una causa judicial, es investigar en serio la criminalidad compleja; ver movimientos financieros, familiares, composiciones societarias; eso es investigar”.
“El problema –siguió– es hacerlo sin una orden judicial y en bases no abiertas. Googlear o ver perfiles de redes sociales no es un delito, salvo que se hackeé. Buscar información patrimonial en plataformas como Nosis o Sudamericadata tampoco, mucho menos si lo hace una persona que se dedica a investigar”. Señaló que primero se habló de “carpetazos” y ahora de “perfiles” o “consultas” o “fichas”.
Sobre un listado de más de 600 personas que serían las víctimas del espionaje (algunos de ellos políticos o empresarios), añadió: “Como los fiscales Hernández y Jiménez pusieron el carro delante de los caballos e inflaron tanto el caso, mandaron un oficio preguntando a todos los fiscales si esas personas estaban siendo investigadas en algunas causas. ¡Le están tocando timbre a todas las investigaciones! Entonces, ahora, que ya armaron el circo, allanaron sin orden y abrieron teléfonos particulares salen a preguntar si estas personas están siendo investigadas o no”. Algunos de los nombrados, por otro lado, sí tienen causas judiciales.
“Es como acusarme de que me robé un auto, allanarme y después preguntar de quién es el auto. Es un absurdo”, graficó y comparó lo ocurrido con otro proceso penal que tramitó. En la megacausa por estafas inmobiliarias los fiscales hicieron perfilamientos de los acusados y sus vínculos (escribanos, empresarios, abogados, contadores) y hasta a los testigos se los investigó, por qué de eso se tratan las causas complejas: se arman mapas y se cruza información (incluso de personas y organizaciones que pueden no terminar imputadas).
Distinto sería que se armen carpetas para extorsionar, como ocurrió en el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio. Pero al menos hasta ahora no hubo denuncias de víctimas de ese delito. Por lo pronto, dijo Lewis, el próximo viernes 7 seguirá la apertura de celulares y computadoras en Rosario que para la defensa es irregular. Mientras, esperan una audiencia legal para discutir estos temas ante un juez y salir de la "opacidad".
