El Gobierno anunció este jueves la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos del país, lo que permitirá que cualquier empresa pueda ofrecer estos servicios. Hasta la fecha, estas tareas, que incluyen la carga y descarga de equipaje, la asistencia a los pasajeros y otros servicios vinculados a la operación de aeronaves en tierra, estaban a cargo de Intercargo, la compañía de mayoría estatal. Además, se otorgó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la facultad de intervenir en caso de huelgas. Antes, durante la tarde de este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno desvinculó a 15 empleados de Intercargo que participaron de la medida de fuerza llevada a cabo durante el miércoles.
Qué hace Intercargo
Este jueves, en conferencia de prensa, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich y al secretario de Transporte, Franco Moggeta; anunciaron la medida que desregula el servicio de rampa en todos los aeropuertos del país. La normativa comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial, que será en las próximas horas. Con esta nueva medida, el Gobierno abre la puerta a nuevos actores, lo que permitirá a las aerolíneas comerciales comenzar a prestar estos servicios a otras empresas, un paso más hacia la privatización del servicio.
La resolución que desregula el servicio de rampa en los aeropuertos del país, habilita a empresas privadas a operar. Esta decisión se enmarca en un proceso de desregulación más amplio que busca abrir el mercado, algo que también generó un fuerte rechazo entre los sindicatos.
El servicio de rampa abarca tareas fundamentales como la carga y descarga de equipaje, la asistencia a los pasajeros y la manipulación de aeronaves en tierra. Hasta ahora, Intercargo ofrecía este servicio. Sin embargo, a partir de ahora, las aerolíneas comerciales tendrán la posibilidad de subcontratar estos servicios a otras empresas. Esto en principio, porque la intención del gobierno es que en una segunda fase, cualquier persona física o jurídica pueda ofrecer este servicio en los aeropuertos del país.
Este punto es relevante porque ninguno de los funcionarios del Gobierno habló de cómo serán las normativas respecto del control de estas operaciones; únicamente se aclaró que las empresas podrán postularse para comenzar a realizar estas tareas a través del procedimiento de silencio administrativo positivo, es decir, si el gobierno no emite una respuesta en el plazo estipulado, se considerará que la solicitud fue aprobada y podrán iniciar sus actividades.
La policía, a cargo de las valijas
Una de las mayores polémicas de los anuncios fue la decisión de permitir que las fuerzas de seguridad intervengan en caso de huelgas o paros. En su discurso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la PSA y otras fuerzas federales podrán actuar en situaciones excepcionales, como la reciente huelga de Intercargo en Aeroparque. Su misión será descargar el equipaje retenido y reactivar las operaciones. "He dado la orden a la PSA y a las demás fuerzas federales de que descarguen de inmediato el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la huelga de Intercargo", dijo Bullrich.
La ministra expresó su preocupación por el impacto de las huelgas en los pasajeros, mencionando que el día anterior se vivió una de las situaciones más críticas en la historia de los aeropuertos. "Ayer fue uno de los peores días de la historia aeroportuaria. Bajamos 18 personas en ambulancias. Fue absolutamente extremo", indicó, refiriéndose a los incidentes durante la huelga.
Desde el Gobierno, se justificó esta intervención como una medida urgente para evitar que los pasajeros se vean afectados por la "huelga salvaje" de los trabajadores de la empresa estatal. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la intervención de las fuerzas de seguridad responde a una "acción excepcional" para evitar que los "terroristas sindicales" sigan "secuestrando" a los pasajeros. "Si esto sucediera en otros aeropuertos, se procederá de la misma manera", agregó.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Franco Mogetta, secretario de Transporte, defendieron la desregulación, argumentando que era necesario abrir el mercado a nuevos operadores para garantizar mayor eficiencia y reducir costos. "Estamos dando un paso más en la desregulación del transporte aéreo. No era tanto un problema de habilitar las rutas, sino de permitir que nuevos actores puedan entrar al sistema", destacó Mogetta.
