Cuatro años después del escándalo político-institucional que significó su señalamiento, el senador santafesino Armando Traferri fue imputado formalmente en un legajo penal que le atribuye ser la cabeza de una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino, entre otros delitos.
Como es sabido, el hombre fuerte del Cordón Industrial renunció a sus fueros y llegó a la audiencia en libertad. El trámite empezó el lunes y culminó este miércoles por la tarde sin la imposición de medidas cautelares. Sin embargo, la jueza Eleonora Verón le prohibió todo contacto y acercamiento –incluso a través de terceros– con un grupo de personas vinculadas con la supuesta red de juego ilegal.
Respecto de la resolución de la jueza, el fiscal José Luis Caterina indicó que desde la investigación “se empezó a obtener evidencia que denota la intención de que Traferri, a través de terceras personas, trata de influir y perjudicar [la causa en su contra]; es decir, de entorpecimiento probatorio”.
En efecto, la magistrada Verón le prohibió al senador el contacto con los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala; Lorena Córdoba, viuda del “zar” del fallecido David Perona; el capitalista del juego Leonardo Peiti; el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad; el ex fiscal regional Patricio Serjal; el empleado judicial Nelson Ugolini, el ex diputado provincial Darío Scatalaglini; los abogados Fernando Moschini y José Fernández Chemez; la médica Liliana Moriconi; Germán Hess, el ex piloto de Fórmula 1 Oscar Larrauri y la familia de abogados Rossini. Todo un universo de actores –algunos con causa penal y condenados– vinculados con la causa.
Caterina, que integra la acusación junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, dijo que “lo más importante fue poder imputar a Traferri”.
Y agregó que este nuevo equipo de fiscales “hizo un análisis completamente nuevo de toda la evidencia: se agregaron hechos nuevos que no estaban contemplados por el equipo original”, es decir, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, fuertemente cuestionados por la defensa, y finalmente apartados.
Caterina dijo que la atribución contra Traferri “está muy ceñida a la cuestión del juego clandestino”.
“Es el eje que vertebra todo –dijo–. Aparece como un actor importante Peiti, a quien le damos un rol muy importante. Es un hombre muy hábil, conocedor del ámbito del juego, pero que termina respondiendo, en el marco de la asociación ilícita, a Traferri, quien orquesta la pata judicial-penal, con la presencia de Gustavo Ponce Asahad, Nelson Ugolini y Patricio Serjal”.
Para el fiscal Caterina, el carácter de jefe de Traferri de la asociación ilícita es “prístino”. Traferri “responde a sí mismo”. Además mencionó hechos vinculados con el tráfico de influencias, cohecho, explotación de juegos de azar, peculado y negociociones incompatibles con la función pública.
Por su parte, el fiscal regional Merlo, que en varios pasajes dijo seguir directivas de la fiscal regional María Cecilia Vranich, dijo: “La intención de la Fiscalía era robustecer la investigación y centrarnos en evidencia objetiva. Y eso ha quedado demostrado. Hoy Traferri, que para muchos no podía estar sentado en una sala de audiencias, está sentado. Y este es el primer paso para sostener una acusación. Y dentro de un corto plazo haremos un juicio oral y público”.
“Con la gravedad de las calificaciones enrostradas, de los hechos y sobre todo con la posibilidad de acceder a entorpecer la investigación, no habría duda de que en otro contexto y sin la inmunidad de arresto que todavía tiene Traferri, la Fiscalía haría un pedido de prisión preventiva. Pero hay un impedimento legal que nos excede absolutamente”, dijo el fiscal Caterina, que calculó un eventual pedido de penas para el senador del departamento San Lorenzo: “La pena en teoría estaría en un mínimo de cinco años de prisión”.
