La justicia aceptó este jueves el pedido de los fiscales de la ciudad de Santa Fe Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes habían solicitado más tiempo para trabajar la investigación por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La jueza Roxana Carraro finalmente resolvió estirar el plazo y lo comunicó a través de un escrito.
El día martes, los fiscales pidieron la duplicidad de plazos para tener más tiempo para procesar información de la investigación por presunto espionaje ilegal, con el objetivo de obtener una mayor cantidad de evidencia recolectada.
La jueza Roxana Carraro tenía un plazo máximo de tres días para dar a conocer la resolución por escrito, para decidir si hacía lugar o no al pedido de los fiscales de tener más tiempo para formular una imputación a las personas bajo investigación. Este jueves, llegó la confirmación.
La investigación tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.
Después de esos operativos renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.
También salieron a la luz nombres “fichados” desde el Ministerio de Seguridad, que formarían parte de la prueba para los fiscales. Entre los datos obtenidos aparentemente de forma ilegal se detectaron consultas en bases de información sobre dirigentes políticos, de medios de comunicación –entre ellos de Televisión Litoral–, empresarios de la salud, de la industria y del Poder Judicial, entre otros.
