El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, pidió el arresto domiciliario por temor a contagiarse coronavirus. En medio de la polémica por la liberación de detenidos por la pandemia, la defensa del sacerdote presentó un pedido de morigeración de su condena.
De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, Grassi está cumpliendo su condena desde hace 6 años en la cárcel de Campana y aún le quedan 11 años de prisión por delante. Sucede que a la condena por abusó sexual sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación “Felices Los Niños” y se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.
En medio de la polémica que suscitó la liberación de algunos presos, su defensa presentó un pedido de morigeración al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, argumentando una supuesta afección respiratoria y el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana.
La información fue confirmada por el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual contra el sacerdote al diario Clarín.
En tanto, Gallego advirtió que existe una irregularidad en el control del cumplimiento de la pena a Grassi. “Está condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el control de su prisión, excarcelamiento o cualquier modificación debería depender de uno de los dos juzgados de Ejecución Penal de Morón”, dijo el abogado.
“Pero por algún motivo o picardía de Grassi, nunca fue elevado a un juzgado de ejecución, con lo cual el órgano que está a cargo de controlarlo es el mismo que lo condenó: el TOC N° 1 de Morón. Y allí es donde hay un pedido firmado por su defensa en el que manifiesta padecer dificultades respiratorias y se alega que habría un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense asignado al penal de Campana que portaría coronavirus”, afirmó Gallego, impulsor de la acusación contra el sacerdote durante el juicio oral en 2008.
En ese sentido, Gallego consideró “insólito” que sea el TOC N° 1 quien esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de Grassi ya que “si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal”, y añadió que el pedido de prisión preventiva “está enmarcado en que un ex defensor de Grassi en el juicio por abuso es el nuevo asesor del Ministerio de Seguridad”, en alusión a Miguel Ángel Pierri, quien llegó a estar detenido en 2003 acusado de “encubrimiento” por presionar a una víctima a cambiar su testimonio para favorecer al cura.
“Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato”, señaló Gallego y sentenció que la “condición de delincuente sexual de Grassi impone que de ningún modo puede obtener la excarcelación”.
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