El año pasado, luego de la fuga de la cárcel de Piñero –ataque externo, tiroteo con un muerto y ocho evadidos–, se procedió a sacar esa unidad penitenciaria presos de alto perfil y conducirlos a dependencias federales. Entre ellos, Esteban Alvarado, René Ungaro, Brandon Bay, Julio Rodríguez Granthon, Alan y Lautaro Funes. Casi un año después, a pesar de esta medida, el escenario de violencia en Rosario es cada vez más crudo, de acuerdo a lo que planteó la jefa de unidad de Balaceras, Valeria Haurigot. La funcionaria aseguró que los internos de alto perfil usan su derecho a comunicarse solo para cometer delitos y que esta práctica está cada vez más consolidada.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la fiscal Haurigot, fue consultada sobre el impacto del traslado de los narcos más importantes a unidades penitenciarias nacionales. “Empeoró, lo que estamos viviendo en cantidad de órdenes dada desde cárceles es una cosa nunca vista, es fuerza de serie la crueldad que se maneja”, manifestó y precisó: “Estamos investigando el amedrentamiento a la familia Roccuzzo y vemos que en todos los casos un modus operandis muy sofisticado y cuando cotejamos los análisis de comunicaciones por intervenciones o forenses o intervención de líneas fijas obtenemos directivas para realizar delitos en el afuera”.
La funcionaria advirtió que “el derecho a la comunicación es humano y debería ser reglamentado, pero se siguen cometiendo delitos. Desde Fiscalía lo usamos como material para esclarecer hechos”, apuntó e informó que estaba monitoreando una requisa en la cárcel de Piñero en torno a la causa del Viejo Cantero. Lugo, mencionó que días atrás intervinieron a partir de la denuncia de una familia de ser amenazada a través de una videollamada de parte de Alan Funes preso en Ezeiza.
“Hasta el momento no hay indicios en las líneas más altas de las bandas criminales de que haya voluntad de usar la comunicación en sentido amplio, tampoco las visitas. No usan la comunicación para la resocialización”, analizó, pero remarcó que no puede “decir lo mismo de las internas e internos por delitos menores”.
Y profundizó en este sentido: “Lo que observamos en los presos de alto perfil o violentos es una contante idea de correr todos los límites”, dijo. “La evidencia demuestra que sea por comunicación fija regulada o celular, o a través de las visitas, la idea no es ser mejor persona sino continuar el espiral de violencia”. En este sentido, la funcionaria observó: “Habría que analizar el régimen de comunicación de acuerdo a la índole de persona”.
Amenazas y balaceras
La reiteración de amenazas y su concreción en balaceras es una forma de abordaje de conflictos instalada en Rosario. ¿Se puede pensar que este modus operandis escalará y los “blancos” sean personas?, fue el interrogante planteado desde Radio 2. “Lo manejamos fuertemente”, admitió Hauriogot. “La situación es muy alarmante con el pedido de dinero para protección que produce a su vez un sinfín de delitos de balaceras, usurpaciones, homicidios, incendios”, precisó.
La investigadora confirmó que hace dos semanas atrás, a modo de ejemplo, en un lapso de unos 10 días debieron elevar al Ministerio de Seguridad unos 25 pedidos de protección. “Esto afecta a distintos tipos de comerciantes con un impacto negativo. Estamos trabajando en muchas investigaciones, encontramos coincidencias en números para cobrar la plata, muchos vienen de la cárcel y tienen la mano de obra afuera”, indicó.
Consultada sobre lo que se debería hacer para modificar este escenario, manifestó: “Aumentamos las investigaciones, los presos y las imputaciones y no cesa el delito. Hay que hacer un planteo”, propuso y aseguró que desde su competencia, la Fiscalía intenta constantemente visibilizar la problemática.
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